lunes, 12 de julio de 2010

Oviedo y los malos manejos azucareros

Extraños manejos administrativos en las azucareras Pomalca y Tumán –en las que el Estado peruano tiene una importante representación en el accionariado– fueron denunciados anoche en el programa Panorama, que informó que el grupo Oviedo, bajo el mando de Edwin Oviedo Picchotito, estaría jalando, en cuestión de ganancias, agua para su molino en perjuicio del país.
De acuerdo con el informe, resulta extraño que mientras las azucareras reportan un crecimiento en producción y en extensión de hectáreas, las cifras contables de ambas empresas sigan en rojo. Según la investigación, Edwin Oviedo estaría vendiendo la producción de las azucareras a una empresa de su propiedad, a la cual –obviamente– le entrega el producto a un precio por debajo del mercado.
“Descubrimos que lo que hace el grupo Oviedo es vender el azúcar a su intermediaria a un precio menor, que después es la que le vende al mercado final. Si el precio de mercado es cinco, se lo venden a tres, de tal manera que el margen de siete se lo lleva la empresa que, en realidad, es de su propiedad. Y la azucarera que es del Estado sigue perdiendo plata”, explicó al programa David Rivera, director de la revista Poder.
Esta comercialización irregular ha provocado que mientras Pomalca y Tumán presentaron cifras en rojo en 2007, de acuerdo con lo estimado por Rivera, los Oviedo obtuvieron una ganancia de 10 millones de soles. Es decir, el Estado, principal propietario de las azucareras, sigue en pérdida mientras que el administrador de las mismas obtiene jugosas ganancias.
En 2009, el Estado intentó vender sus acciones en ambas empresas, pero una ley emanada del Congreso impidió esta transacción que hubiera regulado la comercialización del azúcar. El informe propalado señala que es vox pópuli el lobby que el grupo Oviedo desarrolla en el Parlamento, al grado que muchos de los congresistas han viajado a Chiclayo ‘invitados’ por esta familia que los aloja en su hotel y les cubre la totalidad de sus gastos.
¿Y por qué no compran los Oviedo las acciones del Estado? Según Rivera, “el esquema actual les queda bien pues están, sin tener la mayoría de la empresa, ganando dinero”.
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viernes, 9 de julio de 2010

DEFENSORA DEL PUEBLO SOSTIENE QUE NO SE DEBE AFECTAR AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA CONSULTA

Doctora Beatriz Merino reitera que consulta no es un derecho de veto.• Se debe establecer un marco claro y ordenado para la realización de la consulta a los pueblos indígenas.La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró hoy la importancia de contar con una Ley de Consulta acorde con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –un importante detalle de dicha norma en el cual han coincidido diversos actores del Estado, del sector privado y de la sociedad en general– al tiempo que subrayó que la referida iniciativa no puede ser interpretada como un derecho de veto a las decisiones del Estado. “La futura Ley debe alentar y garantizar el diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y la población indígena –sin discriminación alguna–, estableciendo un marco claro y ordenado para el ejercicio del derecho a la consulta, que contribuya a la prevención de conflictos”, señaló la Defensora del Pueblo en declaraciones formuladas esta mañana.La Defensora del Pueblo agregó que “siempre es posible introducir precisiones adicionales en las normas, con el objetivo de facilitar su aplicación. Sin embargo, los cambios no deben afectar al contenido esencial del derecho a la consulta, tal como está definido en el Convenio 169 de la OIT y en recientes sentencias del Tribunal Constitucional (EXP. N.° 0022-2009-PI/TC y EXP 6316-2008-PA/TC). En dicho marco podemos llegar a consensos que nos permitan contar próximamente con una Ley de Consulta”.Más adelante reiteró la posición institucional de la Defensoría del Pueblo respecto de que el referido derecho no puede ser interpretado como un derecho de veto. “La consulta implica que el Estado debe dialogar y buscar un acuerdo o consentimiento con los pueblos indígenas antes de adoptar alguna medida que los pueda afectar. No se trata, por lo tanto, de un veto de dichos pueblos a las decisiones estatales”, indicó la doctora Merino.Del mismo modo indicó que “no se debe eliminar la referencia contenida en el artículo 15 de la autógrafa con relación a que los acuerdos alcanzados son obligatorios para la partes, pues ello forma parte del principio de Buena Fe que se debe respetar en el proceso de consulta.”Respecto a la identidad de quienes deben ser consultados, la doctora Merino subrayó que “ningún pueblo indígena del Perú, sea andino o amazónico, que cumpla con los dos criterios de identificación, objetivo y subjetivo, que establece la propia autógrafa de la Ley de Consulta y el Convenio 169 de la OIT, debe ser excluido de su ámbito de aplicación”. La Defensora del Pueblo remarcó poco después que “no se puede encargar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el establecimiento de los criterios de representatividad de los pueblos indígenas, pues ello atentaría contra el derecho a la autonomía organizativa protegido por el Convenio 169 de la OIT, que en el Perú es ley de la República desde hace 15 años”.No menos contundente fue al señalar que la institución que dirige está dispuesta a colaborar y contribuir, a fin de lograr la pronta dación de una Ley de Consulta, la cual se encuentra hoy en debate en el Congreso de la República.
Lima, 9 de julio
Oficina de Prensa e Imagen Institucional311-0300 anexo 1400−1401−1403 – 1406−1407www.defensoria.gob.pe

