Caso Bagua: confirman que video mostraría que pasó con el mayor Felipe Bazán

Increíblemente, la comisión investigadora de los hechos no confirma si lo usó para su investigación. La familia sigue en la busqueda del policía
Por Vanessa Romo Espinoza
Un video sería la nueva luz en el caso del mayor PNP Felipe Bazán, desaparecido el 5 de junio en los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo, en Bagua. De acuerdo con un informe preliminar de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, al que El Comercio tuvo acceso, misioneros de Jaén editaron un DVD en el que se observa al policía golpeado y arrastrado por un grupo de nativos.
La comisionada María del Carmen Gómez confirmó la existencia de este video y que este fue visto por el grupo investigador. “Sin embargo, no ha sido considerado como debería en las investigaciones de la comisión”, señaló.
Mientras tanto, la fiscal encargada de la investigación de lo sucedido en Bagua, Olga Bobadilla, se abstuvo de confirmar que haya tomado en cuenta el video en sus indagaciones. La fiscal dijo que la comisión investigadora no la buscó para las pesquisas que realizó en Bagua.
Sin embargo, Élmer Bazán, hermano del mayor desaparecido, aseguró que ellos habían tenido acceso al video y lo repartieron a varias instituciones, incluso a la Fiscalía de Utcubamba, que ve el caso. “Si se investigara a profundidad este DVD, se podría llegar a los responsables de lo que le sucedió a Felipe”, resaltó.
Según el documento (que es básicamente una cronología de lo sucedido), una de las causas de lo ocurrido en Bagua fue la intervención de estos misioneros en la información que recibieron los indígenas. “Los misioneros de Jaén mantienen una sistemática información unilateral para los indígenas de la zona, han promovido, apoyado y acompañado medidas y normas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policías y nativos”, refiere el informe.
Este documento, proporcionado por el Instituto de Defensa Legal, consta de 40 páginas en las que también se señalan las responsabilidades de medios de comunicación locales, autoridades policiales y del Ejército, ONG, Gobierno Central, entre otros.
FALTÓ INVESTIGACIÓNMientras tanto, los desacuerdos entre los integrantes de la comisión continuaron ayer. La hermana María del Carmen Gómez, representante de los indígenas en este grupo de trabajo, reiteró que se ausentó de la comisión , ya que el informe no esclarecía los hechos del 5 de junio en Bagua.
“La comisión se creó a partir de lo que sucedió ese día, pero el espacio y la profundidad que se ha destinado para este punto en el informe es insuficiente”, declaró la misionera.
Gómez señaló que desde un inicio el plazo de 90 días para realizar una investigación exhaustiva sobre Bagua era escaso. “El tiempo que teníamos para analizar la información recogida en el campo era de una semana. El 3 de diciembre pedimos una ampliación, pero el Ministerio de Agricultura nos lo negó”, dijo.
Según fuentes vinculadas a esta comisión, el informe final será presentado el domingo 20.
El Comercio se comunicó con el presidente de la comisión, Jesús Manacés, y con la Defensoría del Pueblo, pero evitaron dar declaraciones. La comisión emitió un comunicado en el que desconoce el documento preliminar.
ANTECEDENTES[28/4/2009] Un millar de nativos cerca la estación 6 del oleoducto en Amazonas.
[5/6/2009] La policía se enfrenta a los nativos que bloqueaban la carretera Belaunde Terry. Murieron 23 policías y 10 civiles, además desapareció el mayor PNP Felipe Bazán.
[6/6/2009] Cerca de la Curva del Diablo, se hallan los cuerpos de los nueve policías degollados.
[10/6/2009] El Gobierno crea oficialmente una mesa de diálogo con los nativos denominada Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.
Para acceder al informe premilinar de la comisión investigadora ingrese aquí

http://elcomercio.pe/noticia/381725/caso-bagua-confirman-que-video-mostraria-que-paso-mayor-felipe-bazan

Un alto mando policial es el responsable del 'Baguazo’

La responsabilidad no se limita únicamente a la actuación del general PNP Luis Muguruza. El documento recuerda que un día antes de operación, indígenas habían acordado desalojo.

