domingo, 9 de octubre de 2011

DERECHOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERU

ELABORADO POR:
BRUNO RICARDO MERCADO VILLARÁN

1.1. DEFINICION
En cuanto a la definición del derecho laboral o Derecho del trabajo debemos entender que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre una de las partes llamadas Empleador y otra denominada como trabajador. El Derecho de trabajo o más conocido como derecho laboral lo que busca es normar la actividad en si humana y lícita prestada por un trabajador en relación de dependencia o subordinación a un empleador, ello a cambio de una contraprestación, como un sueldo, a través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero, se debe tener presente que es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente o subordinado y de relaciones laborales.
El derecho laboral buscara poder dejar y evitar que todo esto un abuso ya que en cuanto a lo que concierne al derecho laboral del trabajo puede generar unas relaciones asimétricas entre las partes contratantes, ya que en ella lo que busca es proteger a la parte más débil, ya que dentro de esta relación existe una parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el trabajador).
1.2. HISTORIA

1.2.1. EPOCA DE LAS CORRERIAS
Las correrías fueron una etapa que quienes estuvieron allí no quisieran ni si quiera recordar. Es así que años más tarde después de haber ocurrido la conquista por los españoles, y producto de los intereses que se tenían en ciertas zonas de nuestro país, surge la figura de los caucheros y de los madereros.

Despiadamente perseguían a los pobladores indígenas, asaltaban sus tambos para robarles sus armas, sus instrumentos, a golpes del látigo se caminaban de faena y trabajos, pues los sacaban de sus guaridas, los vendían, abusaban de las mujeres, las capturaban a ellas y a niños para la venta e intercambio de mercadería; pues en pocas palabras los esclavizaban con el propósito de que trabajen para ellos si ninguna retribución a cambio, pues se trato de una época de desprotección, abuso total.

Es así, y como resultado de ello hubo un desplazamiento forzado de los nativos del Ucayali, y del Bajo Urubamba fin de verse librados de los abusos de éstos y proteger su integridad como la de su familia, por ello se refugiaron en zonas un altas, alejadas de todo contacto, internándose en las profundidades de la selva, donde solo ello sabían el camino, donde no los pudieran encontrar.

De esto modo es que es que surge la figura de las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y consecuentemente aquellas que se encuentran en contacto inicial producto de las intervenciones de agentes extraños (compañías petroleras, excursionistas, misioneros, investigadores, entre otros) con las cuales propician según sus interés un acercamiento.

1.2.2. LA EPOCA DEL CAUCHO Y LA BARBARIE
Describir la época del caucho, es hablar de maltratos, torturas y asesinatos de indígenas, y también de corrupción, abuso de poder e hipocresía; sin embargo, la humillación y comercio de seres humanos y los asesinatos de indígenas no son exclusividad de esa época, ya que existían desde antes y continuaron hasta después de la caída del interés económico en la extracción de las gomas.

El XIX es el siglo de la revolución industrial y del desarrollo del capitalismo, lo que implica la búsqueda de nuevas regiones abastecedoras de recursos naturales y, a la vez, de un nuevo tipo de relaciones políticas entre los países. Es un momento en el que el mundo se expande mediante la navegación intercontinental y la construcción de redes de comunicación internas basadas, sobre todo, en ferrocarriles y en caminos carreteros, que poco después irán a soportar el paso de automotores.
Los recursos de las ex colonias son disputados por los nuevos centros hegemónicos, que obtienen concesiones para explotar minas, tierras y bosques, aunque con frecuencia una misma empresa incursiona en dos o más de estos campos, como la Cerro de Pasco Mining Corporation, que además de extraer y procesar minerales en la sierra central del Perú, acumula tierras para criar ganado lanar despojando a sus antiguos propietarios, indígenas andinos quechua hablantes de comunidades aledañas.

El proceso de poblamiento de la Amazonía se debió también en parte a procesos internos, como los que señalan Santos y Barclay (1995: 56) para la selva central. Ellos refieren el caso de la expansión hacia la selva de la oligarquía de la vecina ciudad de Tarma, que había construido su poder económico y político en la sierra sobre la base de la propiedad de haciendas, el control de la mano de obra indígena y ganancias en la minería. Fue ese sector quien exigió al presidente Castilla que apoyara la reconquista de Chanchamayo, de donde los misioneros y los blancos en general habían sido expulsado durante la rebelión de Juan Santos Atahualpa, en 1742, que había concertado las fuerzas de diversos pueblos indígenas.

El despojo de los indígenas se volvió una práctica cotidiana que los agresores justificaban como deber civilizador. La consecuencia fueron las sublevaciones, aunque ya no como empresas de largo aliento, similares a la de Juan Santos Atahualpa, sino como acciones aisladas y esporádicas mediante los cuales los indígenas expresaron su rechazo al sometimiento y a la invasión de sus territorios.

El despojo de los indígenas se volvió una práctica cotidiana, que luego se agravaría a consecuencia del mayor afianzamiento de las políticas nacionales en la región.
La historia demuestra que ningún poderoso esgrime el poder como razón en sí para imponerse. Ninguno dice te domino porque sí; lo hago porque soy más fuerte, y porque lo soy, no tengo necesidad de explicarte nada.

Con este tipo de frases nos hace reflexionar, la manera en que pensaban estas personas sobre los indígenas denigrándolos totalmente siendo en esa época una práctica cotidiana, que no debe regresar jamás, pero en la actualidad el estado no está haciendo casi mucho o nada para revertir estos actos al no establecer de manera tajante cuales son los derecho que debe tener estas personas que son tan iguales como todo nosotros son a ellos a quienes le debemos parte de nuestra historia como peruanos.

Capítulo II
NORMATIVA NACIONAL Y EXTRANJERA RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS


2.1. EL ROL DEL ESTADO

En cuanto al rol del estado como ente protector de los derechos laborales las poblaciones indígenas hoy en día se encuentran en total desamparo por parte del estado, toda ves que no existe una norma con nombre propio que proteja o ampare de manera especial los derechos laborales y de la seguridad social de las poblaciones indígenas como ocurre con el caso de los trabajadores de construcción civil, o de los pesqueros o de los trabajadores de mina, quienes si tienen una normativa especial que los ampara y les otorga derechos especiales de acuerdo al trabajo que realizan y al riesgo que se encuentran inmersos, por ello es fundamental el rol de estado en cuanto a este tema sobre los derechos laborales de los pueblos indígenas. Lo único que existe actualmente es una norma o leyes que protegen a los trabajadores pero en cuanto a cierta actividad como el decreto legislativo 728, ley de productividad y competitividad laboral, que muchas veces a sido violentada por el empleadores si ello ocurre en nuestra cuidad siendo la mas inspeccionada como o en que situación se encontraran las poblaciones indígenas en cuanto a la vulneración de sus derechos laborales.

