miércoles, 24 de junio de 2009

Plan de Desarrollo Indígena del 2001 cobra vigencia

El 24 de julio de 2001 se publicó en el Diario El Peruano el "Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios de la Comisión Especial Multisectorial de Comunidades Nativas", bajo el mandato del Gobierno del Presidente Valentín Paniagua que definió la ruta a seguir para la consolidació de los derechos indígenas en el Perú.
En efecto, por Decreto Supremo 15-2001-PCM del 13 de abril del 2001, se creó la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas y se estableció además la formación de una Mesa de Diálogo y Cooperación a fin de elaborar, con participación de las organizaciones indígenas e instituciones interesadas, propuestas de solución para los problemas que afectan a las comunidades nativas del país. De esta Mesa surgió el denominado "Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios", el mismo que se dividió en ocho áreas temáticas de acuerdo a los ocho asuntos prioritarios establecidos en el Decreto Supremo:
Los puntos prioritarios que hoy siguen pendientes son:
A) Garantizar los derechos de propiedad de la tierra y la seguridad jurídica de las comunidades nativas de la Amazonía; B) Ampliar la educación intercultural bilingüe a todas las comunidades nativas en todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior; C) Construir un sistema intercultural de salud y ampliar la cobertura de la salud pública entre las comunidades nativas; D) Construir condiciones de paz y seguridad para las comunidades nativas de la selva central; E) Asegurar la participación de los pueblos indígenas en el manejo y en los beneficios de las áreas naturales protegidas; F) Garantizar el acceso, uso y participación en los beneficios por parte de las comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno y la prevención de daños ambientales y sociales negativos; G) Proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; y H) Respetar y proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.
Con posterioridad a ello y fruto del enfrentamiento ocurrido en enero del año 2002 en la localidad de Carmen de la Frontera, se identificó la necesidad de conformar una Comisión Multisectorial que se encargue de estudiar la problemática de titulación, demarcación, linderamiento, delimitación y registro de las comunidades nativas y campesinas y de sus territorios a fin de evitar futuros enfrentamientos entre comunidades nativas y colonos o entre las mismas comunidades.
Es así que mediante Decreto Supremo N° 116-2002-PCM publicado el 31 de octubre de 2002, se conformó dicha Comisión Multisectorial, la que elaboró un informe sobre la problemática de reconocimiento, titulación, demarcación, delimitación y registro de las comunidades nativas y campesinas del Perú. El informe emitido por esta Comisión destaca el problema de la falta de un catastro que ha generado que el propio Estado otorgue una serie de derechos simultáneos sobre las tierras y territorios de comunidades nativas.
La SPDA pone a disposición de los interesados el "Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios" elaborado por la Comisión Especial Multisectorial pues creemos que la circunstancia actual no debe llevarnos a realizar largos y sesudos análisis sobre hechos y problemas que como peruanos ya hemos analizado y consensuado. La urgencia de la situación exige planes de acción de ejecución casi inmediata a partir de las evidencias encontradas y las propuestas que quedaron sin ejecución plena. Vale la pena entonces traer a la mesa este Plan de Acción de Asuntos Prioritarios para validarlo o mejorarlo.
Documento Anexo
Fecha: 18/06/2009

domingo, 21 de junio de 2009

Encuesta revela que el 84% de limeños rechaza gestión del Gobierno en Bagua

En tanto que el 57% responsabiliza al mandatario Alan García por falta de diálogo, el 73% cree que Cabanillas debería renunciar y el 39% la responsabiliza por muertes de policías y nativos. Ipsos Apoyo en Lima dio a conocer que el 92% de la población considera que los derogados decretos de la denominada Ley de la Selva, debieron ser consultados antes de su promulgación.
Asimismo, se hizo notar una baja en la aprobación presidencial, de 30% a 21%.
Fuente: El Comercio del 21.06.09

jueves, 18 de junio de 2009

Convocatoria de investigadores universitarios en asuntos indígenas


El Centro de Altos Estudios de Derecho Indígenas del Perú invita a los estudiantes universitarios a formar parte de nuestra red de investigadores que abordaran la problemática indígena en las siguientes áreas:
1. El Derecho a la Consulta Previa
2. El Derecho al Territorio
3. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario
Los interesados en unirse a este equipo escribir a la siguiente dirección electrónica: caedi_org@hotmail.com.
Centro de Altos Estudios de Derecho Indígenas del Perú

martes, 16 de junio de 2009

El paro nativo destapó el olvido histórico hacia los amazónicos peruanos

Yurimaguas (Reuters).- Gema Pashanase coloca bajo fuego plátano y pescado para el desayuno de sus compañeros mientras reniega contra los “blancos de las ciudades” a quienes acusa de querer robarles sus tierras amazónicas.
“Aquí nos quedaremos hasta que nos aseguren que nuestras tierras van a ser respetadas”, dijo Pashanase junto a cientos de nativos que aún bloquean una carretera de la selva peruana como parte de las protestas contra los decretos legislativos que afirman afectan sus territorios.
La historia de los nativos amazónicos peruanos está llena de guerras por la defensa de sus territorios, ricos en recursos naturales como petróleo, gas y madera, entre otros.
IDENTIDAD INTACTA
Hace 500 años se resistieron al avance de los Incas, después lucharon contra los colonos tras la conquista española y hasta se enfrentaron hace pocos años contra Sendero Luminoso, que secuestraba a sus hijos y mujeres para su lucha armada.
Muchos de los nativos que protestan ahora saben utilizar armas de fuego pues son ex soldados que participaron en las dos guerras de Perú contra Ecuador.
“Por idiosincrasia somos guerreros cuando defendemos nuestras tierras”, dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Oseas Barbarán.
“Eso es lo que no entiende Occidente, todos voltean sus ojos a la Amazonía por sus recursos, pero nadie se da cuenta del abandono histórico que hemos sufrido”, agregó.
EL PERÚ NO OFICIAL
Poco más del 60% del territorio peruano está cubierto de verde amazónico, donde viven unos 70 grupos étnicos como los Aguarunas, Huambisas, Asháninkas, Shipibos, Candoshi, Bora, entre otros, familias que han vivido y viven del cultivo para autoabastecerse y de la pesca en diversos ríos. Según cifras del Gobierno, en el país hay unos 400 mil nativos en la Selva, que representa casi el 1,5% de los 28 millones de habitantes en todo el país. Con el paso del tiempo, muchas lenguas amazónicas han desaparecido y según expertos existen al menos 12 familias lingüísticas que aún perduran en zonas remotas. “No estamos en contra del desarrollo, pero nunca nos consultaron que quieren hacer con nuestras tierras. No queremos perder nuestra cultura, nuestras costumbres”, dijo Luis Huansi, un dirigente de los nativos que lidera el bloqueo de la carretera en Yurimaguas. Huansi, con el rostro pintado de rojo y una vincha multicolor en la cabeza, dijo que sus “hermanos” han caminado hasta cuatro días desde sus tierras, cruzando ríos, para invadir la pista de Yurimaguas y hacer valer sus protestas.
Sus compañeros, que portan lanzas y flechas de madera y “viven” en chozas de palos y plásticos en la vía, lucían cansados y algunos han recibido atención médica de funcionarios de salud para curar males respiratorios y diarreas. Muchos nativos han dejado de usar sus trajes tradicionales debido a la influencia de ciudades cercanas, pero siguen conservando sus códigos de conducta y organización social muy vertical, con los apus como cabezade cada comunidad.
EL DATO
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), casi el 20% de la población indígena en la amazonía es analfabeta y al menos el 60% no tiene acceso a centros de salud.
Fuente: El Comercio del 16.06.09

Defensoría: Condiciones mínimas para diálogo con nativos pasan por derogar D.L. y levantar protestas