La versión final del informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua (creada por el Poder Ejecutivo), ocurridos el 5 de junio pasado, ha establecido responsabilidades en el alto mando policial por la deficiente planificación de las operaciones de aquel día, tanto en la Curva del Diablo como en la Estación Nº 6. Es decir, el documento concluirá que el mal manejo policial no se limitó únicamente a la inacción del general PNP Luis Muguruza, sino que apuntará al más alto nivel.
Fuentes vinculadas a la comisión dijeron a Perú.21 que aunque los integrantes de la misma no se ponían de acuerdo en qué tipo de responsabilidad le competía a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, sí dijeron que el informe es más específico en cuanto a las responsabilidades que tuvo el gobierno por el “Baguazo’.
Y es que, tras las críticas que recibió el borrador del informe – del que diera cuenta Perú.21 el sábado último– de parte de una de las integrantes de la comisión, por ser impreciso y tener varios “vacíos”, el pleno del citado grupo de trabajo se reunió ayer para darle mayor rigurosidad al texto final.
INDÍGENAS IBAN A DESALOJAR. Lo que sí menciona el informe final es que un día antes de los enfrentamientos en la denominada Curva del Diablo, los apus nativos ya habían llegado a un acuerdo con el general Javier Uribe para levantar el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, lo cual fue ignorado por la jefatura policial del general Muguruza, tal como lo revelara Perú.21 el 30 de agosto pasado. Si el mando policial hubiera respetado ese plazo, sin duda se hubiera evitado la muerte de 24 policías y de 10 nativos.
Según pudo conocer Perú.21, el documento incluirá detalles de las razones por las que el general Luis Muguruza llegó tarde a la Curva del Diablo, contrariando lo que había sido planificado. La razón sería el cumpleaños de dicho oficial, celebrado en Bagua un día antes de los hechos.

http://peru21.pe/noticia/381348/alto-mando-policial-responsable-baguazo

‘Baguazo’: El general Muguruza llegó tarde a la Curva del Diablo

Por Daniel Yovera
La demora en llegar a la ’Curva del Diablo’ del escuadrón policial que dirigía el general PNP Luis Muguruza, el 5 de junio, fue uno de los factores que precipitó la tragedia del Baguazo. Esta es una de las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora de los sucesos de Bagua, según el borrador de su informe final, al que Perú.21 tuvo acceso.
De acuerdo con el documento, si Muguruza –entonces jefe de Operaciones Policiales de la PNP– hubiera llegado al lugar de los hechos según lo planificado, es decir, a las 6 de la mañana, “los nativos no se habrían concentrado en la parte alta del cerro, cercando al comandante (Luis) Del Carpio y a sus hombres, y se hubiera evitado la toma del mayor (Felipe) Bazán y su escuadrón”.
Cabe indicar que esta comprensible preocupación que muestra la comisión por el trágico final de los policías no se percibe en el caso de los indígenas que también murieron ese día.
A MEDIAS. El borrador elaborado por la comisión es poco esclarecedor y no señala responsabilidades al más alto nivel policial ni, menos, ministerial. Más bien, acusa al Ejército por su “falta de participación en el cumplimiento del plan de operaciones” y porque “no cumplió con su presencia, lo que hubiera reforzado la acción de la Policía y disuadido a los manifestantes”.
Sin embargo, cabe recordar que Perú.21 reveló, el 25 de junio, que la Policía se apresuró en iniciar las operaciones en la Curva del Diablo y que no esperó el fin del desplazamiento de las unidades del Ejército. Así lo consignan documentos clasificados del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
DESACUERDOS. En diálogo con Perú.21, el presidente de la comisión, Jesús Manacés, comentó que “siempre hay opiniones encontradas, y tenemos que discutir eso; yo no voy a firmar ese borrador (porque) yo tengo mi propia opinión”. Manacés aseguró que “la versión final será diferente”.
Otra integrante de la comisión, la religiosa Carmen Gómez Calleja, consideró que, “lamentablemente, (el documento) es un producto pobre, a mi modo de ver”, y dijo que tiene un vacío central: no esclarece los hechos del 5 de junio. “Eso no se ha hecho, y no estoy de acuerdo”, expresó a Perú.21 tras indicar que no lo suscribirá.