2.2. BASE LEGAL
En cuanto a la base legal sobre los derechos laborales de las poblaciones indígenas en el Perú es casi nula, por cuanto no existe una norma que los ampare ante cualquier irregularidad o maltrato sobre sus derechos laborales a pesar de estar protegidos de manera constitucional.



2.2.1.NORMATIVA NACIONAL

En cuanto a la normativa nacional existe regular normativa para la protección de los derechos laborales de todos los peruanos, pero claro es una protección en general para todos, pero en cuanto a la realidad que se vive en la sierra y en la selva, además en algunas ciudades de la costa es que se encuentran totalmente vulnerables, por cuanto a pesar, de existir regulación en cuanto a la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, indemnización por despido arbitrario, horario de trabajo, retribución económica mínima vital, pero como resguardar los derechos de las poblaciones indígenas, muchos nos preguntamos, no siendo en si muy difícil de contestar, en cuanto a la normas las mas importantes son las siguientes:

• TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Título V, aprobado por Decreto Supremo N 003-97-TR de 21.03.1997. Decreto Supremo N 001-96-TR de 24.01.1996, Reglamento del TUO del Decreto Legislativo N 728.
• Decreto Supremo N 001-96-TR de 24.01.1996,
• Decreto Supremo N 015-72-TR de 28.09.1972

2.3. NORMATIVA EXTRANJERA

2.3.1. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La cuestión de las poblaciones indígenas ha sido estudiada desde 1920, cuando los pobladores autóctonos americanos se pusieron en contacto con la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, en aquel acercamiento no hubo grandes resultados. Posteriormente, ya en el seno de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas hicieron llamamientos esporádicos sin muchos resultados. También el Gobierno boliviano llamó la atención sobre esta cuestión al hacer un llamamiento a la ONU con el fin de crear una subcomisión que se encargara directamente del tema.
La ONU ha tratado algunas cuestiones que afectaban indirectamente a las poblaciones indígenas tales como el estudio de la cuestión de las minorías, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. Sin embargo, en 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, del ECOSOC, recomendó el estudio general y completo del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Asimismo, en 1971 el Sr. José R. Martínez Cobo (Ecuador) fue nombrado "Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas".
El relator especial abordó una amplia gama de cuestiones de derechos humanos, incluyendo las siguientes:
 Una definición de las poblaciones indígenas
 El papel de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
 Los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos humanos
 Las áreas especiales de acción tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y práctica religiosos y la igualdad en la administración de justicia
Las conclusiones a las que se llegó fueron presentadas a través de un informe final presentado a la Subcomisión de de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de 1981 a 1984. Estas conclusiones marcaron un hito en el estudio de la cuestión indígena por parte de las Naciones Unidas. Muchas de ellas se han incorporado en resoluciones de la Subcomisión y otras se encuentran en estudio actualmente.
El estudio del Sr. Martínez Cobo dio lugar a la creación del Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indígenas en 1982. Este es un órgano subsidiario de la Subcomisión, establecido por la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para promover los derechos de estas poblaciones. Está compuesto por cinco expertos independientes, que son además miembros de la Subcomisión. Este Grupo de Trabajo llegó a la redacción de la "Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas", el cual se está revisando actualmente.
más información sobre el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
Con el fin de llevar a cabo la revisión de la Declaración, fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos el Grupo de Trabajo sobre el proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas en 1995.
Además, de esto, la Asamblea General de la ONU ha establecido el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas, con el fin de prestar asistencia financiera a los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas para que puedan asistir a los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
Asimismo, el Consejo Económico y Social estableció en el 2000 el Foro permanente para las Poblaciones Indígenas formado por 16 expertos el cual funciona como órgano subsidiario cuyo objetivo es ayudar al ECOSOC a coordinar las actividades de la ONU - especialmente asesorando el Consejo Económico y Social - y discutir temas relativos a las poblaciones indígenas tales como:
• El desarrollo
• La cultura
• El ambiente su desarrollo
• La promoción de sus derechos humanos
• El cuidado del medio ambiente
• La salud.
La Cumbre para la Tierra de 1992 marcó un momento histórico para las poblaciones indígenas ya que veinte representantes indígenas elegidas por poblaciones autóctonas de todo el mundo hablaron directamente desde el estrado de la Asamblea General. En esa ocasión expresaron sus preocupaciones ante el deterioro de sus tierras y del medio ambiente, así como las condiciones actuales de sus pueblos y los esfuerzos que serán necesarios para captar la atención internacional y lograr una mejor vida para las poblaciones indígenas de todo el mundo.
La Asamblea General proclamó 1993 el "Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo" y la década de 1995-2004 como el "Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo", para fortalecer la cooperación internacional para resolver los problemas de las comunidades indígenas.
Por otro lado, varios organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas, tales como el PNUD, el UNICEF, el FIDA, la UNESCO, el Banco Mundial, la OIT y la OMS trabajan constantemente para dirigir programas destinados a mejorar la salud, los derechos laborales y la alfabetización de los indígenas, así como para evitar el deterioro ambiental de las tierras nativas de estos grupos.

2.3.2. EL CONVENIO 169 DE LA OIT
Se debe entender que el Convenio núm. 169 de la OIT, es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación, y que el Perú ha ratificado dicho convenio, en cuanto a su contenido, trata específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido posible ratificar solo por 20 países. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación. Ello no ocurre en nuestro país ya que a pesar de haber pasado varios años aun no se ha hecho nada para buscar una normativa que proteja los derechos laborales de los pueblos indígenas en el peru.

