miércoles, 22 de julio de 2009

Fiscalía confirma que nativos de Bagua no portaban armas de fuego

De acuerdo a las investigaciones realizadas, los indígenas apostados en la Curva del Diablo (Bagua - Amazonas) el 5 de junio pasado no portaban armas de fuego.
"Una conclusión preliminar (de las investigaciones) es que los nativos no tenían ningún arma de fuego", confirmó el presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista Carranza.
"Cuando la policía hace el ingreso con un pequeño grupo (de la DINOES al mando del desaparecido Mayor PNP Felipe Bazán Soles, que portaba fusiles AKM) se produce el enfrentamiento y les quitan las armas. Que los nativos hayan tenido armas de fuego se ha descartado", subrayó.
Cabe recordar que el ex director de la PNP, José Sanchez Farfán, sostuvo en declaraciones a la prensa que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaron el cerro que domina la Curva del Diablo.
"Alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego", declaraba a Canal N el mismo 5 de junio. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía contradicen esta versión oficial.Otro nueva información que reveló el responsable de la Fiscalía de Amazonas es que los fiscales no pudieron llegar a la zona de los enfrentamientos hasta pasadas las 07:30 horas debido a que la policía no los trasladó oportunamente.
"A nosotros nos comunicaron que la acción iba a ser a partir de las 05:00 horas y se dispuso que los señores fiscales estén ahi", relató en entrevista con CNR. El fiscal explicó que el personal de la policía de Bagua Grande trasladó a las 05:30 horas a tres fiscales a la base militar El Milagro, pero que hasta las 07:00 horas no estuvo listo el helicóptero que las llevaría hasta la zona del conflicto.
Este helicóptero aterrizó en Corral Quemado, a más de cinco kilómetros del lugar del desalojo, desde donde las fiscales tuvieron que tomar un motocarro hasta la zona de Curva del Diablo. Por lo tanto- según explica Bautista- no llegaron a la zona del conflicto hasta las 07:30 horas, en que los hechos se habían consumado.
"Eso es consecuencia de la falta de apoyo de la PNP, que no ha trasladado antes a las fiscales en el helicóptero", remarcó. (Con información de CNR)
Fuente: La República del 22.07.09

domingo, 12 de julio de 2009

"La mayoría de los conflictos retorna". El adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo advierte