http://peru21.pe/noticia/380523/baguazo-general-muguruza-llego-tarde-curva-diablo

Poder Judicial absuelve de delito contra Ecología a líder indígena Antonio Iviche y a otros tres nativos

La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios resolvió absolver de los delitos contra la ecología y los recursos naturales, en la modalidad de contaminación del medio ambiente, a Antonio Iviche Quique, presidente de la FENAMAD, y a otros tres nativos más encausados en el mismo proceso.

En la sentencia del 03 de diciembre, que es publicado hoy, el juez a cargo de la causa Walter Calixto Alarcón del Segundo Juzgado Penal Transitorio de Tambopata de dicha instancia, decidió: “ABSOLVER de la acusación fiscal (en contra de) ANTONIO IVICHE QUIQUE, RICARDO YOJAJE SHANACUA, ELISA SAAVEDRA VIAEJA Y CESAR AUGUSTO YOJAJE EQUINEY por la comisión del Delito contra los Recursos Naturales Medio Ambiente en su Modalidad de Alteración del Medio Ambiente en agravio del Estado”.

Además, en la sentencia de siete hojas que obra en el expediente 00642-2008-0-2701-JR-PE-01, se ordena que “se anulen los antecedentes policiales y judiciales generados” a partir de dichos casos “archivándose de la forma y modo de ley”.

Recordemos que a mediados del 2008 la Fiscalía Provincial de Delitos Ecológicos de Tambopata de Madre de Dios decidió denunciar penalmente al dirigente nativo Antonio Iviche, a su esposa Elisa Saavedra, y otros dos indígenas más, por habérseles encontrado supuestamente extrayendo oro de manera ilegal en la quebrada Palma Real Chico, que está ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Entonces se pedía una pena privativa de libertad de dos años.

La denuncia salió publicada en El Comercio en octubre del 2009 en medio de un contexto en el que las comunidades nativas de la Reserva Comunal Amarakaeri defendían su territorio ancestral de la empresa de hidrocarburos Hunt Oil Company.

Principio de la inocencia vulnerado

En la sentencia absolutoria se dice que para condenar a una persona se debe tener “la plena certeza del carácter indubitable de la responsabilidad de los inculpados”. Por ejemplo, en el caso de las acusaciones hechas por el jefe de la Reserva Nacional de Tambopata, Juan Fuentes, y el entonces guarparque Abner Guevara, principales pruebas testimoniales aportadas en el caso, se fundamente que “la sola imputación de los testigos (…) no es prueba para condenar a los acusados, este indicio tiene que ser corroborado con otro acto de investigación”

Se añade además que en la declaración del señor Fuentes no participó el representante del Ministerio Público conforme a ley, mientras que en la manifestación del señor Guevara, “no estuvo presente su abogado defensor conforme así lo establece el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales”.

Con respecto a las fotografías en las que se probaría la comisión del delito se dice:

“…ahora pasemos a analizar las fotos en las fojas veintiuno y veintidós en las que se aprecia un montículo de arena pero no se aprecia todos los instrumentos necesarios para la extracción del mineral aurífero y fotos de fojas veintiocho corresponden como fecha de toma el día once de diciembre del dos mil siete que de ninguna manera encuadra con las fechas realizadas las dos diligencias…”

Recientemente la FENAMAD, la Federación Nativa de Madre de Dios, salió a desmentir al ministro Brack por afirmaciones en las que se trataba de vincular a los dirigentes de la FENAMAD con la práctica ilegal de la minería en la región “Rechazamos la doble moral ‘ambiental’ de Brack que ataca a los mineros informales por un lado, pero por el otro, ignora a las grandes empresas petroleras que están generando serios problemas socio-ambientales en Madre de Dios”, dice una parte del pronunciamiento del 27 de noviembre del 2009.