2.4. CASOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN AMERICA LATINA

2.4.1. ARGENTINA
La población indígena de la Argentina habita, en su mayoría, en zonas de difícil accesibilidad geográfica, manteneniendo sus idiomas propios. Esto hace que el acceso a los beneficios de la Seguridad Social se vea dificultado, por no recibir información clara y adaptada. Por esto, suelen desconocer los derechos que los resguardan frente a las distintas contingencias sociales, y los mecanismos preestablecidos por la legislación para garantizar su goce.
Para revertir esta situación y cumplir con las disposiciones emanadas de la Constitución Nacional y del Convenio OIT Nro. 169, ANSES implementa el Programa de Inclusión y Capacitación de la Seguridad Social para los Pueblos Indígenas “Bienestar para Nuestra Gente”.
Con el objetivo de garantizar el acceso de los pueblos indígenas a las prestaciones de la Seguridad Social, ANSES lleva a cabo el programa de inclusión y capacitación de la Seguridad Social para los pueblos indígenas “Bienestar para Nuestra Gente”.
El mismo se desarrolla bajo una concepción integral del ser humano y de las características culturales de los pueblos indígenas, proponiendo acciones de amplio espectro que van desde el mejoramiento de los canales institucionales para la gestión de prestaciones económicas, la formación y capacitación sobre los derechos de la seguridad social hasta el intercambio, visibilización y puesta en valor de la participación de los pueblos indígenas y su aporte al patrimonio socio-cultural de la Nación.
El programa es de alcance nacional y se implementa mediante la presencia directa de personal de la ANSES en las comunidades indígenas, previa consulta y conformidad de los pueblos y comunidades en las que se pretenda implementarlo.
Objetivo general
Garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la Seguridad Social para los pueblos indígenas en condiciones de igualdad al de otros sectores sociales.
Objetivos específicos
Empoderar a los Pueblos Indígenas del conocimiento de sus derechos de la Seguridad Social respetando su cultura y características socio-económicas.
Proporcionar a los Pueblos Indígenas canales de acceso institucional adecuados para la realización de trámites y obtención de las prestaciones de la Seguridad Social.
Facilitar el achicamiento de la brecha tecnológica para los pueblos indígenas capacitando a referentes comunitarios en el uso de internet para el acceso al sitio web de ANSES.
Propiciar espacios de participación ciudadana de la seguridad social para los Pueblos Indígenas que permitan visibilizar y rescatar el aporte de los Pueblos Indígenas al patrimonio socio-económico y cultural de la Nación.
Propender a la paulatina inclusión de los Pueblos Indígenas en el sector de la economía formal que les permitirá el acceso a las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El propósito del Proyecto del Banco Mundial es proveer una adecuada protección social a grupos vulnerables, reducir la pobreza y promover la integración al mercado laboral.
Teniendo en cuenta que ANSES ya se encuentra desarrollando un Programa de la Seguridad Social dirigido a los pueblos indígenas, la salvaguarda indígena para el Proyecto “Protección Social Básica” financiado por Banco Mundial se resguardará mediante el Programa “Bienestar para Nuestra Gente”, adaptando los aspectos que se consideren necesarios en su diseño e implementación a las especificaciones de la OP. 4.10 para la formulación de un Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

Capítulo III

PROGRAMA PARA PROMOVER EL CONVENIO NÚM. 169 DE LA OIT
PRO 169

3.1 Servicios de salud 3.2 Los efectos negativos de la colonización. 3.3 Aplicación práctica: salud y seguridad social 3.4 El respeto por las ocupaciones tradicionales de los pueblos indígenas 3.5 El respeto por los derechos laborales 3.6 Los pueblos indígenas y las normas fundamentales del trabajo 3.7 Trabajo forzoso 3.8 El trabajo infantil en las
comunidades indígenas 3.9 La discriminación en materia de empleo y
ocupación 3.10 El acceso a los medios de formación profesional
3.11 Aplicación práctica: el empleo y los derechos laborales


3.1 SERVICIOS DE SALUD

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” . Esta definición refleja una interpretación holística de la salud que corresponde a muchos conceptos tradicionales que los pueblos indígenas tienen sobre la salud, los cuales incluyen aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales, así como las relaciones entre individuos, comunidades, el medio ambiente y la sociedad en general.

En este sentido, los principales factores determinantes de la salud van más allá de la influencia directa del sector de la salud e incluyen factores tales como el acceso a las tierras, la protección del medio ambiente y la integridad cultural. Por consiguiente, el desplazamiento de las tierras ancestrales, las políticas mal planeadas para el desarrollo y el reasentamiento, la represión de las instituciones tradicionales, las costumbres y las creencias, y los cambios drásticos relacionados con el estilo de vida son algunos de los factores que afectan la salud de los pueblos indígenas. Muchas comunidades indígenas, por ejemplo, se ven extremadamente más afectadas por la violencia, el suicidio y el consumo de drogas.


3.2. LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA COLONIZACIÓN.

Muchos pueblos indígenas han sufrido un serio efecto negativo en su salud y en su situación demográfica general. Por ejemplo, cuando en 1976 el Gobierno de la India reubicó al pueblo onge de la isla Pequeña Andamán, que eran cazadores, recolectores y pescadores, se produjo una disminución drástica de la población. Las tasas de mortalidad infantil se duplicaron en los siete años comprendidos entre 1978 y 1985, y muchas mujeres quedaron estériles. Uno de los factores determinantes fue la desnutrición causada por la reducción del espacio destinado a la vivienda y la correspondiente disminución de la disponibilidad de alimentos. Según el censo de 1991 de la India, el pueblo onge contaba con 99 habitantes, lo cual indica una gran disminución de las 672 personas registradas en 1885.

Los datos estadísticos sobre el estado de salud de los pueblos indígenas son escasos, sobre todo en lo que se refiere a África y Asia. Sin embargo, según la OMS, el estado de salud de los pueblos indígenas, tanto en países pobres como en los industrializados, es siempre peor que el de la población en general, y los datos existentes demuestran amplias disparidades entre el estado de salud de los pueblos indígenas y el de otros grupos de la población.
Los sistemas tradicionales de salud se han desarrollado a través de las generaciones para satisfacer las necesidades especiales de los pueblos indígenas en su entorno local. Los sistemas curativos tradicionales y la atención biomédica coexisten en todas las regiones del mundo. Según las estimaciones de la OMS, al menos un 80% de la población de los países en desarrollo utiliza los sistemas curativos tradicionales como principal fuente de atención sanitaria.
Asimismo, la mayoría de las comunidades indígenas cuentan con sistemas tradicionales para brindar seguridad social a sus integrantes, incluyendo mecanismos para distribuir la riqueza, compartir alimentos y ofrecer trabajo y asistencia en caso de infortunio. Existe muy poca información sobre la importancia de estos sistemas, pero podemos asumir que desempeñan un papel fundamental, por ejemplo, con respecto a la distribución de remesas de los trabajadores indígenas que emigraron de sus comunidades.

Los sistemas curativos y de seguridad social tradicionales de todo el mundo se han debilitado poco a poco debido a la falta de reconocimiento, la desintegración ambiental y los trastornos sociales. Además, los sistemas curativos y de seguridad social tradicionales pueden tener dificultades para responder a nuevos desafíos relacionados con los cambios, por ejemplo, en la introducción de nuevas enfermedades, valores sociales y roles asociados al género y a la edad.

Paralelamente, los pueblos indígenas suelen estar marginados en cuanto al acceso a la salud pública y a los servicios de seguridad social, y en muchos casos los servicios que se brindan no son adecuados o aceptables para las comunidades indígenas. Así por ejemplo, el personal de salud pública puede tener actitudes discriminatorias hacia las culturas y prácticas indígenas, y suele ser reacio a establecerse en áreas remotas; puede haber barreras idiomáticas; la infraestructura suele ser pobre y los servicios caros.

El derecho a la atención de salud básica es un derecho fundamental de la vida y los Estados tienen la obligación de suministrar los servicios adecuados a todos los ciudadanos. En los artículos 24º y 25º del Convenio Nº 169 estipula que los pueblos indígenas deben tener acceso igualitario a los planes de seguridad social y servicios de salud, los cuales deben tomar en consideración sus condiciones específicas y prácticas tradicionales. Toda vez que sea posible, los gobiernos deben facilitar los recursos para que estos servicios estén diseñados y controlados por los propios pueblos indígenas.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas incluye disposiciones similares:

Artículo 21.1
Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.