Conveagro: "No tiene sentido limitar la propiedad agrícola"

Fueron por lana y salieron trasquilados. Los congresistas que promueven la ley para limitar la tenencia de tierras agrícolas en la costa a 40 mil hectáreas buscaron el respaldo de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). Sin embargo, solo obtuvieron una lista de recomendaciones para reformular su proyecto.
El encuentro se dio en la sede de Conveagro, en el distrito de Jesús María, a donde acudieron los legisladores apristas Jorge del Castillo y Miguel Guevara y los nacionalistas Susana Vilca y Tomás Zamudio. Ellos, pese a su reiterado argumento de proteger al pequeño agricultor y al consumidor final, no lograron convencer al pleno de directores del gremio agrario sobre la viabilidad de la iniciativa.
SIN SENTIDO. El presidente de Conveagro, Federico León y León, comentó que, si bien les preocupa la concentración de tierras en un solo grupo empresarial, “el abuso de posición de dominio no se puede determinar en base a un número de hectáreas, pues hay empresas que no compran propiedades, pero que pueden alquilar predios y siguen creciendo”.
Asimismo, señaló que, técnicamente, el tope de 40 mil hectáreas que fija el citado proyecto “no tendría sentido en la costa, pero sí en la selva”, por las características de los predios agrícolas en cada región. Anotó que tal límite inclusive podría hacer poco rentables las inversiones en el sector.
Frente a ello, León y León planteó a los parlamentarios que reformulen su propuesta. “Primero se debe definir qué se quiere legislar. Agrupemos por áreas afines. Se puede comenzar por regiones, por la planificación y zonificación de cultivos”, recomendó.
YA SE HACE. En tanto, el presidente de Indecopi, Jaime Thorne, aclaró que una ley de ese tenor no es necesaria pues, en la actualidad, es parte de las funciones de la institución que dirige intervenir cuando se detectan abusos de posiciones de dominio en los mercados por parte de las empresas.
No obstante, reconoció que la labor del Indecopi está limitada a la posterioridad de los hechos, lo que dificulta la toma de medidas. En tal sentido, sugirió que se retome la propuesta de ley que lo autoriza a actuar antes de que ocurra una situación irregular.
Indecopi debería, como sucede en el caso de las concesiones eléctricas, poder emitir opinión antes de que se den las adjudicaciones, indicó. Por su parte, el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, anunció que evaluará la iniciativa. “Hay diversos mecanismos para aplicar los controles necesarios; los estudiaremos con nuestros técnicos”, refirió.