Edgard Sulca Oficina de Comunicaciones FENAMAD

Necesaria disculpa a comunidad afroperuana

En un gesto de trascendental reivindicación histórica, el presidente Alan García pidió perdón, a nombre del Estado y del Gobierno, a los ciudadanos afroperuanos por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio a lo largo de los siglos.
No solo eso. Como era también absolutamente necesario, el presidente reconoció el esfuerzo de estos peruanos en la construcción del país y la nación, así como en la afirmación de nuestra identidad nacional, difusión de valores y defensa de la patria.
Tal actitud ha sido saludada por la mayoría ciudadana, no solo para saldar una deuda histórica, sino también en el entendido de que aún existen absurdos rezagos de racismo y discriminación que, fuera de cualquier otra consideración, son, por principio, intolerables y debemos erradicar.
La persona humana vale por sí misma y no por el color de su piel o lo que tiene, como lo reconocen las diversas religiones, la moral natural y los cuerpos normativos nacionales y supranacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es asimismo bajo esa premisa que la Constitución Política (art. 2) estipula que “toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
El perdón histórico a las poblaciones antes sojuzgadas dentro de un mismo país no debe verse solo como un acto político que involucre solo al Gobierno o a los grupos que pugnan por llegar a él. Como lo han hecho ya muchos países, resulta también una exigencia para convivir civilizadamente, pues el ejercicio y reconocimiento de nuestros derechos exige, como deber y complemento, el respeto a los derechos de los otros.
Así, incluso desde el punto de vista práctico los rezagos de racismo y discriminación representan, además, una dura y absurda barrera para el desarrollo social, económico, laboral y educativo de la población en general, y son fuente permanente de confrontación y hasta de conflicto.
En cuanto a nuestro Diario, a lo largo de la historia del Perú, El Comercio ha sido confaloniero y promotor de los derechos humanos. Y es igualmente conocida su firme posición por la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, dando a conocer las decisiones particulares de liberar esclavos negros y luego incluso haciéndole recordar al propio presidente Ramón Castilla su promesa abolicionista, cuando su entorno parecía olvidar dicho compromiso. Nuestro director de entonces, Alejandro Villota, llegó al punto de mandar reproducir el histórico texto de la manumisión (liberación) en carteles que fueron pegados en todas las esquinas de Lima (1855) y luego, cuando Castilla ratificó su promesa, El Comercio hizo un gran elogio del Libertador.
Hoy ratificamos esta postura editorial y, en tal contexto, reiteramos las disculpas expresadas ayer en “Carta al lector”, por un desafortunado spot con contenidos racistas y agraviantes para la comunidad afroperuana y para un país, el nuestro, que concebimos y queremos consolidar como justo, unido y fraterno.
El mestizaje, como decía nuestro recordado director Aurelio Miró Quesada Sosa, es elemento crucial de la peruanidad. Es del encuentro de las diferencias que surgen creativamente las manifestaciones de la nacionalidad, por ejemplo en su idiosincrasia, gastronomía, expresión lingüística y artística, etc.
Sobran pues razones para apoyar el gesto presidencial, que es también un llamado a la reconciliación, la justicia, la igualdad y la unidad nacional que debe comprometernos a todos los peruanos y concretarse no solo en políticas públicas sino, sobre todo, en nuevas maneras de derribar barreras, acercarnos y dialogar. Todos somos peruanos.

http://elcomercio.pe/impresa/notas/necesaria-disculpa-comunidad-afroperuana/20091202/376274

Perú: Diario 'El Comercio' pide disculpas por comercial racista que ofende a afroperuanos