Algunas de las consecuencias operativas de los derechos de los pueblos indígenas a la seguridad social y la atención sanitaria son las siguientes:

• El desarrollo de mecanismos para la participación en los niveles de toma de decisiones (programas y políticas de salud y seguridad social).

• La asignación de recursos específicos a fin de superar las amplias disparidades que existen entre los pueblos indígenas y otros grupos de la población.

• El enfoque en el desarrollo de competencias; la capacitación de los trabajadores indígenas de la salud y el fortalecimiento de las instituciones indígenas para garantizar las propias instituciones de salud locales y los enfoques culturalmente adecuados de los servicios de salud y seguridad social.

• El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre los conocimientos y las medicinas tradicionales.

• La recopilación regular y sistemática de información desglosada de calidad para controlar la situación de los pueblos indígenas y el efecto de las políticas y los programas.

• La formulación de una agenda de investigación en la que se identifiquen las prioridades, por ejemplo, las prácticas y los sistemas curativos tradicionales, la salud mental, el consumo de drogas, las conexiones entre la pérdida de las tierras y la mala salud, el efecto de las macropolíticas en la salud.

El desarrollo de enfoques específicos para tratar a las mujeres y los niños indígenas, ya que en muchos casos están seriamente afectados por un mal estado de salud.

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de la ONU, 2001 en su Programa de Acción insta a los Estados a adoptar políticas orientadas a la adopción de medidas y planes de acción, incluidas las medidas positivas para garantizar la no discriminación, en particular sobre el acceso a los servicios sociales, la vivienda, la educación y la atención de la salud.


3.3. APLICACIÓN PRÁCTICA: SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

NICARAGUA: DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

La ley general de salud, señala que el Ministerio de Salud (MINSA) es el ente rector del sector salud en Nicaragua; sin embargo, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008 a 2015, el MINSA procede con el proceso de descentralización. En ese proceso, el MINSA suscribió, en noviembre del 2008, un Convenio Marco de Coordinación para la Regionalización de la salud en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Este convenio permite avanzar institucionalmente en la implementación de la regionalización de la salud, delegando a los Consejo Regionales y Gobierno Regionales Autónomos de la RAAN y la RAAS, las competencias y funciones, para la organización, dirección, gestión, provisión autonómica de los servicios, así como la gestión de los recursos humanos, físicos, financieros del sector. La parte medular de este convenio es que regionalmente se dará la dirección del proceso de integración, desarrollo y fortaleza de la medicina tradicional y natural; promoviendo la complementariedad y articulación entre los servicios y roles de agentes tradicionales de la medicina natural y tradicional y la occidental.

TANZANIA: LA REPOBLACIÓN DE GANADO A TRAVÉS DEL SISTEMA TRADICIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

El proyecto ERETO en Tanzania, apoyado por Dinamarca, se dirige a los pastoralistas indígenas maasai en el Área de Conservación del Ngorongoro (NCA). Se propone mejorar el acceso al agua para los seres humanos y el ganado, suministrar servicios veterinarios y apoyar una repoblación de ganados a las familias trashumantes pobres. ERETO se basa directamente en el concepto y la medición de pobreza maasai y en un mecanismo basado en clanes para la seguridad social y la redistribución de la riqueza que se emplea como el mecanismo de implementación clave para la repoblación. Las mujeres, como jefas de los hogares, desempeñan un papel clave en la repoblación, que hasta el momento ha beneficiado a 3400 hogares. Esto ha revertido la tendencia a la marginalización y ha reintegrado a estas familias a la práctica del pastoralismo, que para ellos significa no sólo un sistema económico, sino herencia, espiritualidad y es un determinante de la identidad.
Danida: Kit de herramientas: Mejores prácticas para incluir a los pueblos indígenas en el apoyo programático sectorial, 2004.

NEPAL: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIDAS POSITIVAS

Existe un amplio acuerdo político de que debe abordarse la actual desigualdad entre los pueblos indígenas y las comunidades dominantes de Nepal. En Nepal, los pueblos indígenas en general cuentan con menos riqueza, progreso escolar, salud e influencia política que el promedio nacional. Sin embargo, también existe una diversidad significativa entre los grupos indígenas de Nepal. Algunos grupos, tales como los thakali y los newar, en realidad, se encuentran por encima del promedio nacional en la mayoría de las estadísticas, mientras que otros, como los chepang o los raute, están seriamente marginados. A fin de abordar la gran diversidad y el apoyo a aquellos grupos que más lo necesitan, la organización paraguas de los pueblos indígenas, la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN), comenzó por categorizar, de manera independiente, a los pueblos indígenas en cinco categorías, que comprenden desde los privilegiados hasta los que están en peligro. Desde ese momento, el Gobierno y los donantes también han adoptado esta categorización. En 2008, el Ministerio de Desarrollo Nacional, por ejemplo, comenzó a realizar transferencias de dinero a las personas que pertenecían a los grupos indígenas más marginados y en peligro.

Algunas organizaciones indígenas solicitan que se tomen medidas positivas generalizadas para beneficiar a todos los pueblos indígenas. Esto resulta algo complicado debido a las grandes diferencias socioeconómicas que existen entre los grupos. Si bien las cinco categorías resultan útiles para diferenciar a los pueblos indígenas, el sistema no se basa en criterios objetivos ni en la recopilación de estadísticas iterativas. Por lo tanto, algunas voces ahora están solicitando un sistema más dinámico en el que las medidas positivas se basen en un conjunto de criterios socioeconómicos que se revisen regularmente. De esta manera, los grupos indígenas desfavorecidos reunirían las condiciones según su nivel de carencias en lugar de hacerlo por su condición de pueblo indígena. Sin embargo, se sigue debatiendo en el marco del proceso de la elaboración de la constitución y aún no se ha ideado una política integral.


ESTADOS UNIDOS: PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El suicidio representa una de cada cinco muertes entre los jóvenes indígenas de Estados Unidos y Alaska (de 15 a 19 años), una proporción de muertes mayor que para cualquier otro grupo étnico dentro de los Estados Unidos. De hecho, las diferencias en la tasa de suicidio entre los jóvenes indígenas de Estados Unidos y Alaska, y otros jóvenes indígenas se han observado durante tres décadas. Los programas de prevención del suicidio que son culturalmente adecuados y que incorporan conocimientos y tradiciones específicos de la cultura han demostrado ser muy satisfactorios y bien recibidos entre las comunidades indígenas de Estados Unidos y Alaska. Estos programas de prevención son muy exitosos porque incorporan los mensajes positivos relacionados con la herencia cultural que aumenta la autoestima y el sentido de dominio entre los jóvenes indígenas estadounidenses y alaskeños, y se concentran en factores protectores dentro de un contexto culturalmente adecuado. Además, enseñan métodos de superación pertinentes en cuanto a la cultura, tales como maneras tradicionales de buscar ayuda social.