ENTREVISTA A: ROLANDO LUQUE MOGROVEJO Por: Mariella Balbi
¿Hay más conflictos sociales este año en el Perú que en el 2008?
Si observamos el cuadro de frecuencia veremos que en junio del 2008 teníamos 132 conflictos sociales y que en junio del 2009 tenemos 273
Se han duplicado.Sí, en el Perú surgen aproximadamente entre 10 y 15 conflictos nuevos por mes. La capacidad de resolución es de dos a tres conflictos mensuales. Además, hay conflictos latentes que se reactivan. La defensoría también hace seguimiento a lo que llamamos acciones colectivas de protesta. Esas llegan a 80 o 90 casos en ese período.
¿Ahí están los bloqueos de carreteras?
Sí, y también las movilizaciones pacíficas, los plantones. Para julio ya están anunciados 10. Van desde el reclamo del centro poblado La Rinconada (Puno), que exige al gobierno regional y al central el asfaltado de la vía Huancané-Putina. Han parado durante 24 horas. El 15 de julio habrá un paro de 24 horas de la Federación Médica Peruana, exigen homologación de haberes con Essalud y otros. A eso se suman protestas espontáneas y el pasivo de conflictos que no han sido resueltos aún. Aunque hay que reconocer que se ha progresado bastante en el rubro de procesos de diálogo. Tenemos 102 procesos en curso que significan el 45% del total de casos activos. Es una buena señal. Pero estos todavía son mecanismos imperfectos, mal organizados; sin embargo, hay la voluntad de juntar a las partes y escucharse unos a otros. Son conflictos entre empresas y comunidades, con gobiernos regionales; no hay que responsabilizar al Gobierno Central de todo, cierto que los correspondientes al Gobierno Central son los más publicitados. Los conflictos con los gobiernos locales son los segundos en número, entre el 14 y 19%...
¿Y en el primer lugar?Están los conflictos socioambientales, tanto con los gobiernos regionales como con el Gobierno Central.
¿Se incrementarán los conflictos para el próximo año?Sí, porque es un año electoral, cuando hay elecciones se produce agitación, reagrupamiento de las fuerzas políticas. Las protestas tienen una intencionalidad política y buscan afectar el poder de la autoridad existente.
¿Hay algo que las unifica, la consigna política, por ejemplo?Creo que es un error ver en ellas una sola característica. En la defensoría trabajamos con nueve tipos de conflictos: socioambientales, laborales, electorales, demarcación territorial, comunales, problemas de coca, asuntos de gobierno nacional, regional y local. Son variados, a veces se piensa que detrás de los conflictos existe un actor único que manipula todo y no es así. Además se combinan las plataformas, entre reivindicación de derechos, expresadas en sus memoriales, y la participación de actores con una clara reivindicación política. En el Perú hay líderes y grupos radicales. Pero ellos no crean las situaciones, las capitalizan. Sobre todo el descontento, la insatisfacción o los errores que se cometen en los tres niveles de gobierno. Observan eso y tienen cierto entrenamiento para movilizarse en espacios públicos y aprovechan al máximo el descontento de la gente. No es exacto atribuir a los radicales la generación del conflicto.
El motivo de la protesta es algo real, concreto.Cuando se revisa caso por caso se encuentra que hay razones para protestar y que muchas veces estas han sido expuestas hace tiempo y no tienen respuesta.
¿Quiénes son los radicales que se montan sobre ello, Sendero, Patria Roja, el humalismo?Se observa la participación de ex militantes del MRTA, de Pukallacta, en algunos casos también gente de Sendero. Su objetivo es la destrucción del Estado democrático, cuestionan el sistema mismo. No los mezclaría con organizaciones que si bien son de izquierda están dentro del juego democrático.
¿Dentro de esta modalidad entraría el esquema que se está repitiendo en parte de América Latina, es decir, Asamblea Constituyente y adelanto de elecciones?En algunos comunicados públicos se nota esa lógica. La defensoría cree que en política no hay espacios vacíos. Los llena alguien, para bien o para mal. A la democracia le corresponde que los llenen actores democráticos y para eso se requiere un Estado que represente a todos y partidos que puedan dar la lucha política.
¿Ellos están ausentes en todos estos reclamos?No observamos una presencia significativa de los partidos como actores, la representación de los gobiernos regionales, locales y del Congreso también es débil. Más protagónicos son los frentes de defensa, los comités de lucha que mantienen una confrontación directa con entidades del Estado. Ejercen una cierta representación de la población y hay radicales y no radicales. Creo que los funcionarios públicos tenemos el reto de lograr que la población se identifique con el sistema democrático. Cada acto de Estado debe ir acompañado de una acción pedagógica.
¿Han observado la presencia de grupos políticos extranjeros?No nos consta que haya personas de otros países que ingresen al país a dirigir una lucha. Pero sería un error descartarlo, se puede inferir, mas no hay evidencia. Ahora, las comunidades, los pueblos no están necesariamente alineados con la ideología o las consignas políticas de los líderes.
¿Cuánto pesa en un conflicto la consigna política del tipo “que se vaya Alan García”?La población está interesada en que sean atendidos los temas que tienen que ver con sus derechos. Secundariamente puede interesarse por lo ideológico, pero a veces la comunidad está desvinculada de lo político, aunque no puede separarse de ello.
Por ejemplo, en Sicuani no se quiere una hidroeléctrica pese a que la comunidad concernida ha acordado con la empresa. Les repele la palabra privatización, es como un gatillo, y es algo ideológico.Es cierto. La palabra inversión empieza a ser vista con desconfianza, no representa necesariamente una ilusión de modernidad ni de beneficio, aunque sea equivocada, es una percepción. Hay una preocupación por el incremento de costos. Por eso el Estado debe informar a tiempo para prevenir.
Pero tampoco hay la voluntad de entender, la ideología gana.La opción dialogante, representada por ciertos líderes, debe ser reconocida, legitimada y fortalecida. No esperar a que el líder dialogante fracase y sea reemplazado por el violento. El Estado muchas veces comete el error de estigmatizar al primero, sin pensar que habrá otro más radical. Luego las bases cuestionan al dialogante y reconocen las acciones del radical. Además, hay desinformación y mucha desconfianza en el Estado, la historia no ayuda y tampoco algunas empresas. En el caso de la minería los pasivos ambientales y la pobreza son razones poderosas que pueden ser revertidas si se da una buena comunicación.
¿El Estado tiene una política clara para los conflictos sociales?Existen esfuerzos aislados. El Estado recién está entendiendo que debe ser más veloz en la comprensión y análisis del conflicto, en cómo diseñar planes de intervención y en cómo redactar buenas actas de modo que puedan cumplirse para que no retorne el ciclo de violencia por el incumplimiento de cosas imposibles. Hay avances en la PCM, los resultados se verán en algunos meses. Pero en las regiones y municipios no.
Sin embargo, se observa diálogo.El 86% de los procesos de diálogo ocurre después de la violencia. Es el peor momento para dialogar porque existe radicalización y exigencias de la población. Previo a una negociación la población debe ser informada cabalmente, no se puede ir directamente a dialogar. La mayoría de los conflictos no se soluciona y retorna. Los grupos más peligrosos son los que creen que con la violencia se producen cambios y quienes piensan que esta sirve para generar caos y el desprestigio de la democracia. Son los más peligrosos.

viernes, 10 de julio de 2009

Proyecto de consulta y nuevo Gabinete

La justicia ha empezado a llegar, cuando debió hacerlo antes. Nos referimos a la consulta que solicitaban las comunidades amazónicas de Bagua y otros lugares de la selva, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De haberse cumplido dicho convenio, no se hubieran producido los trágicos acontecimientos que han enlutado al país.
Por ello, damos la bienvenida a la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que ha presentado al Congreso un proyecto de ley para regular esta consulta con la participación del Estado, las comunidades campesinas e, incluso, la presencia de un organismo técnico descentralizado, que podría ser el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), creación del gobierno anterior.
Más allá de los debates técnicos y jurídicos en torno a la forma y modalidad de la consulta, lo destacable es que se está procediendo correctamente. De acuerdo con lo que venimos sosteniendo en esta columna, los problemas que se suscitan en una democracia deben resolverse con métodos democráticos, forma civilizada de convivencia humana. La consulta popular, una de las formas de participación ciudadana, el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía son la piedra angular de este proceder democrático.
De ahora en adelante, esta debe ser la metodología para el entendimiento, una forma de superar la lacra autoritaria que hemos heredado de la Colonia. Y, precisamente, porque es necesario aplicar este método sobre el futuro inmediato, que estará marcado por la designación del nuevo Gabinete Ministerial.
FRANCISCO MIRÓ QUESADA RADA
Director de El Comercio