Andina / elcomercio.com.pe).- En cumplimiento del compromiso asumido, la Defensoría del Pueblo remitió hoy a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la propuesta de mecanismo de diálogo y consulta para contribuir al diálogo y la recuperación de la confianza entre el Estado y los pueblos de la Amazonía.
El documento plantea condiciones mínimas, requerimientos básicos y un proceso por etapas que le den viabilidad a la consulta en el marco del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Entre las condiciones mínimas se contempla la suspensión de la vigencia de los decretos legislativos 1090 y 1064 o su derogatoria; así como el levantamiento, de parte de las organizaciones, grupos sociales y pueblos indígenas que protestan, de toda medida de fuerza que atente contra la seguridad pública, los intereses nacionales y el derecho de todo ciudadano a la paz, tranquilidad y el libre tránsito.
La propuesta prevé cuatro etapas: la elaboración de planteamiento metodológico del mecanismo de diálogo y consulta, la implementación de dicho mecanismo, la presentación de los resultados del proceso y, finalmente, la etapa de seguimiento a la implementación de los acuerdos.
La etapa de presentación de resultados incluye la convocatoria a una reunión de presentación del informe final del proceso de diálogo y consulta a los pueblos indígenas en las regiones de la Amazonía.
También se haría lo propio a través del portal web de las instituciones participantes, medios de comunicación social y organizaciones sociales.
La última etapa está referida al seguimiento del proceso de implementación de los resultados del proceso de diálogo y consulta a los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento del informe final de la consulta para verificar la integración de los aportes de la consulta.
Con esta propuesta, la Defensoría del Pueblo reitera su mejor disposición a colaborar con el restablecimiento del diálogo y la confianza entre el Estado y los pueblos indígenas, en el marco de sus labores de supervisión defensorial

Decretos de la selva: las dos caras de la derogación (Editorial de El Comercio)

La anunciada derogación de los decretos legislativos 1090 (que norma la ley forestal y de fauna silvestre) y el 1064 (que aprobó el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) debería ser el epílogo de la trágica cadena de acontecimientos producidos en el país en los últimos meses, desde que estalló la protesta de las comunidades amazónicas.
El Ejecutivo evidentemente trata de restablecer un clima de distensión y enfrentar una grave crisis de gobernabilidad que, así como pudo agravarse más, también pudo evitarse, sin las bárbaras muertes de policías y nativos acaecidas en Bagua hace una semana, y sin menos costos para el propio Gobierno, el desprestigiado Congreso y todo el sistema político.
Y es que en este conflicto hay varios responsables, incluyendo a ciertos grupos que azuzaron a la población para llevar agua para su molino, en medio del caos desatado en la selva peruana.
En este sentido, la derogación es idónea y deberá interpretarse como la política adoptada por parte de un gobierno que está corrigiendo decisiones anteriores y apostando por el diálogo y la tolerancia para enfrentar un conflicto en el que no solo está en juego la propiedad de la tierra, sino también una realidad pluricultural más compleja y una enorme desconfianza respecto del Estado que se sigue anidando en las comunidades amazónicas.
En esta coyuntura, sin embargo, hay otra pregunta que debemos formular y es la siguiente: ¿Valió la pena que 34 peruanos perdieran la vida y que el país se sumergiese en una crisis que traspasó las fronteras para arribar a los acuerdos conseguidos ayer por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos? A pesar de este giro en el proceso de negociaciones, no es mucho lo que se ha conseguido. Por ejemplo, los comuneros amazónicos mantienen el bloqueo de las carreteras en varios puntos del país e incluso han condicionado el levantamiento de esas medidas de fuerza a la derogación de los decretos legislativos. Ante estas condiciones y para evitar los problemas que podrían acarrear en el territorio nacional, es fundamental no afectar los espacios de negociación.
Lo que corresponde ahora es, pues, que el Ejecutivo oficialice su propuesta, pero también que las comunidades cumplan con restablecer el orden interno de inmediato. Derechos obligan responsabilidades más aun cuando hay voluntad política para resolver las demandas de los pueblos amazónicos.
Lo que no puede tolerarse son las camisas de fuerza ni las posturas intransigentes que responderían a demandas que no representan los intereses de los comuneros. Recordemos que el compromiso del Gobierno de tramitar ante el Congreso de la República la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 lo obligará a presentar una fórmula jurídica alternativa y urgente, sobre todo para cumplir las exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos. En este sentido, no estamos ante una derrota ni ante un triunfo, sino ante un acuerdo que aún no convence.

Brack: la derogatoria sí afectará el TLC

Mientras el ministro del Ambiente, Antonio Brack, reconocía que la decisión tomada en San Ramón sobre la derogación de los D.L. 1090 y 1064 constituye un retroceso para el país y que afectará el TLC con Estados Unidos, los funcionarios del Mincetur, dependencia del Gobierno que tiene a cargo el tratado, no dejaron en claro si este compromiso con los nativos de la Amazonía pone en riesgo el acuerdo de libre comercio.
El Comercio intentó recoger la versión del Mincetur, pero la ministra Aráoz se excusó de brindar declaraciones, pues atraviesa un delicado problema familiar. También buscamos al viceministro, Eduardo Ferreyros, quien, al cierre de esta edición, tampoco atendió nuestras llamadas.
Hasta el fin de semana, Aráoz insistía en que la solución al conflicto no era la derogación, sino la modificación de los polémicos decretos, en los que se buscaría incluir las preocupaciones de los apus.
Brack señaló ayer que los decretos legislativos permitían a los nativos tener tierras para la agricultura. Se iba a permitir un cambio en su uso. “Todo esto se ha ido al agua… e incluso el Perú podría ser sancionado”, dijo
Consultados sobre el tema, el ex viceministro de Comercio Exterior Pablo de la Flor y el presidente de American Chamber of Commerce of Perú, Aldo Defilippi, optaron por no opinar (Defilippi se excusó por problemas de salud). El único que accedió a emitir un pronunciamiento fue el ex ministro Alfredo Ferrero. Para él no queda claro qué parte de los decretos eran indispensables para la implementación del acuerdo.
“Lo único que se comentaba era que había preocupación por la tala ilegal y el trabajo forzoso, pero no más. Nunca se supo al detalle cuáles eran las exigencias y qué partes eran cosecha propia, y fueron introducidos aprovechando la delegación de facultades”, dijo. Opinó que el Gobierno incurrió en una gran contradicción: primero al defenderlos y ahora al derogarlos.
CLAVES
¿Qué buscaba el Gobierno?
1. Según Aráoz los decretos legislativos 1090 y 1094 apuntaban a la conservación de los bosques naturales y de la Amazonía.
2. Ambas propuestas fueron aprobadas sin consenso en la segunda semana de enero, dos semanas antes de que entrara en vigencia el TLC.
3. El conflicto en Bagua llevó a suspender los decretos la semana pasada.
Fuente: El Comercio del 16.06.09

sábado, 13 de junio de 2009

Garcia en sus trece...( El Comercio)

Presidente Alan García hace extraña autocrítica y afirma: “Fuimos muy dialogantes”. Piden a congresistas humalistas disculparse para reconsiderar la sanción. Estos se niegan. Cientos de campesinos toman el aeropuerto de Andahuaylas en apoyo a la protesta amazónica. Asháninkas bloquean estratégico puente San Ramón e incomunican la selva central
En sus trece. El presidente Alan García parece no querer ceder ni un milímetro en su posición con respecto al conflicto en la selva.
Ni siquiera en la autocrítica que se le pidió de la acción del gobierno frente a la que ya es la peor crisis de sus crisis, se notó algún atisbo de modificar su posición y más bien demostró que se endurecerá aun más.
“El gobierno fue muy concesivo, muy dialogante. El diálogo es una virtud, pero cuando se dialoga demasiado la persona que está al frente cree que hay debilidad y temor”, ensayó García como autocrítica.
“En adelante diálogo rápido y acción inmediata como es obligación de la policía y el Estado, para desbloquear las vías”, precisó el presidente, quien señaló que los policías que desbloquearon las vías lo hicieron con una actitud democrática, pero que se encontraron con unos “asesinos” que los balearon.
“La policía está notificada de quién tiene al frente y tiene que actuar con energía”.
COMUNISMO NOS AMENAZA. Su discurso de confrontación siguió identificando al que, según él, es el enemigo: “El comunismo y extremismo nacional e internacional quiere generar caos en el país. No tienen votos, pero tienen armas para matar policías”.
Agregó que “lo que ha habido es un genocidio de policías por parte de modelos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros de gobierno”.
Argumentó que si hubiera 100 indígenas muertos y dos policías heridos se haría un escándalo.
“Aquí hay objetivos genocidas, criminales que están buscando desestabilizar el país, entonces debemos estar preparados para actuar de otra manera”.
Denunció un “impulso internacional” para generar desorden en el Perú con el fin de frenar su buena carrera social y económica. Habló, además, de desinformación. “Suspender significa dejar sin efecto (...) lo otro es un empecinamiento politiquero. Decir “no quiero que se suspenda, quiero que se derogue” es un empecinamiento que busca mantener un estado de tensión”.
ORDEN EN EL CONGRESO. Y la estrategia de mano dura y orden también sirve para el Congreso, según el presidente.“Aunque suene dura la medida, se ha dado un paso fundamental para el respeto del Parlamento por el pueblo. En adelante todo el que gesticule, haga este tipo de demostraciones que conviertan a nuestro Parlamento en una “chichería”, en un lugar de escándalos, será sometido a sanciones”, advirtió.
En su opinión, uno de los problemas del sistema democrático es que se respeta muy poco al Congreso. “Muy bien hecho lo que ha hecho la mayoría en el Congreso (...)..tres o cuatro grupos políticos se han unido para decir basta a la indisciplina, basta de convertir el Parlamento en una cantina de gritos”.Insistió en que “tiene que ponerse orden en todos los niveles. Es fundamental para el mantenimiento de todo el sistema democrático”.
Fuente: El Comercio del 13.06.09