BRASIL: ENAWENE NAWE

Los enawene nawe son un pequeño pueblo indígena de la Amazonía que vive en la selva del Mato Grosso, en Brasil. La primera vez que se los contactó fue en 1974, cuando contaban con solamente 97 habitantes. Hoy la población asciende aproximadamente a 500 personas.

Los problemas de salud y el sufrimiento a que los enawene nawe han hecho frente a raíz del contacto con los foráneos no les han llevado a desear acercarse a ciudades y hospitales. Además, se dieron cuenta del peligro de depender de los foráneos para la atención sanitaria. Por lo tanto, además de sus herboristas, chamanes y maestros del canto, algunos miembros de la comunidad se están formando en atención sanitaria y medicinas occidentales. Los nuevos especialistas se denominan “baraitalixi” o “pequeños herboristas”. La formación de los baraitalixi se lleva a cabo en sus casas largas, en su lengua y en presencia de todos. Los baraitalixi, asistidos por radio por profesionales de la salud, han estado asesorando y tratando a razón de hasta 80 personas por mes.

El hospital local ha habilitado una sala especial para pacientes indígenas, con ganchos para las hamacasde los enawene nawe, y espacio para que se alojen acompañantes. Además, el personal hospitalario recibe cursos básicos sobre los enawene nawe para facilitar la comunicación.


AUSTRALIA

Existen grandes disparidades en el estado de salud de los aborígenes y los pueblos del Estrecho de Torres y otros australianos, que incluyen sus ciclos vitales completos. Existe una brecha de 17 años en la esperanza de vida entre los pueblos indígenas y otros australianos, mayores tasas de mortalidad, comienzos más tempranos de las enfermedades y mayores incidencias de problemas relacionados con el estrés que afectan el bienestar social y mental .

En julio de 2003, los Ministros de Salud australianos acordaron crear un Marco estratégico nacional para la salud de los aborígenes y los pueblos del Estrecho de Torres (NSFATSIH) cuyo objetivo principal consiste en: “Asegurar que los aborígenes y los pueblos del Estrecho de Torres disfruten de una vida sana igual a la de la población general, que esté enriquecida por una cultura sólida de vida, dignidad y justicia”.

Tomando como base este aval, en diciembre de 2007, el Consejo de Gobiernos Australianos (COAG) se comprometió a trabajar con las comunidades indígenas para reducir la brecha de las carencias indígenas y reconoció que deben tomarse medidas especiales para mejorar el acceso de los pueblos indígenas a los servicios de salud, y que la participación activa de estos pueblos resulta fundamental para diseñar, ofrecer y controlar estos servicios.

El COAG declaró su compromiso de:
• Reducir la brecha de la esperanza de vida en una generación (para 2030)
• Reducir a la mitad la brecha de las tasas de mortalidad de los niños indígenas menores de cinco años para 2018.
• Reducir a la mitad la brecha de los resultados de alfabetismo y nociones elementales de cálculo aritmético para 2018.


Además, el COAG ha acordado:
• Brindar acceso a la educación preescolar a todos los niños de cuatro años que viven en comunidades indígenas remotas para 2013.
• Reducir a la mitad la brecha en el índice de logro educativo del Año 12 o similares para 2020.
• Reducir a la mitad la brecha en los resultados del empleo para 2018.

Además, en julio de 2008, el gobierno australiano creó el Consejo nacional para la igualdad en la salud de los pueblos indígenas para brindar asesoramiento sobre el desarrollo y control de los objetivos y metas relacionados con la salud .

En Nueva Gales del Sur se ha desarrollado una política especial para abordar el alto nivel de necesidades relacionadas con el bienestar y la salud mental de las comunidades aborígenes y los relativamente bajos niveles de utilización de los servicios de especialistas en salud mental. La Política de bienestar y salud mental de los aborígenes de 2006 a 2010 establece estrategias y medidas para:

• Mejorar las alianzas de trabajo, tales como aquellas entre los servicios de salud mental del área y los Servicios de salud controlados de la comunidad (ACCHS).
• Mejorar el liderazgo en la salud mental para garantizar reacciones y servicios adecuados para los pueblos aborígenes, sus familias y el personal sanitario en los servicios de emergencia y agudos, la prevención e intervención precoz y la rehabilitación y recuperación.
• Desarrollar programas de salud mental específicos para los pueblos aborígenes de todas las edades que sufren o están en riesgo de sufrir enfermedades mentales.
• Incrementar la competencia y los conocimientos a través de una variedad de datos y actividades de evaluación.
• Fortalecer el personal de salud mental aborigen, tanto en un número mayor de puestos en los Servicios de salud del área y en ACCHS, así como en la formación y el desarrollo de destrezas.


INDIA

Los pueblos indígenas de la India (conocidos como tribus reconocidas) han quedado bastante rezagados con respecto a la población nacional en cuanto a los indicadores clave de salud. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil entre las tribus reconocidas es un 58% mayor que para el resto de la población india. La atención sanitaria es un problema fundamental en las áreas remotas y aisladas donde viven la mayoría de los pueblos indígenas y la falta de alimentos, seguridad, sanidad y agua potable segura, la mala nutrición y los altos niveles de pobreza agravan la situación.

La mayoría de las comunidades indígenas de la India continúan dependiendo de los recursos forestales y naturales para vivir y subsistir. Sin embargo, a través de los procesos de modernización y desarrollo, y junto con la destrucción de los hábitats indígenas, los sistemas de medicina, las destrezas y los recursos naturales indígenas que utilizaban para los remedios tradicionales están desapareciendo rápidamente.
Aún no existen políticas específicas para abordar la atención sanitaria de los pueblos indígenas en la India, pero la situación de la salud de las tribus reconocidas se menciona en el 11º Plan de Cinco Años (2007 a 2012) y se ha establecido una estrategia integral en el Proyecto de la Política tribal nacional de 2006.

El enfoque del 11º Plan de Cinco Años consiste en “procurar un cambio paradigmático con respecto a la atribución global de poderes a los pueblos tribales”. El Plan prevé mayores esfuerzos para que haya instalaciones de atención primaria de salud accesibles y responsables para las tribus reconocidas, y reducir la gran brecha que existe en los servicios rurales de atención sanitaria. Se realizarán revisiones periódicas al sistema de prestación y el funcionamiento de las instituciones de asistencia sanitaria divididas en tres grandes áreas para optimizar el servicio en las zonas tribales: (i) infraestructura sanitaria; (ii) recursos humanos; y (iii) servicios, como medicamentos y equipos.