El diario ‘El Comercio’ pidió disculpas por el comercial que fue tildado de “racista” por presentar como caníbales a las personas de origen africano, luego que el Gobierno pidiera “perdón histórico al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio”.“Lamentamos profundamente que el comercial destinado a promover nuestra nueva colección Cocina Saludable haya sido elaborado y difundido con contenidos racistas que la dirección de ‘El Comercio’ no autorizó y que los deplora en todos sus alcances”, indica el medio impreso en su sección Cartas al Lector. Acto seguida señala: “La historia que se pretendió construir publicitariamente alrededor del concepto comer sano resultó a todas luces divorciada de nuestra línea editorial y del más elemental respeto por los derechos humanos, por lo que no nos hemos demorado en disponer su retiro de las pantallas televisivas”.Finalmente, manifiesta: “Frente a lo ocurrido, ofrecemos nuestras disculpas más sinceras a todos los que se hayan sentido afectados por el contenido del anuncio y nos comprometemos a tomar las medidas más drásticas del caso para que nunca más se repita una situación como la que motiva esta carta”.El aviso cuestionadoEn el argumento de dicho anuncio publicitario, se presenta a la población africana como caníbal señalando: “Una madre le dice a su hijo, ¿qué te has comido?”, “Me comí un gordo”, contesta el niño, “el es pura grasa y puro colesterol, aprende a tu hermano él si come sano”. Y se ve al hermano del niño que esta asando a un hombre blanco atravesado en un palo. “Come saludable, eres saludable, El Comercio trae comida rica y sana”.“Este spot reproduce y evidencia la fuerte carga de estigma y prejuicio racista hacía la población africana y afroperuana y evidencia una profunda contradicción del diario ‘El Comercio’, colocando en seria cuestión su interés en dar un paso sustancial en tener una política informativa, intercultural, antirracista y no solo respondiendo sólo a intereses de las élites”, expresó la organización LUNDU, Centro de Estudios y Promoción de Afroperuanos.
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=seniales.blogspot.com/2009/12/peru-diario-el-comercio-pide-disculpas.html
Fuente: Perú.com

Cuando los Pueblos Indígenas reclaman al TC la protección de sus derechos

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda
Perú03-12-2009
El 27 de noviembre pasado el Tribunal Constitucional (TC) realizó, en la ciudad de Arequipa, la vista de la causa de varios procesos de inconstitucionalidad presentados contra los decretos legislativos expedidos por el Congreso en el marco de la delegación de facultades legislativas (Ley N°29157) para la implementación del TLC con USA. Como se recuerda, estos decretos no fueron consultados con los pueblos indígenas como exige el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y esta resistencia del legislador desencadenó los lamentables sucesos de Bagua el 5 de junio de este año, con las perdidas de vidas humanas que todos conocemos y deploramos.
El 26 de octubre se realizó la audiencia del proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 29338 (Ley de recursos hídricos). Al día siguiente, 27 de octubre, tuvo lugar la vista de la causa de los procesos de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos Nº 994 (Inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación la frontera agrícola); Nº 1020 (Organización de productores agrarios y la consolidación de la propiedad rural para el crédito agrario); Nº 1079 (Establecen medidas que garanticen el patrimonio de áreas naturales); Nº 1089 (Régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales).

Las demandas fueron presentadas por un estudio de abogados (Alvarado & Martínez) contratado por el Gobierno Regional de San Martín, a pedido de las propias comunidades nativas. Todas las demandas de inconstitucionalidad fueron firmadas por Gonzalo Tunama Tunama, quien a la fecha de presentación de estos procesos, se desempeñaba como Apu de la comunidad nativa Kechwa, del departamento de San Martín. Asimismo, es conveniente precisar que cada demanda fue firmada por cerca de 9,000 nativos y por pobladores de la región de San Martín, no necesariamente nativos.

Asimismo, la defensa del Estado estuvo a cargo de los abogados procuradores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el caso de los decretos legislativos cuestionados, y del Congreso de la República en el caso de la Ley cuestionada. Por la PCM estuvo el doctor Ricardo Castro Belapatiño y por el Congreso estuvo el doctor Jorge Campana Ríos.

En todos los casos, el argumento de los demandantes fue fundamentalmente que, independientemente que los decretos legislativos y la ley estén bien hechos, estos debieron haber sido consultados en cumplimiento con el artículo 6 del Convenio169 de la OIT, que reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Al no haberse cumplido con este ineludible requisito, estaríamos ante decretos legislativos que tendrían un vicio de nulidad sustancial, razón por la que deberían ser derogados por el Congreso o declarados como inconstitucionales por el TC.