jueves, 11 de junio de 2009

Los perros del hortelano muerden a Alan García (El Mundo)

Beatriz Jiménez/ Lima
Los que en 2007 fueron llamados por el presidente Alan García en un artículo como "los perros del hortelano" han protagonizado la mayor lucha civil de la historia reciente de Perú. En entredicho, 11 decretos legislativos promulgados para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y que promueven la venta de la Amazonía.

Los 11 decretos legislativos promulgados en junio de 2008 y que han motivado el movimiento amazónico más grande de la historia reciente de Perú comenzaron a gestarse el 28 de octubre de 2007.

Alan García sorprendía en esa fecha a los lectores del periódico 'El Comercio', de línea conservadora, publicando su famoso artículo 'El síndrome del perro del hortelano', al que le siguió una segunda entrega de largo nombre pero bajo el mismo espíritu.

"El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante", rezaba un fragmento de este artículo de opinión. "Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por qué sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano".

Desde esa fecha, organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos y medios de comunicación alternativos han enarbolado ese nombre, primero con dolor, después con orgullo.

En el centro del meollo, el incremento exponencial de concesiones petroleras y gasíferas en la Amazonía peruana. Según la ONG 'Save Americas Forest', un 72% de la amazonía peruana está cedida en forma de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos (ver mapa de contratos petroleros). De 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%, según la organización.

"Nos llaman 'perros del hortelano' porque no producimos y no dejamos producir –contó en febrero a elmundo.es Marcelino Juwan, un poblador awajún (más conocidos en España como los guerreros Jíbaros) que en nombre de su comunidad, Huampami, se negaba a la explotación de oro en un monte sagrado para su cultura-. "Nosotros producimos, pero creemos que producir no significa destruir nuestros bosques", afirma.

"Para el Gobierno el territorio es riqueza, pero para nosotros, que comemos los animales del monte y bebemos el agua de los ríos, es nuestra vida", defendía poco después Zebelio Kayap, un joven dirigente de una organización indígena de la misma comunidad, a tres horas por río y a tres más por carretera desde Bagua. Bagua es el lugar donde el pasado viernes 5 de junio el desalojo de 1.500 indígenas awajún de una carretera se cobró la vida de 23 policías y un número todavía no esclarecido de indígenas.

Cronología de un megaproyecto presidencial
La política en contra de 'los perros del hortelano' se materializó el 19 de diciembre de 2007, fecha en la que el Congreso peruano autorizó al Ejecutivo a legislar normas específicas que aceleren la firma el Tratado de Libre Comercio con EEUU.

En junio del 2008, el boletín oficial del Gobierno sacó una de las ediciones más voluminosas de su historia, que contenía decenas de decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo, entre ellos el paquete de l1 leyes que afectan a la Amazonía, bautizados por los 'perros del hortelano' -para García- como 'la ley de la selva'.

Comenzaron las protestas y el Gobierno se encontró sorprendido con miles de indígenas que, poniéndose las pinturas de guerra, comenzaron a bloquear carreteras y estaciones petrolíferas localizadas dentro de sus territorios.

Tras dos meses de movilizaciones en la región amazónica, que representa un 60% del territorio nacional, el Congreso se vio obligado a derogar los dos decretos más vergonzosos del paquete: el 1015 y el 1073.

Estas dos normas permitían que los territorios de las comunidades indígenas de la selva y la sierra pudieran ser vendidas con el voto de tan sólo el 50% más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria. Es decir, una empresa podía presentarse a una comunidad indígena, convocar una asamblea y con tan sólo conseguir que la mitad de los asistentes votase a favor, quedarse con cientos de hectáreas pertenecientes a toda la comunidad.

Los 9 decretos de la discordia
Respecto a los 9 decretos restantes, el Gobierno acordó en agosto pasado con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a 350.000 indígenas pertenecientes a 1.250 comunidades que una 'comisión multipartidaria' los analizaría y que, tras su dictamen el Congreso, procedería a una votación.

En diciembre del 2008, esta comisión se pronunció y no dejó lugar a dudas. Defendió que todos los decretos eran inconstitucionales ya que vulneraban el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos tratados establecen el derecho a la consulta previa de los pueblos antes de promulgar una ley que afecta a sus territorios. Por ello, la comisión recomendó su derogación.

Pero un análisis decreto por decreto permite comprender mejor el megaproyecto presidencial para la Amazonía.

- El decreto legislativo 1090, suspendido por el Congreso este lunes durante 90 días, constituye en la práctica una nueva ley de flora y fauna silvestre. Según la 'comisión multipartidaria' del Congreso que estudió estas leyes, excluye los recursos forestales del patrimonio de la nación, amplía la frontera agrícola para facilitar el cultivo de biocombustibles y "constituye una amenaza a la integridad de la propiedad de las comunidades indígenas".

Según Foro Ecológico, la principal ONG ecologista de Perú, el decreto 1090 supone en la práctica que un 60% de los bosques primarios del país, que suman 45 millones de hectáreas, perderían la denominación de patrimonio forestal que los protege para ser pasados al régimen agrario y ser vendidos.

Estas informaciones, que saltaron a los titulares de la prensa no oficialista desde hace meses, motivaron incluso una carta de preocupación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, quien pidió a Perú resolver el problema del decreto legislativo 1090 para posibilitar la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

- El decreto 994 considera de propiedad del Estado todas las tierras 'eriazas' (sin cultivar ni labrar) con aptitud agrícola que no tengan dueño. Estas tierras, sin explotación industrial, sirven para que las comunidades nativas, la mayoría sin título de propiedad, cultiven sus alimentos.

- Otros decretos, como 1020 y el 1081 imponen figuras jurídicas como las Entidades Asociativas Agrarias y las juntas de regantes, "estructuras que no se adecúan y son incompatibles a la realidad de las comunidad indígenas", según el informe elaborado por la comisión.

Las comunidades indígenas tienen derecho al uso y gestión de sus recursos naturales de acuerdo a sus tradiciones culturales, según reconocen las Naciones Unidas.

- El decreto 1083 va más allá y dota de mayores recursos hídricos a quienes tienen mayores recursos económicos y mayor acceso a modernas tecnologías, según el voluminoso texto de este informe al que ha accedido elmundo.es, cuyas conclusiones han sido apoyadas por la Defensoría del Pueblo (Defensor del Pueblo).

Sin embargo, ni el informe de un centenar de páginas que elaboró la 'comisión multipartidaria' del Congreso, ni las recomendaciones de derogatoria de la Defensoría del Pueblo y mucho menos la carta de preocupación dirigida la semana pasada por la Comisión de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas hicieron al Ejecutivo dar marcha atrás.

60 días de paro amazónico
En este escenario, el 9 de abril las organizaciones indígenas lideradas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP) iniciaron una nueva huelga indefinida para exigir que el gobierno peruano derogue los decretos. Tomaron durante semanas carreteras, provocando el desabastecimiento de alimentos de las grandes ciudades de la selva peruana. También bloquearon los ríos para impedir el paso de las grandes embarcaciones petroleras.