El Proyecto de la Política tribal nacional (2006) propone una estrategia detallada y específica, cuyo objetivo consiste en abordar los problemas particulares que enfrentan los pueblos indígenas en materia de salud y asistencia médica. Esto incluye mejorar el acceso a la atención sanitaria moderna al desarrollar nuevos sistemas e instituciones; una síntesis de los sistemas indios de la medicina como Ayurveda y Siddha con los sistemas tribales y la medicina moderna; la descentralización del control del personal médico en el pueblo y el distrito; métodos específicos del área para el suministro de agua potable limpia, que tome en consideración los diferentes tipos de terrenos de las zonas tribales.
La Política aún es un proyecto, pero una característica alentadora, que también se refleja en el Undécimo Plan, es el reconocimiento de la necesidad de contar con estrategias que combinen la medicina indígena con los sistemas alopáticos convencionales. Al alejarse de un enfoque de una mera prestación de servicios, tiene la posibilidad de hacer que la atención sanitaria en zonas tribales del interior sea más accesible y, al mismo tiempo, da incumbencia a los pueblos indígenas para contribuir con sus amplios conocimientos tradicionales.


El interés de la OIT por los pueblos indígenas comenzó ya en 1920, principalmente como una preocupación por sus situaciones de trabajadores explotados. Este interés condujo, entre otras cosas, a adoptar el Convenio de la OIT relativo al trabajo forzoso en 1930. Durante la década de 1950, la investigación constante demostró que los pueblos indígenas necesitaban una protección especial en los numerosos casos en que eran víctimas de la grave explotación laboral, incluidos la discriminación y el trabajo forzoso e infantil. En reconocimiento a la necesidad de ocuparse de la situación de los pueblos indígenas en una manera holística e integral, en 1957, se adoptó el Convenio Nº 107 de la OIT.
El Convenio incluye una sección especial sobre las condiciones del empleo y se adoptó con miras a “perseguir el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo una acción simultánea sobre todos los factores que les han impedido hasta el presente participar plenamente en el progreso de la colectividad nacional de que forman parte”
Debido a la constante y fundamental relevancia de los derechos laborales para los pueblos indígenas, el Convenio núm. 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también incluyen disposiciones especiales sobre el empleo y los derechos laborales.


3.4 EL RESPETO POR LAS OCUPACIONES TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La mayoría de los pueblos indígenas han desarrollado ocupaciones y estrategias de subsistencia muy especializadas, las cuales están adaptadas a las condiciones específicas de sus territorios tradicionales y, por lo tanto, dependen en gran parte del acceso a las tierras, los territorios y los recursos. Estas ocupaciones tradicionales incluyen la artesanía, las industrias rurales y comunitarias, y actividades tales como la caza, la pesca, la caza con trampas, la agricultura rotativa y la recolección. En algunos casos, a los pueblos indígenas se los identifica simplemente por sus ocupaciones tradicionales, como por ejemplo, los pastores, los agricultores rotativos y los cazadores-recolectores.

En muchos casos, la falta de respeto por los derechos y las culturas de los pueblos indígenas condujo a la discriminación contra sus medios de vida tradicionales. Por ejemplo, éste es el caso en algunas zonas del sudeste asiático, donde las prácticas de la agricultura rotativa están prohibidas por ley, y en algunas zonas de África, donde no se reconocen los derechos de los pastoralistas a la tierra y al pastoreo.

El Convenio núm. 169 estipula que estas ocupaciones tradicionales deben reconocerse y fortalecerse:

Artículo 23 del Convenio núm. 169 de la OIT:

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

3.5 EL RESPETO POR LOS DERECHOS LABORALES

En muchos casos, la mayor presión ejercida sobre las tierras y los recursos de los pueblos indígenas implica que las estrategias tradicionales para el sustento ya no son viables, y las inversiones y las oportunidades de trabajo en los territorios indígenas suelen ser escasas. Muchos trabajadores indígenas tienen que buscar ingresos alternativos y algunos, o incluso la mayor parte, de los miembros de muchos grupos indígenas viven fuera de sus territorios tradicionales, donde tienen que competir para conseguir trabajo y acceder a oportunidades económicas.

Aún cuando continúen viviendo en sus territorios tradicionales, muchos pueblos indígenas tienen que dedicarse a actividades económicas nuevas como ocupaciones primarias, secundarias o terciarias. Por ejemplo, un agricultor rotativo tal vez se dedique a la pesca o al trabajo asalariado durante la estación seca, después de cosechar su cultivo de corte y quema, y antes de comenzar el próximo ciclo de cultivo.

Hay una ausencia general de datos y estadísticas confiables sobre la situación particular de los pueblos indígenas en materia de empleo. Sin embargo, cuando hay datos disponibles, éstos indican que se discrimina a los pueblos indígenas y que existe una desproporción en la representación que tienen entre las víctimas del trabajo forzoso e infantil. Entre los obstáculos y las desventajas que enfrentan en los mercados laborales nacionales e internacionales se incluyen los siguientes:

• Muchos trabajadores indígenas no pueden competir en igualdad de condiciones, ya que sus conocimientos y competencias no se valoran de manera adecuada, y tienen un acceso limitado a la educación formal y a la formación profesional.

• A menudo se introduce a los trabajadores indígenas en el mercado laboral en condiciones precarias negándoles sus derechos laborales fundamentales.

Los trabajadores indígenas generalmente ganan menos que otros trabajadores y el salario que reciben en relación con los años de educación terminados es más bajo que el de sus compañeros no indígenas. Esta diferencia se acentúa en niveles más altos de educación.

La discriminación y la explotación en materia de empleo y ocupación afecta a hombres y mujeres indígenas de manera diferente, y el género suele ser una causa adicional de discriminación de las mujeres indígenas, es así que muchas mujeres indígenas:

• Tienen un acceso más restringido a la educación y la formación en todos los niveles.
• Se ven más afectadas por el desempleo y el subempleo.
• Ejercen con más frecuencia un trabajo no remunerado.
• Reciben un salario más bajo por el mismo trabajo
• Tienen un acceso más limitado a los bienes materiales y el reconocimiento formal necesarios para desarrollar su ocupación o para acceder al empleo.
• Tienen un acceso más restringido a los puestos administrativos y de liderazgo.
• Se enfrentan a peores condiciones laborales, por ejemplo, en lo que concierne a las horas de trabajo, así como la seguridad y la salud en el trabajo.
• Son particularmente vulnerables al abuso y acoso sexual y a la trata, ya que a menudo tienen que buscar empleo lejos de sus comunidades.
• Están limitadas por prácticas culturales discriminatorias que, por ejemplo, obstruyen la educación de las niñas o impiden que las mujeres hereden tierras o participen en los procesos de toma de decisiones.


A fin de resolver esta situación, el Convenio núm. 169 de la OIT incluye una serie de disposiciones que se ocupan de los derechos laborales de los pueblos indígenas.