Demagogia agraria

Por: Jaime de Althaus Guarderas
Viernes 9 de Julio del 2010
No cabe duda de que hay en el Perú una propensión malsana a arruinar los mejores logros. Uno de los grandes milagros de los últimos 15 años ha sido la revolución agroexportadora de la costa, luego de la abismal involución producida por la reforma agraria. En 15 años ha surgido una agricultura de exportación no tradicional altamente tecnificada e intensiva en trabajo a la vez —el mejor de los mundos. Pero ya se lanzó un movimiento para poner límites a la extensión de la propiedad agraria. Si se concreta, los inversionistas lo pensarán dos veces antes de invertir, porque quedaría abierta la competencia demagógica por bajar una y otra vez esos límites. Habremos frenado un fenómeno que, en realidad, está recién empezando.
Porque, para comenzar, el área que ocupa esa agricultura no pasa de 100 mil hectáreas de cerca de 900 mil que hay en la costa. Si a ella sumamos otras 100 mil de caña de azúcar, llegamos a las 200 mil. El espacio para la pequeña y mediana agricultura es muy grande, bastante mayor que el que había antes de la reforma agraria. Precisamente, eso es lo interesante de este proceso. Ha supuesto, como es lógico, un cierto proceso de reconcentración de tierras, pero no ha traído consigo la expulsión de personas del medio rural ni la eliminación de la pequeña agricultura. Por el contrario, los jóvenes se quedan en el campo, pues esa agricultura es trabajo-intensiva, y ha emergido una nueva clase trabajadora muy numerosa (más de 250 mil trabajadores) con derechos laborales en un país que casi solo ha producido informalidad. Y con la particularidad histórica de que esos trabajadores no son proletarios. Es decir, conservan, ellos o sus familiares, sus chacras, y en ellas empiezan a introducir mejoras tecnológicas aprendidas en los fundos agroexportadores o nuevas variedades de algodón o maíz. De modo que esa pequeña agricultura está ya en el umbral de la acumulación capitalista. Sin contar la cantidad de parceleros articulados directamente a cadenas agroexportadoras (páprika, marigold, mango, banano orgánico, etc.). Lo que hay es simbiosis, no exclusión.
Y en el caso de las azucareras, sí hay una empresa que ha comprado varios fundos, sumando una extensión mayor a la que tuviera el mayor propietario antes de la reforma agraria, pero no le ha comprado a pequeños o medianos, concentrando tierra, sino haciendas que ya existían. Y así ha podido recuperar ex cooperativas arruinadas y envilecidas por la corrupción, reparando la destrucción ocasionada por la demagogia. Ahora se han recapitalizado y los trabajadores y pensionistas reciben sus pagos puntualmente. Una bendición social.
Por último, todo lo anterior lo que ha hecho es subir astronómicamente el valor de las tierras, de modo que cuando los pequeños venden, sencillamente salen de la pobreza. No dejemos que el populismo vuelva a agredir al pueblo.

jueves, 8 de julio de 2010

“Nuevo dictamen se ajustará a Convenio 169 de la OIT”

El nuevo dictamen que aprobará la Comisión de Constitución sobre las observaciones a la Ley de la Consulta Previa respetará los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseveró su presidenta, la legisladora Mercedes Cabanillas.
Indicó que existe la voluntad en los integrantes de la comisión de ceñirse a lo establecido en el referido convenio de la OIT, sin ir más allá de la misma.
“Vamos a elaborar un dictamen en el marco constitucional y del Convenio 169 (...) se han adelantado algunas posiciones, y una fundamental sobre cómo precisar, de acuerdo al convenio, porque estamos legislando una norma de rango nacional, que no hay derecho al veto”, manifestó.
Cabanillas indicó que en el debate de conceptos en la Comisión de Constitución –que también dictaminará esta norma– se han logrado entendimientos sobre el significado y las implicancias de la consulta, como un diálogo intercultural y de aproximación para alcanzar el consenso, ante medidas legislativas y administrativas adoptadas por el Estado.
“Pero la autoridad del Estado y del Gobierno se ejerce en el imperio de su competencia y decidirá con sus atribuciones legales, porque si no, no habría una dinámica para el desarrollo, porque podría haber bloqueos”, añadió.
Cabanillas dijo que en la próxima sesión su grupo de trabajo agotará el debate y tomará una decisión, y señaló que no habrá una sesión conjunta con la Comisión de Pueblos Andinos.
Datos
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Elizabeth León, negó que la insistencia en la autógrafa de Ley de Consulta Previa, observada por
el Poder Ejecutivo, afectelas inversiones.
Indicó que los pueblos originarios han manifestado constantemente que no están en contra de la inversión privada, pero desean conversar con el Estado y conocer previamente los beneficiosque les traerá la llegadade inversionistas.Fecha:08/07/2010