El Primer Ministro, Yehude Simon, fue el encargado de las negociaciones infructuosas con Aidesep, presidida por el hoy asilado político en Nicaragua Alberto Pizango. Ambos líderes se reunieron en múltiples ocasiones pero ni el Ejecutivo ni el Congreso accedió a dejar sin efecto estas leyes, aunque sí a modificarlas.

Todo terminó el viernes 5 de junio, cuando un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía recibió la orden de desalojar por la fuerza una carretera bloqueada por 1.500 indígenas awajún. El resultado es conocido por todos. Balas por todos lados, 23 policías muertos -nueve de ellos degollados por los indígenas- y un número todavía por determinar de civiles.
Fuente: El Mundo del 11.06.09

Ley 29376 Suspende la vigencia de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (Perú)

Mediante Ley Nº 29376 suspenden la aplicación del Decreto Legislativo Núms. 1090, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus normas modificatorias y su Reglamento; y el Decreto Legislativo Nº 1064, que aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario. Asimismo dan fuerza de ley y restituyen el texto de la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus modificatorias y demás normas complementarias, y su reglamento. De la misma forma restituyen la Ley Nº 26505, “Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas”; así como la vigencia de los Títulos I, II, III, IV y la sétima disposición complementaria del Decreto Legislativo Nº 653, “Ley de Promoción de las inversiones en el Sector Agrario” restituyendo plenamente su reglamento. Además, la Ley precisa que las funciones otorgadas por la Ley Nº 27308, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, al que fue el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) son ejercidas por el Ministerio de Agricultura o los gobiernos regionales dentro del marco de sus competencias.

miércoles, 10 de junio de 2009

Camisea y el Fantasma de una Política de Hidrocarburos en el Perú (DAR, 2008)

Esta publicación analiza el marco legal de la actividad hidrocarburífera en el Perú y cómo éste implícitamente plantearía los lineamientos de una política de hidrocarburos. A su vez, aborda el nivel de influencia del Proyecto Camisea para el desarrollo del sector hidrocarburos; así como la necesidad de garantizar la seguridad energética del país para mejorar la calidad de vida de la población y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Además, se identifican conflictos entre el desarrollo de la actividad de hidrocarburos con áreas protegidas, actividades económicas y actores que desenvuelven sus actividades en los mismos ámbitos geográficos (pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, concesiones forestales, zonas urbanas y de expansión, etc.)

¿El Estado Peruano cumplió con Camisea? (DAR, 2008)

Esta investigación analiza los avances de los 21 compromisos sociales y ambientales asumidos por el Estado Peruano ante el BID para el monitoreo del Proyecto Camisea, identificando un divorcio de lecturas entre los actores involucrados en el Proyecto Camisea, que dificulta el diálogo y la construcción de una ciudadanía más participativa. Asimismo, el libro hace referencia al difícil proceso de recopilación de información pública, en este caso realizado para acceder a la documentación relativa al Proyecto Camisea.

La consulta previa como solución

Por: Francisco Miró Quesada Director de "El Comercio"
Imagínese usted que un tractor derrumba la pared de su casa, ingresan unos trabajadores con taladros, lampas y picos, empiezan luego a cavar en su jardín, porque el dueño de una empresa ha dicho que existe petróleo y que ha ingresado, sin consultarle a usted, que es el dueño, porque tiene orden de la autoridad municipal.Desde luego usted protestaría, llamaría a su abogado, demandaría a la empresa por el abuso, igualmente al alcalde por haber autorizado dicho abuso, lo llevaría todo hasta los tribunales, e incluso llamaría a la policía para que desaloje a los invasores.
Por lo general, y digo por lo general porque en Lima también suceden cosas extrañas, es decir, reñidas con la moral y la ley, cuando alguien quiere ingresar a su casa, primero le pide permiso, luego le consulta si puede hacer uso de su jardín, o en todo caso, le propone comprarle la casa, pero le consulta. Y le consulta porque usted posee su casa, es propietario, porque la heredó o la compró, o construyó en un terreno que es suyo.
No importa la causa, la razón, pero lo más importante es que el interesado le ha consultado y, por eso, usted se siente una persona respetada, todo un ciudadano. Esa misma sensación de propiedad, de posesión de la tierra, la tienen muchas comunidades de la selva. Tienen derecho sobre sus territorios. Para los pueblos de la Amazonía su tierra y su ambiente lo es todo. Es su casa, su gran casa, como es nuestra casa que compartimos en familia, es nuestro mundo. ¿Acaso cuando un medio de comunicación es intervenido por el Estado no protestamos, porque es un atentado a la libertad de expresión y de propiedad? Igualmente, ellos cuando son “invadidos” por una empresa que va a invertir con autorización del Estado también sienten que han atentado en contra de su libertad y su ambiente, que lo es todo. Entonces se ponen en guardia y con justa razón, más allá de lo que sostenga el Convenio 169 de la OIT, piden que se les consulte. Para comprender a nuestros hermanos hay que ponerse en su caso, entonces por unos minutos, aunque sea por unos segundos, pongámonos en el caso de las comunidades de nuestra “montaña”.
El Gobierno, los inversionistas, no se han puesto en el caso de ellos, porque al parecer no les interesa lo que piensan y sienten. La vida de un solo peruano, sí de uno solo, vale más que miles o millones de pozos petroleros juntos, vale más que miles de millones de aserraderos juntos, con el agravante de que si no se toman las medidas del caso, la tierra será contaminada, devastada, lo que significa también muerte. Matamos la vida de nuestros hermanos porque no los comprendemos, matamos la vida de la naturaleza que es el sustento de nuestros hermanos. Al fin le matamos todo, su hábitat y su razón de ser. Para los que han tolerado esto, sabiendo por informes de inteligencia que se pudieron tomar medidas con anticipación para evitar el derramamiento de sangre, mi más enérgica condena y rechazo por su indiferencia, soberbia y afán de poder. No sé que esperan para dimitir, es un asunto de responsabilidad y de moral pública.
El Gobierno debió proceder a la consulta y estoy seguro de que de haberse realizado, tendríamos la situación definida y concluida, o al menos habríamos sabido cómo actuar. La democracia funciona con métodos democráticos, como la consulta previa. También el Congreso pudo resolver el asunto y no hacer esa triquiñuela, que como no llegaron los humalistas, que también tienen responsabilidad en el caso, no se debatió el consabido decreto legislativo de marras, argumentando criterios reglamentarios, cuando la vida de las personas estaba en juego, que ni siquiera son procedimientos, solo cuestión “de orden”. Debieron esperar y entrar al debate.
En conclusión, el Gobierno debió consultar y el Congreso debatir, no ahora a caballo en plena crisis, sino hace meses. El Ministerio del Interior pudo proceder con oportunidad y celeridad ante el informe de inteligencia y la oposición, en especial el señor Alberto Pizango, debió promover el diálogo con las autoridades, no llamar a la insurgencia, sino al diálogo, al entendimiento para encontrar una salida justa, conversada y democrática, por el bien de todos los pueblos amazónicos y del Perú. Claro que hay responsables y deben dar explicaciones al país por lo sucedido, porque nos duelen las muertes de policías y de civiles. Y si no quieren rendir cuentas, porque en el Perú no existe esta sana costumbre, ni para lo más mínimo, como que un alcalde les explique a los vecinos qué uso le da a lo que recauda, no importa, la historia los juzgará. El dinero y los intereses creados no valen nada ante la vida. Que todo este lamentable y desgarrador conflicto nos sirva de ejemplo para integrar al Perú, para vernos entre iguales y no como ahora que continúa la discriminación y el racismo. Para construir una nación que se entienda y se conciba pluriétnica, multicultural, plurilingüística. En donde lo humano, todo lo humano, sea el gran valor y el motivo de nuestro destino como nación.
Y pensar que si se hubiera consultado la historia habría sido diferente.