La respuesta del Estado fue débil, señalando en principio que el Convenio 169 de la OIT no era de aplicación inmediata, y que en el Perú no había Pueblos Indígenas, o que en el mejor de los casos, faltaba una ley que ayude a precisar quiénes eran indígenas en el Perú (link a páginas de la defensa del Estado). Los representantes del Estado olvidaron que, en nuestro país los tratados de derechos humanos, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, no solo tienen rango constitucional sino que forman parte del bloque de constitucionalidad. También olvidaron que, si bien se carece de una ley para realizar los procesos de consulta, la ausencia de ésta no impide que el Convenio 169 cumpla una función de límite material de la facultad legislativa del Estado.

Para nadie es un secreto que existe un sistemático incumplimiento de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, de lo que da cuenta la negativa del Congreso a consultar los decretos legislativos. Pero no solo se trata del Congreso, sino que es política de Estado lotizar y entregar a empresas mineras, gasíferas, forestales, etc., sin consultar con los pueblos indígenas. Basta mirar el mapa de lotes petroleros para advertir cómo ellos se superponen a los territorios de los pueblos indígenas (ver: Mapa de Lotes Petroleros). Ante la gran cantidad de lotes concesionados, cabe preguntarse ¿cuántos de estos casos se han consultado a las comunidades indígenas y campesinas, antes de conceder las concesiones? ¿Estarán enteradas todas las comunidades indígenas y campesinas que sus territorios están lotizados?

La respuesta podríamos encontrarla en el video “¿Acaso comemos plata?”[1] del año 2006 editado por una ONG local, en base a la filmación de Petroperú de uno de sus talleres informativos. En él podemos apreciar como un funcionario de Perupetro le “informa” a las comunidades nativas de San Martín, que el Estado no solo ha decidido concesionar lotes a empresas petroleras en los que cuales existen comunidades nativas, sino que no tiene la obligación de consultarles a los pueblos indígenas (minuto cuatro). Es sorprendente apreciar cuando les señala a los nativos asistentes al taller informativo, que la ley no dice que ellos tienen derecho a la consulta, y que el Estado ya ha decidido por ellos. Este video es una muestra gráfica concluyente de lo que está ocurriendo en nuestro país:

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¿Por qué estos procesos en el Tribunal Constitucional son importantes? Si tenemos en cuenta que las sentencias del TC son vinculantes (doctrina jurisprudencial o precedentes vinculantes), que el Tribunal queda vinculado a sus propios fallos (jurisprudencia horizontal) y que éstos obligan también a los jueces de otras jurisdicciones y a jueces de otras funciones (jurisprudencia vertical), rápidamente concluiremos que lo que está en juego es el derecho a la consulta, no solo de las comunidades nativas de San Martin, sino de las comunidades nativas de toda la Amazonía y de las comunidades campesinas de todo el país.

Estos procesos constitucionales son una “prueba” que los pueblos indígenas le están haciendo al sistema de justicia. Los resultados de estos procesos les demostrarán si es posible lograr una efectiva protección de sus derechos al interior del sistema de justicia nacional.
Es importante que los pueblos indígenas comprueben que el sistema democrático y el Estado Constitucional de Derecho no es un sistema ajeno a sus demandas y exigencias, sino que, muy por el contrario, éste puede ser una herramienta potentísima para la efectiva protección de sus derechos, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. El Tribunal Constitucional debe demostrarles que el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (“Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”) no es una afirmación retórica y vacía. El Estado tiene la histórica oportunidad de reivindicarse con los pueblos indígenas que constituyen cerca de la tercera parte de la población. Debe, en definitiva, pasar de una respuesta “penal represiva” de las protestas de los pueblos indígenas, a una respuesta “política” de construcción de políticas públicas inclusivas de las demandas de los pueblos indígenas que también son peruanos y peruanas.
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=187