Recomiendan no insistir con autógrafa de consulta previa

García Toma llama a congresistas legislar de manera responsableEl ministro de Justicia, Víctor García Toma, consideró que no es prudente que el Congreso insista con la autógrafa de la Ley de Consulta Previa que fue observada por el Poder Ejecutivo, pues tal como se aprobó puede generar problemas serios a la
El Poder Ejecutivo observó la norma porque ésta ampliaba la consulta previa de los pueblos nativos a las comunidades campesinas, y porque no se establecía explícitamente que el consentimiento fijado en la norma no era un veto a las decisiones legislativas y administrativas que adopte el Ejecutivo.
Sin embargo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso acordó insistir en la autógrafa de ley observada, que busca regular la aplicación del Convenio 169 sobre consulta a las comunidades nativas y tribales.
“Nos parece que no ha sido prudente o juicioso insistir en un proyecto en el que, más allá de las buenas intenciones, por la forma en que ha sido redactado se corre el peligro de que al momento de su aplicación genere mayores problemas que los que intenta resolver”, dijo el ministro en declaraciones a Andina.
Tras invocar a los parlamentarios que legislen de manera responsable en este tema, García Toma advirtió que los vacíos que plantea este tipo de normas pueden generar serios problemas en materias vinculadas con la inversión al momento de su aplicación.
No hay persecución
El titular de Justicia recalcó que no existe persecución política contra el religioso inglés Paul Mc Auley, y puntualizó que dicho sacerdote debería fomentar la concordia antes de involucrarse en actos de agitación y desorden social.
Señaló que de acuerdo con la ley, no es permisible que el citado religioso, en su condición de residente, organice actos que lleven al desorden público en la Amazonía, razón por la cual la autoridad dispuso cancelar su residencia en el país.
Residencia
La justicia de Maynas, Loreto, admitió una medida cautelar a favor del sacerdote Mc Auley, presidente de la Red Ambiental
de Loreto.
De esta manera se suspende el cumplimiento de la medida que dispuso cancelar su residencia, hasta que los tribunales se pronuncien sobre una acción de amparo y un recurso de hábeas corpus.

Ratifican que propiedad agraria debe tener límites

Congresistas del Partido Aprista rechazaron las críticas de gremios empresariales al dictamen que establece un límite máximo de 40,000 hectáreas para la propiedad de las tierras en las zonas agrícolas de la costa, pues la concentración de éstas puede ser perniciosa para el país.
El ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, sostuvo que si no hay una ley que establezca ese límite cualquier grupo económico puede seguir comprando tierras, acumulando y concentrando la propiedad en perjuicio de los intereses del país.
Descartó que dicha norma afecte la inversión privada y que se fundamente en conceptos que rememoran la reforma agraria de hace más de 40 años.
Explicó que la reforma agraria despojó la propiedad, la subdividió y la atomizó. "El tope era que nadie podía tener 150 hectáreas, y acá (de acuerdo con el dictamen) se establece 40,000 hectáreas (como límite máximo de extensión de las zonas agrícolas)".
Del Castillo señaló que el referido dictamen, aprobado por la Comisión Agraria del Congreso, no implica una supuesta trasgresión a la propiedad.
Argumentó que el fundamento constitucional de la iniciativa legislativa es impecable, en la medida que el artículo 88° de la Carta Magna establece que por ley se puede regular la extensión de la propiedad agraria, de acuerdo a las peculiaridades de la zona.
"Por lo tanto lo que se ha hecho es promover que en la costa se regule la extensión de la propiedad agraria de acuerdo con el bien común".
Precisó que en el Perú la propiedad es inviolable pero no es absoluta, pues cuando una familia compra un terreno éste se encuentra sujeto a la zonificación municipal, no se puede construir más de una altura establecida; y se tiene que edificar de acuerdo a los usos que la comuna ha aprobado.
Propuesta queresponde a ley
El también ex jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, al sustentar la disposición elaborada en la Comisión Agraria del Legislativo, explicó que toda concentración de la propiedad puede ser contraproducente y ésta puede regularse por ley.
A modo de ejemplo, mencionó que la Ley de Radio y Televisión establece que nadie puede tener más del 30% de las frecuencias; y aclaró que lo mismo sucede con el sistema eléctrico nacional en donde también hay medidas de regulación.
"En el propio sistema de bancos y seguros la ley señala que si uno es accionista de una entidad financiera no puede serlo de otra. Como vemos, lo que estamos planteando no es ningún conejo sacado del sombrero, es normal aquí y en cualquier país", enfatizó el legislador en respuesta a los dirigentes empresariales que criticaron la medida por antentar contra la propiedad privada.
Pronunciamiento
Gremios empresariales como la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias emitieron ayer un comunicado en que cuestionan el citado dictamen y señalan que sus fundamentos son "similares a los que justificaron la Reforma Agraria."