martes, 9 de junio de 2009

El fin del perro del hortelano

Por Augusto Álvarez Rodrich
Esta teoría ya probó un bocado envenenado.
Veinticuatro policías asesinados; un número indeterminado –pero quizá mayor– de pobladores muertos; nativos con cara pintada en son de guerra y sin ganas de retroceder; y el presidente insistiendo en que se trata de un complot contra la democracia de terroristas financiados por intereses extranjeros opuestos al progreso del Perú, componen un cóctel explosivo que ya cobró muchas vidas y que podría ponerse peor en el futuro.
A estas alturas es evidente que el gobierno, por más buena que fuera su intención, siguió una estrategia equivocada en la selva, sin un esfuerzo mínimo de entender la cosmovisión de sus pobladores, y cayendo en el facilismo agresivo de, como no compartían su punto de vista, calificarlos de ‘perros del hortelano’, de ignorantes y de terroristas.
Lo ocurrido constata el fracaso de la política realizada en Lima al ocuparse de asuntos trascendentales para zonas alejadas de la capital. El Ejecutivo y el Congreso se enredaron en un peloteo irresponsable con los decretos controversiales, y el resultado son las muertes lamentables de estos días.
Sospecho que algunos están felices por lo ocurrido en Bagua pues mete al gobierno en un túnel que les conviene y del que puede ser difícil salir. Evitar una mayor confrontación, con más bala y más muerte, puede verse como algo complicado en este momento dado el rumbo de colisión en el que están ambas partes. Pero eludir ese desenlace fatal más grave que el ya visto constituye ahora un objetivo fundamental.
Salvo que el presidente García esté dispuesto a extremar la situación con el riesgo de un mayor desangramiento, este es el momento de que actúe con una perspectiva de largo plazo. La arrogancia y la soberbia suelen ser malas compañeras de la grandeza indispensable en un estadista en la hora difícil.
Esto puede implicar el retiro del rollo que acusa a los nativos de terroristas (incluyendo su spot televisivo), y abrir un espacio de negociación nuevo quizá suspendiendo la aplicación de los decretos para crear el clima para una solución pacífica.
Un cambio de gabinete facilitaría el proceso, pero más importante será el cambio de actitud del presidente Alan García, con una actitud menos agresiva, reconociendo que su teoría del ‘perro del hortelano’ ya pasó a mejor vida, que no todos con los que debe conversar son empresarios elegantes que lo visitan en Palacio, y admitiendo que el daño que ya sufrió su gobierno en Bagua es grande, pero que este puede ser mayor si insiste en la ruta actual, pues el efecto imitación en muchas otras zonas puede ser una ola grande que no pueda pasar, construyendo un desenlace negativo e indeseable que ni él, ni los peruanos ni el país merecen.
Fuente: La República del 09.06.09

lunes, 8 de junio de 2009

"El video del Gobierno sobre los sucesos en Bagua polariza más el conflicto" (El Comercio)

El sociólogo Jaime Antezana dijo que el problema no se resuelve señalando una conspiración contra el país.El reciente anuncio televisivo emitido por el Gobierno peruano, en torno a los enfrentamientos en Bagua entre nativos y policías, fue criticado por el sociólogo Jaime Antezana, quien consideró que, lejos de contribuir a la calma, polariza más el conflicto. En el spot se mencionan “22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo” y que “extremistas por consigna internacional quieren detener al Perú”. El video está acompañado por crudas fotografías de policías caídos en los enfrentamientos así como de nativos portando armas.
“Creo que esos videos, y el mensaje que transmiten, en lugar de contribuir a poner paños fríos, polarizan más el conflicto con los diversos pueblos indígenas”, refirió Antezana en diálogo con elcomercio.com.pe.El analista lamentó el tono del anuncio y aseguró que el problema no será resuelto señalando que existe una conspiración contra el desarrollo nacional. “Se presenta a los indígenas como salvajes y primitivos que son manipulados por fuerzas externas (...). Me parece que eso no eso solo un exceso, sino una forma de estigmatizar a este movimiento”, añadió.
Asimismo, Antezana sostuvo que el video podría encender los ánimos en otros sectores de la población, como es el caso de las protestas que se vienen preparando en Loreto o Tarapoto.
Sobre la actitud de los nativos, el experto precisó que no responde a una lógica ‘salvaje’, sino que es una conducta propia de los indígenas en respuesta a la muerte de muchos de ellos.
“Eso no puede ser asociado a los indígenas para verlos como salvajes y primitivos. Esa es un vieja percepción que yo creía que ya no existía. Si estamos asistiendo a la emergencia de un indigenismo radical, pero no a un nuevo terrorismo”, concluyó.
Fuente: El Comercio del 09.06.09

Flujogramas de DAR sobre actividades de hidrocarburos



Fuente: Elaborado por Cesar Gamboa. Presidente de DAR

Bancadas dispuestas a debatir DL 1090

Partido de gobierno se queda solo en sus intenciones de evadirlo. Voceros de grupos políticos apoyarán convocatoria a pleno para discutir la constitucionalidad de la referida norma. Todas las bancadas de la minoría parlamentaria apoyarán esta mañana, en la reunión de la Junta de Portavoces, la propuesta para que se convoque a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para debatir el tema de fondo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre.Tal discusión, como se recuerda, quedó frustrada el jueves último cuando se votó y aprobó una cuestión previa planteada por el oficialista Mauricio Mulder, que propuso patear ese debate hasta que se llegue a algún acuerdo en la Mesa de Diálogo entre el gobierno y los representantes de los pobladores de la Amazonía. Esa situación, precisamente, hizo estallar la ‘olla a presión’ en la que se había convertido la Amazonía peruana en los últimos meses y, sobre todo, en los casi 60 días de paro que llevaban en esa zona en contra de los decretos legislativos que consideraban lesivos.Entre otras medidas anunciadas, tras los violentos hechos del viernes, la bancada nacionalista anunció que pediría la convocatoria a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para entrar a debatir realmente el tema de fondo sobre el DL 1090.
En las últimas horas, diferentes bancadas se sumaron a esta propuesta y este diario recogió esas posiciones. Así, el vocero del Bloque Popular, José León, indicó que esa agrupación respaldará la propuesta nacionalista. La bancada de UPP, entre tanto, asumirá el rol promotor de la propuesta junto al PN, Ayer, incluso, su comité directivo nacional emitió un comunicado en el que informó, entre otros puntos, que respalda el pedido para la convocatoria de una sesión extraordinaria del pleno del Parlamento. Yonhy Lescano, de Alianza Parlamentaria, informó también que su bancada apoyará la propuesta. Indicó, además, que para darle tranquilidad al país se debería derogar el decreto 1090 y buscar una propuesta sustitutoria en el marco de las conversaciones que deberían reiniciarse entre el gobierno y los representantes de los indígenas.El fujimorista Carlos Raffo dijo que el tema de fondo debería debatirse esta semana, y que su grupo apoya que el cuestionado decreto se declare inconstitucional. Los votos para la derogación del decreto podrían obtenerse, pues solo el Apra y Unidad Nacional consideran que este es constitucional. Aún así, Luis Galarreta de UN señala que el tema de fondo debe debatirse.
Cabanillas y Simon responden
La comisión de Defensa del Congreso convocó para las 3.30 de esta tarde a una sesión con carácter de urgencia para que la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, y el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, informen sobre los violentos hechos ocurridos en la zona oriental de nuestro país el viernes último. La sesión se desarrollará en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea”. De otro lado, entre hoy y mañana se presentaría una moción de interpelación contra Cabanillas y Simon. La propuesta es apoyada por el Partido Nacionalista, el Bloque Popular y Unión por el Perú. Esta última agrupación solicitó ayer también la conformación de una comisión multipartidaria para que investigue los luctuosos hechos de Bagua. (Edición impresa La República de 08.06.07)

"El gobierno debe suspender la aplicación de decretos rechazados"

Entrevista a Mons. Miguel Cabrejos. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana demandó a todos esforzarse para restablecer la calma y voluntad de diálogo, pero también atender y entender a nativos.
Monseñor, ¿cuál es su reflexión torno a los trágicos hechos registrados en Bagua? Ya son más de veinte los policías fallecidos y un número aún no determinado de nativos.
Muy lamentable. Hemos hecho un comunicado conjunto con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sobre este hecho. Creo que ha llegado el momento de que las partes en conflicto apuesten por la serenidad y la calma.
¿Usted cree que esto se pudo evitar? Lo que ha sucedido ha sido la crónica de un desenlace fatal anunciado. Durante muchos años los pueblos amazónicos han sido olvidados. Pero también considero que debemos tener en cuenta la cosmovisión de estos pueblos. Nos estamos olvidando de ello. Los indígenas, los nativos, piensan muy distinto a nosotros. Lo que es beneficio para nosotros, para ellos es letal. Ellos defienden el agua, la tierra, pues es la vida. Hay, pues, un problema de entendimiento. Eso está fallando tremendamente.
La situación se desbordó. El gobierno perdió, por momentos, el control de la situación. Es urgente restablecer el Estado de Derecho. En circunstancias tan graves, se debe pensar primero en el Perú, en el bien común. En este marco, las autoridades no pueden imponerse a la voluntad de un pueblo, ni un grupo puede poner en jaque al país. Se deben poner en la línea media, equilibrada, para tratar fríamente este conflicto.
¿Qué podría hacer el gobierno para detener el conflicto?
No soy jurista, pero sugiero que en este momento el gobierno suspenda, momentáneamente, la aplicación de los decretos rechazados por las comunidades amazónicas. A partir de ello se puede abrir una mesa de diálogo, pero una mesa directa, en la que estén los representantes reales de estos pueblos que están en pie de lucha.
¿A qué se refiere con representantes reales? ¿El señor Pizango no representa a los nativos?No he dicho eso. El señor Pizango es uno de los representantes, el que más aparece, pero me imagino que deben haber otros. Sin descalificar a alguien, lo importante es abrir el diálogo con otros representantes de la selva. Es importante que varios policías hayan sido liberados. Ojalá se recuperen todos. Insisto en que estos dispositivos deben suspenderse. Y por el lado de los nativos, estos deben suspender su medida de lucha. La solución está en manos de ambas partes.Ambos lados tienen que ceder. Eso es indudable.Así es. Además, deben haber interlocutores independientes. La situación en Bagua está como cuando el nudo de una cuerda se ajusta más. ¡Paremos ya eso! Son varias las vidas humanas perdidas.
Monseñor, pero se tiene que determinar a los responsables...
Sí, de unos y de otros, pero –insisto– lo prioritario es restablecer el Estado de Derecho, la calma, el orden, y volver a dialogar con gente que esté dispuesto a ello.
Lamentablemente, aún hay entredichos de ida y vuelta entre el gobierno y los nativos.
Eso debe terminar. No se debe azuzar a nada, ni a uno ni a otros. Está en juego la vida de policías, nativos y pobladores. Muchas familias sufren, muchos hogares han quedado huérfanos. El problema trasciende ya lo político, lo social. Es existencial. Los pueblos amazónicos son parte del Perú, no una isla. Debemos aprender a solucionar los problemas de modo pacífico y dialogante. No hay otro camino. Algunos sectores piden la renuncia del premier Yehude Simon y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Honestamente, no es el momento para señalar como responsables a unos u otros. Insisto: frenemos los enfrentamientos y los derramamientos de sangre, que el diálogo se retome pronto. De allí, poco a poco se verá lo que suceda.
“Necesitamos comprender su visión del mundo”
Usted mencionaba que los pueblos amazónicos están marginados desde hace tiempo, y que se necesita mayor presencia del Estado en esos pueblos...Claro. Ahora, hay que ser serios en reconocer que esto no es solo responsabilidad de este gobierno. Hay justas demandas de los pueblos amazónicos que vienen de tiempo atrás y no han sido atendidos, en salud, educación, carreteras, luz, entre otros. Necesitamos escucharlos y comprender su visión del mundo y la realidad. El presidente del Poder Judicial denunció que ha recibido presiones para ordenar la detención de Pizango. Esto exacerba más los ánimos en los amazónicos.
He escuchado esa denuncia. Te repito que tenemos que ir a lo esencial del problema, como es volver a la calma y al diálogo. Ambas partes tienen que ceder.
¿Reitera, monseñor, su ofrecimiento de ser mediador en este conflicto? La Iglesia siempre ha estado dispuesta a colaborar, mucho más en estas circunstancias cuando se trata de defender la vida humana. Aquí no vale la expresión esa según la cual hay ganadores y perdedores. Se trata, reitero, del Perú y del bien común.

Fuente: La República del 08.06.9

¿CUÁL ES LA VERDAD SOBRE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS?


Por: Margarita Benavides Antropóloga
Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a los pueblos indígenas, dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es, pues, urgente avanzar para concluir el proceso de demarcación de los territorios indígenas. La otorgamiento de derechos a terceros sin tener los territorios indígenas debidamente saneados es y será una permanente fuente de conflictos en la Amazonía. Preocupa por ello que el 25 de mayo pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) publicara un comunicado en el que deslegitimó los reclamos de los pueblos indígenas y de paso desinformó sobre la extensión de los bosques de la Amazonía. Decía el comunicado que el Estado garantiza la protección de al menos 55 millones de hectáreas de bosques amazónicos cuando estos se extienden realmente sobre 67 millones de hectáreas. Según datos del Mapa de Deforestación de la Amazonía 2000 (Inrena/Conam, aún sin publicar), el área neta de bosques amazónicos existente antes del proceso de colonización y deforestación era de 77 millones de hectáreas. Entendemos que no hay un estudio equivalente posterior a este. Si restamos 10 millones ya deforestadas —según señala el Minam—, tenemos una superficie de 67 millones de hectáreas de bosques en pie y no de 63 millones como afirma erróneamente ese comunicado.
El Ministerio del Ambiente solo reconoce el otorgamiento de 11 millones de hectáreas a los pueblos indígenas cuando en realidad son más de 13 millones ya demarcadas y distribuidas así: más de 10,5 para 1.232 comunidades tituladas y 2,8 para reservas territoriales para la sobrevivencia de indígenas en aislamiento, esto de acuerdo con las cifras registradas por el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común (Sicna).
Además el Sicna registra 277 comunidades por titular, en aproximadamente 2,37 millones de hectáreas. Hay seis solicitudes de reservas para indígenas en aislamiento con un requerimiento cercano a los 4 millones de hectáreas y desde hace varias décadas existen diversas solicitudes de ampliación de comunidades, aún no atendidas.
Así tenemos una engañosa presentación de las cifras que se suma a la potestad del Minam para cambiar el uso de tierras de aptitud forestal a agrícolas. En su comunicado, el ministerio señala que el D.L. 1090 (o “ley de la selva”) prohíbe el cambio de uso de la tierra de aptitud forestal a aptitud agrícola, contradiciéndose inmediatamente al afirmar que tal cambio puede realizarse —por el propio Minam— en “casos de proyectos de interés nacional”. ¿El cambio de uso abarcará también los 12 millones de hectáreas de bosques no mencionadas? ¿Se entregarán a grandes empresas fomentando la concentración de la propiedad y la deforestación? ¿Qué garantía da el Estado de que no cambiará de uso en los 55 millones de hectáreas de bosques que ofrece proteger, cuando los decretos legislativos que se le pide y niega derogar lo facultan declarar eriazos bosques demarcados a favor de comunidades y cambiarles de uso “en caso de proyectos de interés nacional”? Es la ideología del perro del hortelano del presidente de la República expresada en estos decretos la que incentiva la protesta de los pueblos indígenas. Es él mismo quien debería recomendar agilizar su derogatoria para solucionar la protesta indígena e iniciar un proceso que respete la consulta, los derechos indígenas y la transparencia en las cifras y planes del Gobierno para la Amazonía.
(*) COORDINADORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS Y SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO DEL BIEN COMÚN.

Gobierno denuncia que indígenas están pensando en un golpe de Estado

(EFE)El primer ministro peruano, Yehude Simon, denunció hoy que los líderes indígenas que promueven las protestas en la selva están pensando en “un golpe de Estado”, al pedir la vacancia del presidente Alan García.En declaraciones a la Cadena Peruana de Noticias (CPN), Simon hacía referencia a la convocatoria a una huelga general hecha por la Cuarta Cumbre Amazónica, realizada el fin de semana en la ciudad de Tarapoto, en la que, además, exigieron la vacancia presidencial.“Piden la vacancia del presidente. Cómo me van a decir que esto no tiene un hondo contenido político y que no están pensando en las comunidades, sino en un golpe de Estado”, dijo Simon a la emisora.
Simon agregó que los dirigentes amazónicos “están esperando que entre el Ejército y la Policía (a las zonas en conflicto), y ellos se esconden debajo de la cama y mandan al pueblo adelante”.
De esa forma, el primer ministro hizo alusión al presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, el máximo representante amazónico que es buscado por la policía, tras los enfrentamientos del pasado viernes que dejaron al menos 33 muertos en la ciudad de Bagua.El Gobierno denunció que Pizango había huido del país, pero los dirigentes de Aidesep aseguraron hoy que está en Lima y en permanente comunicación con ellos.Simon pidió a las comunidades selváticas que depongan las medidas de fuerza, que incluye el bloqueo de carreteras en la región Loreto, y se vuelvan a sentar en la mesa de diálogo establecida por el Gobierno.
“¿Qué se está buscando, más muertes?; ¿que los soldados o la policía dispare en el justo derecho de defenderse para poder justificar sus pedidos?”, dijo Simon. “Aquí hay mucha responsabilidad, no se puede justificar ni una gota de sangre”, añadió.Sin embargo, el jefe del gabinete admitió que hubo “errores” en el manejo de la situación en la selva, derivada de la promulgación de unas leyes que los nativos consideran perjudiciales a sus derechos de propiedad sobre la tierra.“El Gobierno no supo comunicarse directamente con las comunidades, pensó que las buenas acciones o los buenos deseos de progreso y desarrollo de la Amazonía se podían hacer desde la capital sin una comunicación como debería haber sido”, reconoció.
Los nativos protestan contra una decena de decretos legislativos, porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.
En opinión de los indígenas, se trata de decretos legislativos que vulneran sus derechos, entre ellos el 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y cuyo debate en el Congreso se ha postergado en varias ocasiones, lo que ha exasperado a los nativos.

Fuente: El Comercio del 08.06.09

domingo, 7 de junio de 2009

La protesta amazónica explicada


Carlos Meléndez, el polémico Jorobado de Notre Dame, estuvo de paso en Lima para dictar un curso sobre su especialidad: los conflictos sociales. Una entrevista para tratar de ponernos en perspectiva en medio de tanta tragedia. Ver entrevista realizada por el Utero de Marita en:
http://utero.pe/2009/06/06/la-protesta-amazonica-explicada/


viernes, 5 de junio de 2009

Bagua: La Curva del Diablo se convirtió en un infierno

Al menos 34 personas, nueve de ellas policías, han muerto y más de cien resultaron heridas cuando agentes desalojaron por la fuerza a indígenas que bloqueaban una carretera de la Amazonía. Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5 mil los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.
Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.
Posteriormente, los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones continuaron esta tarde, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.
La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.
El general Sánchez Farfán explicó al canal N de la televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaron el cerro que domina la "curva del Diablo", y alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego. Sin embargo, la Aidesep negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.
El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde se presentaron los hechos, informó a la emisora que el número de nativos muertos subió a 25.
El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.
La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos "todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos", al tiempo que pidió ayuda, porque el hospital se encuentra "en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo".
Además, los bloqueos de carreteras y las tomas de ductos obligaron a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto. Por otro lado, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, invitó a reanudar el diálogo a los nativos amazónicos, pero advirtió que el Gobierno no derogará los polémicos decretos que dieron origen a las manifestaciones.
El ministro se comunicó con Efe para lanzar el siguiente mensaje: "Sentémonos a dialogar, hay una mesa establecida con amplísima representación indígena, queremos dialogar, pero no aceptamos una huelga en la que se atenta contra la Policía", dijo.
Además, el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, anunció que se denunciará a todos los responsables por las muertes y la destrucción en Bagua, porque "estos no son actos de protesta, sino de destrucción, porque hubo muertos, entre ellos policías y civiles inocentes".
Los nativos protestan desde el 9 de abril contra una decena de decretos legislativos, porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.
En opinión de los indígenas, se trata de decretos legislativos que vulneran sus derechos, entre ellos el 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y cuyo debate en el Congreso se ha postergado en varias ocasiones, lo que ha exasperado a los nativos.
El presidente Alan García dijo que tras las protestas hay intereses ocultos para impedir el desarrollo del país: "Eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas".
Y acusó al líder indígena Alberto Pizango de "haber caído en un nivel delicuencial". (EFE)

Fuente: La República del 05.06.09

Nueve policías, más de 20 nativos y dos periodistas habrían muerto en Bagua

Nueve policías, más de veinte nativos y dos periodistas habrían muerto hoy como resultado de un enfrentamiento en Bagua, según informaron extraoficialmente periodistas del lugar
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que uno de los policías fallecidos es el Técnico de Primera José Antonio Vilela, quien viajaba a bordo de un helicóptero de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, que fue atacado con balas por los nativos. El suboficial de 39 años deja en la orfandad a un tres niños. En total se informó que son 639 los efectivos que participan en el operativo. En el marco de la situación de confusión y emergencia que se vive desde las primeras horas de hoy en Bagua, con diversas informaciones extraoficiales y sin confirmar, el director de la Policía, general José Sánchez Farfán, confirmó en la mañana en radio programas del Perú, que cuatro efectivos cayeron en el choque con los indígenas. Posteriormente en el mismo medio, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, general Miguel Hidalgo, afirmó que posiblemente sean siete los policías fallecidos al enfrentarse a nativos que protestan en la zona de “Curva del Diablo”, en la carretera Fernando Belaunde Terry, Bagua.
Informaciones policiales precisaron que los policías fueron atacados con armas de largo alcance y otros cuatro heridos graves han sido trasladados de emergencia. Lider nativo entre las víctimas
Asimismo, el líder nativo Bryce Pérez, afirmó que el presidente del comité de lucha provincial de Condorcanqui, Santiago Mauin Valera, falleció por la intervención policial hecha con “balas de guerra” y que existen numerosos heridos e incluso muertos entre los indígenas y la población. De acuerdo a las informaciones extraoficiales serían veintiún los nativos muertos en la trágica jornada.
Del mismo, modo, periodistas de la zona informaron que al cierre de esdta ediución, numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo. Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muerto cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos por la policía. Los enfrentamientos se registran a la altura del kilómetro 201 de la vía, en la zona denominada la Curva del Diablo, ubicada en Bagua Grande, donde más de 2.000 nativos mantienen bloqueada la vía desde hace diez días, lo que ha generado desabastecimiento en varias localidades del nororiente peruano. Los nativos amazónicos bloquearon la vía como medida de protesta por la huelga que realizan desde hace más de 50 días para exigir que se deroguen una serie de decretos legislativos que consideran los perjudican, entre ellos el DL 1090, cuya derogatoria programada para debatirse ayer en el pleno del Congreso, fue nuevamente postergada. (Con información de Inforegión)

Fuente: La República del 05.06.09

Una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1064 presentó la Defensoría del Pueblo

Una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1064 presentó la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera varios derechos de los pueblos amazónicos.El adjunto para Asuntos Constitucionales, Fernando Castañeda, explicó que tras una profunda evaluación la Defensoría llegó a la conclusión de que esta norma –que aprueba un nuevo régimen jurídico para variar las condiciones de la tierra agraria– es inconstitucional por razones de forma y de fondo.Indicó que el decreto no respeta los derechos a la identidad cultural, de propiedad de la tierra y de la consulta previa a los pueblos indígenas, previstos en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.“Los pueblos indígenas tienen un régimen constitucional que incluye la protección reforzada de las tierras y el derecho fundamental a ser consultados acerca de todas las decisiones que les afecten. Y este decreto legislativo los desconoce”, sostuvo.Precisó que la Carta Magna, en el artículo 89 y siguientes, establece que los terrenos comunales no se pierden; sin embargo, este decreto legislativo norma una serie de supuestos que podrían dar pie a que las tierras comunales se pierdan, lo que no va en relación al espíritu y la letra de la Constitución.

Va en CONTRA de LA CIDH
Dijo que las tierras de los pueblos indígenas están vinculadas con su identidad cultural, con sus costumbres, con sus características, con su pasado, y que por ello deben tener una protección especial. “El DL 1064 va en contra de lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en reiteradas decisiones y los parámetros establecidos por el sistema de protección internacional en relación con los pueblos indígenas”, advirtió.Refirió que continuará evaluando los otros decretos para verificar su constitucionalidad.

Ejecutivo excedió sus facultades:

1] Castañeda afirmó, además, que al emitir el Decreto Legislativo 1064, el Poder Ejecutivo se excedió en las facultades que le dio el Congreso de la República, contraviniendo así el artículo 104 de la Constitución
2] “Hubo un exceso en el ejercicio de la delegación de facultades. Se le delegó el poder legislativo de normar aspectos concretos para mejorar la competitividad de los pueblos indígenas y de las tierras sobre las cuales están asentados, pero no para modificar su régimen jurídico, que está íntimamente ligado con el derecho fundamental a la identidad cultural”, explicó.
3] En ese sentido, señaló que el Parlamento sólo autorizó al Ejecutivo en forma explícita a regular aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (TLC), y aseveró que este ámbito de delegación no puede ser interpretado de manera extensiva.

Fuente: La República del 05.06.09

Agotamiento, inestabilidad e incertidumbre


Por Humberto Campodónico

“No sorprende descubrir que los periodos de mayor estabilidad política y de conservadurismo en la historia peruana –la “república aristocrática” y el “oncenio” de 1895 a 1930, y los regímenes de Odría y Prado de 1948 a 1962– correspondieron a extensos periodos de auge de la economía de exportación, mientras que los años de inestabilidad –de 1882 a 1895, de 1930 a 1948 y finales de la década de 1960– correspondieron a los periodos en los que la economía de exportación ingresó a un estado de crisis y dejó de producir claros lineamientos de política económica”.
Es lo que dijeron Rosemary Thorp y Geoff Bertram en 1978 en uno de los libros más importantes sobre la historia económica del Perú, analizada desde el largo plazo (1). Y añaden: “Cada una de estas tres fases llegó a su fin en circunstancias que produjeron una incertidumbre sobre la viabilidad del crecimiento por expansión de las exportaciones en el futuro y sobre la consideración del papel que debía cumplir el gobierno en la economía”.
La conclusión de Thorp y Bertram es un insumo importante para el análisis de la actual coyuntura económica. Si uno le pregunta a funcionarios del gobierno y/o a economistas que simpatizan con el régimen, si estamos llegando al final de una etapa de crecimiento liderada por las exportaciones, la respuesta será un no rotundo.
Le dirán que la crisis económica global es pasajera y que, en poco tiempo, se reactivará la producción en los países industrializados y China. Esto, a su vez, producirá una nueva demanda por exportaciones de materias primas y producción nacional, con lo que aumentará su precio y volveremos a la senda del crecimiento. El pequeño bache habrá sido superado. El no rotundo será aún más fuerte si se les pregunta sobre la posibilidad de cambios en el papel del Estado en la actividad económica. Se reafirmarán en la vigencia irrestricta del mercado como único asignador eficiente de recursos, motivo por el cual no hay nada que cambiar en las relaciones mercado/Estado lo que, claro, incluye la mantención del rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial (lo que quiere decir que el Estado solo interviene allí donde los privados no desean hacerlo).
Dicho de otra manera, hay que mantener el statu quo, pase lo que pase. Revisar, aunque sea en algo, el modelo económico significaría “dar muestras de debilidad y flaqueza, lo que abriría espacios para cambios no deseados”. Quizá por eso, dos privatizaciones de los 90 –Doe Run en La Oroya y Petro Tech en Talara– se mantienen allí, inamovibles, a pesar de que su fracaso es evidente, lo que hace necesario nuevas alternativas.
Pero si nos alejamos del “pensamiento único” neoliberal (lo que merecerá de inmediato el calificativo de “antisistema”), se aprecia el agotamiento del crecimiento primario exportador y una evidente inestabilidad política y social, en medio de una corrupción generalizada que no pudo ser extirpada con la recuperación de la democracia.
Con ese punto de vista adquieren un nuevo significado las peleas “a cuchillo” por Andahuasi, el monopolio al caballazo de Perú Rail en el Cusco, la venta ilegal de Collique, la cuestionada exportación de gas a México, el cobro de leoninas comisiones por parte de las AFP. Podríamos seguir, pues la lista es larga. Agreguemos solamente la lucha de los amazónicos por la defensa de sus derechos que, además, se inserta en la afirmación de una nacionalidad propia y un cuestionamiento radical a la lógica capitalista de la ganancia y la depredación de sus tierras ancestrales, al perro del hortelano.
Las conclusiones de Thorp y Bertram sobre épocas anteriores de nuestro crecimiento económico no pueden ser extrapoladas fácilmente y necesitan ser validadas por un análisis empírico y cualitativo riguroso. Pero los signos de agotamiento e inestabilidad están allí. También el de incertidumbre.
(1) Perú 1890-1977: crecimiento y políticas en una economía abierta, Mosca Azul editores, 1985.

Líder indígena fallece tras violentos enfrentamientos con la policía

Santiago Magni Valera, presidente del Frente de lucha de Condorcanqui falleció de dos disparos con arma de fuego durante el desalojo que realizan fuerzas especiales de la policía en la zona de Bagua. Los indígenas quienes mantienen una huelga de más de cincuenta días y mantienen bloqueada la carretera Fernando Belaúnde. Miembros policías de la división de la DIROES, en la mañana del viernes, iniciaron un operativo para despejar la vía y se encontraron con la fuerte resistencia de la población indígena.
El director del Hospital de Bagua, Remigio Cabrejos, informó que varios heridos por bombas lacrimógenas están siendo atendidos en este momento. Desde la madrugada, el director del hospital estaba en alerta para cubrir cualquier situación de emergencia. A través de una radio local el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Miguel Hidalgo, señaló que el número de efectivos policiales fallecidos se habría incrementado a ocho. Cabe señalar, que el jefe de la Red de Salud de Bagua, Mario Linares, señaló que la cifra de policías muertos llega a diez, además de otros dos civiles que también perdieron la vida.

Mario Linares, señaló que entre los muertos se encontraría un estudiante, un profesor y un policía, así como nueve policías muertos y seis heridos en la zona del enfrentamiento. Los primeros cuatro policías fellacidos por el enfrentamiento, según informó el director de la PNP, José Sánchez Farfán, tuvo lugar entre los kilómetros 180 y 201 de la vía, conocida como la Curva del diablo, ubicada en el caserío Siempre Viva, en el distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba.De otro lado, el general Hidalgo informó que la Ministra Cabanillas está haciendo las coordinaciones correspondientes para mandasr a la zona personal militar para logren reestablecer el orden.
El párroco de la iglesia de Bagua Chica, Juan Limache, criticó duramente al gobierno por no atender el pedido de las comunidades nativas y derogar los decretos que -a su entender- vulneran sus derechos y así haber podido evitar las muertes registradas hoy. Del mismo modo apuntó sus críticas hacia el Congreso de la República, donde ayer se suspendió, por segunda vez, el debate de la constitucionalidad de los decretos legislativos 1090, referidos a la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre.En tanto, esta mañana se agudizó la problemática cuando se dio a conocer las muertes de siete personas entre efectivos del orden e indígenas, durante las acciones emprendidas por agentes de la Diroes de la PNP para despejar la carretera Fernando Belaúnde, en la zona conocida como “Curva del Diablo”, tomada por los nativos.

Fuente: La República del 05.06.09

jueves, 4 de junio de 2009

Presidente regional de Madre de Dios apoya movilización de nativos

El presidente regional de Madre de Dios, Santos Kaway Komori anunció el apoyo a las manifestaciones de las comunidades mediante un comunicado firmado por autoridades y dirigentes nativos. “Estamos de acuerdo de apoyar cualquier movilización porque es el momento de que sea escuchada la Selva, mediante la firma de este pronunciamiento dirigido al Gobierno Central”, manifestó. Cabe señalar, que el documento esta firmado por el presidente regional, Santos Kaway Komori, consejeros regionales, el alcalde de la provincia de Tambopata , Luis Bocángel Ramírez, gremios sindicales y representantes de la Alianza de Federaciones de Madre de Dios para demandar la derogatoria de los decretos legislativos por atentar contra los derechos de la selva peruana. (Con información de Ideeleradio) Ver video en protesta por la suspención del debate en el Congreso de los decretos cuestionados:
Fuente: La República del 04.06.09