Artículo 20 del Convenio núm. 169 de la OIT:
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

a. Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso.
b. Remuneración igual por trabajo de igual valor.
c. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda.
d. Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

a. Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen.

b. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas.

c. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas.

d. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

i. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

El Convenio hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas especiales que protejan a los trabajadores indígenas cuando no estén protegidos eficazmente por la actual legislación laboral nacional. El objetivo consiste en evitar la discriminación y garantizar que reciban el mismo trato que los demás trabajadores.
Además, el Convenio especifica las siguientes condiciones:

• No se deberá discriminar a los trabajadores indígenas y tribales cuando busquen y soliciten cualquier empleo, desde el trabajo manual hasta los puestos de jerarquía. Los hombres y las mujeres deben tener las mismas oportunidades.
• No deben recibir un salario menor que otra persona que hace un trabajo del mismo valor, y esto no debe quedar restringido a los tipos de trabajo con menores salarios.
• No deben trabajar en condiciones de explotación, esto es particularmente importante cuando se trate de trabajadores estacionales, eventuales o migrantes, por ejemplo, en las plantaciones en época de cosecha.
• Los hombres y las mujeres deben recibir el mismo trato y, en especial, se debe proteger a las mujeres del acoso sexual.
• Tienen el derecho de formar o unirse a sindicatos y de participar en actividades sindicales.
• Deben recibir información sobre los derechos de los trabajadores y de las maneras de solicitar asistencia.
• No deben trabajar en condiciones que sean peligrosas para su salud sin recibir información previa sobre las precauciones necesarias que se deben tomar.


La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene disposiciones similares en materia de derechos laborales:

Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.


3.6 LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS NORMAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO

Además del Convenio Nº 169, los trabajadores indígenas están protegidos por un cuerpo más amplio de normas internacionales del trabajo. En particular, los ocho Convenios fundamentales de la OIT abordan las cuestiones de trabajo forzoso, discriminación, trabajo infantil y libertad sindical. Los Convenios fundamentales son los siguientes:

 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Nº. 100)
 Convenio relativo a la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Nº . 111)
 Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Nº . 182)
 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Nº. 105)
 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Nº. 29)
 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº. 87)
 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Nº. 98)

Estos Convenios han sido ratificados por casi todos los Estados miembros de la OIT. Tal como lo reafirma la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1999, aun los Estados que no hayan ratificado los Convenios tienen la obligación de respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales de esos convenios, también para los pueblos indígenas.

3.7 TRABAJO FORZOSO

El trabajo forzoso tiene lugar cuando las personas son sometidas a la coerción psicológica o física para realizar algún trabajo, que de otra manera no habrían elegido libremente. El trabajo forzoso incluye situaciones tales como la esclavitud, prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre y la servidumbre por deudas. La investigación de la OIT indica que los pueblos indígenas de muchas zonas corren un alto riesgo de convertirse en víctimas del trabajo forzoso, como resultado de la discriminación que sufren desde hace largo tiempo.

Hoy en Latinoamérica, al igual que hace siglos, las principales víctimas del trabajo forzoso son los pueblos indígenas. En el sur de Asia, la servidumbre por deudas sigue siendo particularmente grave entre los dalits y los adivasis. Es sabido que las mujeres y las niñas de las tribus de las colinas de la región de Mekong, del sudeste asiático, son especialmente vulnerables al tráfico para la explotación sexual. En África Central, el trabajo forzoso parece ser un problema concreto para los baka, los batwa y otros pueblos denominados “pigmeos”.

El Convenio Nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, que data de 1930, obliga a los Estados miembros de la OIT a suprimir, lo más pronto posible, el empleo de trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. En 1957, el Convenio Nº 29 se complementó con el Convenio Nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso. Este Convenio resume los propósitos específicos por los que nunca debe imponerse el trabajo forzoso. Por lo tanto, el trabajo forzoso nunca deberá utilizarse con fines de fomento económico, como medio de educación política, como medida de discriminación o de disciplina en el trabajo, ni como castigo por haber participado en huelgas.

3.8 EL TRABAJO INFANTIL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

En general, es menester distinguir entre la labor infantil aceptable y el trabajo infantil. Utilizar a los niños como esclavos y para el trabajo forzoso, someterlos al tráfico de niños y al reclutamiento forzoso para conflictos armados, usarlos para la prostitución y la pornografía o en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, o simplemente forzarlos a hacer trabajos que dañan su salud, su seguridad o su moral significa exponerlos a las peores formas de trabajo infantil. En contraposición a esto, la mayoría de los niños indígenas desempeñan roles laborales que reflejan nociones culturales elaboradas del desarrollo infantil diferenciado por grupos etarios, género, condición social y, con frecuencia, acompañado por rituales, tales como los que marcan el ingreso a la edad adulta. Esas tareas livianas, que no son perjudiciales, contribuyen al desarrollo de los niños y les proporcionan destrezas, actitudes y experiencia para poder ser miembros útiles y productivos de su comunidad en su vida adulta. Tales tareas no pueden equipararse de ninguna manera con el trabajo infantil perjudicial.

El trabajo infantil indígena predomina en las zonas rurales, pero además es cada vez mayor en las zonas urbanas. Los huérfanos y los niños de madres solteras son los más vulnerables. Si bien los niños indígenas trabajan tanto en el sector formal como en el informal, suelen ser más numerosos en este último, donde generalmente trabajan muchas horas y se les paga sólo en especie. Los niños indígenas constituyen un porcentaje cada vez mayor de la mano de obra migrante que trabaja en plantaciones y otras formas de agricultura comercial.

En Guatemala, por ejemplo, el trabajo infantil de explotación incluye el trabajo en la agricultura comercial, la fabricación de pirotecnia y la artesanía.

El trabajo infantil afecta de manera diferente a los niños que a las niñas, debido a la discriminación generalizada de género, incluso en algunas prácticas culturales indígenas, es menos probable que las niñas de las zonas rurales asistan a la escuela; en cambio, muchas emigran a las zonas urbanas para trabajar como empleadas domésticas. Esto hace que sean menos “visibles” y más vulnerables a la explotación, el abuso sexual y la violencia. Algunos niños indígenas combinan la escuela con el trabajo, pero la mayoría de los trabajadores infantiles tienen poca o ninguna instrucción.

A pesar de que existen mayores esfuerzos generalizados para eliminar el trabajo infantil, los niños indígenas no se benefician tanto como los niños que no son indígenas. De hecho, hasta hace poco tiempo, el trabajo infantil entre los pueblos indígenas recibía poca atención de parte de los gobiernos y de las instituciones internacionales, así como de los mismos pueblos indígenas. Sigue siendo en gran medida una cuestión invisible y no existe información integral acerca de la magnitud del problema ni de las condiciones y tipos de trabajo que realizan los niños indígenas. Sin embargo, una serie de casos y ejemplos provenientes de todo el mundo indican que los niños indígenas se ven mucho más afectados por los altos índices de trabajo infantil. Asimismo, algunos estudios recientes han demostrado que los niños indígenas enfrentan el peligro concreto de acabar siendo sometidos a las peores formas de trabajo infantil. A fin de combatir el trabajo infantil entre los niños indígenas, se necesitan enfoques específicos que respeten los derechos y las necesidades especiales de estos pueblos.

El Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio Nº 138 sobre la edad mínima son los instrumentos principales de la OIT para combatir el trabajo infantil.

3.9 LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN

El documento principal de la OIT para luchar contra la discriminación es el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958 (núm. 111). El Convenio núm. 111 define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
La igualdad de oportunidades o de trato” incluye dos aspectos:

1. La noción de tratamiento igualitario que exige que todas las personas deben ser tratadas de igual manera.

2. La noción de igualdad de oportunidades que exige que se debe ofrecer a todos medios y oportunidades equiparables. La noción de igualdad de oportunidades sugiere que todos deben estar en el mismo nivel para acceder a las oportunidades de trabajo.

Al concentrarse en el efecto más que en el proceso, resulta irrelevante si la discriminación fuera intencional o no, y el Convenio Nº 111 aspira a eliminar tanto la discriminación directa como la indirecta.

La discriminación directa hace referencia a las normas, políticas o prácticas que excluyen o perjudican a determinadas personas por pertenecer a un grupo en particular o por tener ciertas características.

La discriminación indirecta suele estar encubierta y es más sutil, por lo que resulta más difícil de identificar. Se produce cuando las medidas aparentemente neutrales (normas, políticas o prácticas) tienen un efecto más adverso en uno o más grupos particulares. Incluso las medidas bienintencionadas pueden tener efectos discriminatorios.

El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana FORMABIAP ha formado maestros bilingües interculturales durante varios años, tomando en cuenta las especificidades lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas de la Amazonía. Sin embargo, se introdujeron nuevas normas nacionales para la selección de candidatos a fin de mejorar la calidad educativa general en el país. Estas normas disponían requisitos de admisión que resultaban prácticamente imposibles de cumplir para la gran mayoría de los estudiantes indígenas. La mayor parte de esos estudiantes provienen de áreas remotas y recibieron educación en una lengua que no dominan completamente, en instituciones educativas que no poseen la infraestructura ni los materiales adecuados, y donde los maestros tienen actitudes discriminatorias y no cuentan con una formación especializada. Como resultado de los nuevos criterios de admisión, los estudiantes indígenas quedaron de facto excluidos de recibir formación para ser maestros bilingües. En respuesta a esta situación, en 2008, FORMABIAP desarrolló un curso especial para los estudiantes indígenas, el cual aspira, como medida especial, a colocar a los estudiantes indígenas en el mismo nivel que los estudiantes no indígenas, para que los primeros puedan competir en igualdad de condiciones. Aun así, por tercer año consecutivo, ningún estudiante indígena aprobó el examen de admisión en 2009.

Las disposiciones del Convenio núm. 111 tienen una gran relevancia para los pueblos indígenas a la hora de enfrentar la discriminación por su raza, religión u origen nacional y social. Junto con el Convenio núm. 169, el Convenio núm. 111 exige adoptar medidas especiales o positivas para satisfacer las necesidades particulares de los grupos indígenas y otros grupos que son víctimas de la discriminación. Tales medidas pueden ser, por ejemplo, subsidios especiales para la educación o empleos reservados en el sector público.


3.10 EL ACCESO A LOS MEDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Si no existe un acceso igualitario a la formación, cualquier posibilidad real de obtener un empleo o una ocupación resulta ilusoria, puesto que la formación es una de las claves para fomentar la igualdad de oportunidades.

El Convenio núm. 169 incluye disposiciones específicas en materia de la formación profesional:

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
 Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

 Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.

 Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

El Convenio no sólo incluye la formación profesional de aplicación general, sino también los programas especiales de formación que se basan en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades prácticas de los pueblos indígenas, ya que es más probable que este tipo de formación promueva la igualdad de oportunidades para ellos. Al desarrollar esta formación es importante consultar a los pueblos indígenas y, cuando proceda, transferirles la responsabilidad de esos programas.


3.11 APLICACIÓN PRÁCTICA: EL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES

NEPAL: LOS KAMAIYAS

El sistema Kamaiya era un sistema de servidumbre por deudas que se practicaba comúnmente en las tierras bajas del oeste de Nepal hasta que se abolió en 2000. Más del 98% de los kamaiyas pertenecían a la comunidad indígena tharu, y los efectos del sistema continúan afectándolos en lo que concierne a la falta de acceso a las tierras, la explotación en el trabajo, la falta de educación y la pobreza generalizada.

Los tharus son indígenas de la región de planicie baja de Nepal, conocida como Terai. Terai ha sufrido una transformación radical en los últimos 60 años. Pasó de ser una selva con pocos habitantes e infestada de malaria a convertirse en el granero y centro industrial del país. Antes de la década de 1950, la región estaba habitada casi exclusivamente por pueblos indígenas de los cuales los tharus eran el mayor grupo. En la actualidad, más de la mitad de la población de Nepal vive en la estrecha franja de la planicie. Las oleadas de colonización de los pueblos de las colinas de castas superiores despojaron a los tharus de sus tierras ancestrales, de las que muy pocas veces tenían títulos de propiedad legal. Los nuevos pobladores contaban con más educación y, con frecuencia, conexiones políticas, por medio de las cuales podían acceder a las tierras y a los títulos de propiedad. De hecho, grandes extensiones de tierra pertenecían a los propios ministros y políticos. En unos pocos años, muchas familias tharus contrajeron grandes deudas con los nuevos terratenientes y quedaron reducidos a la condición de servidumbre por deudas.

Con la llegada de la democracia multipartidaria de 1990, algunas ONG comenzaron a cuestionar el sistema de servidumbre por deudas a través de un enfoque de desarrollo comunitario, que incluía programas de toma de conciencia, alfabetización y proyectos para la generación de ingresos para los kamaiyas.
El avance hacia una abolición real de la servidumbre por deudas fue lento, pero en 2000 un grupo de kamaiyas comenzó una huelga de brazos caídos frente a las oficinas del gobierno local, para exigir la libertad de la servidumbre por deudas, el salario mínimo y la reconocimiento de las tierras en donde vivían. Rápidamente, se les unió una coalición de organizaciones de derechos humanos, ONG y sindicatos, y las acciones se extendieron hasta transformase en un movimiento por la libertad que culminó con la Declaración por la libertad de los kamaiya que el gobierno promulgó el 17 de julio de 2000. Más de 25 000 trabajadores del sistema de servidumbre por deudas y sus familias quedaron libres de la noche a la mañana, y el gobierno declaró que las deudas que tenían con sus arrendadores quedaban sin efecto, además de amenazar con 10 años de prisión a toda persona que mantuviera servidumbre por deudas.
Cuando el gobierno promulgó la Declaración de la libertad, también estipuló planes de rehabilitación, incluso concesiones de tierras para los kamaiyas libres. Sin embargo, en 2008, aproximadamente la mitad de los kamaiyas libres aún no tenían tierras. Además, las tierras otorgadas, por lo general, han sido de escasas dimensiones. Por lo tanto, la situación principal que dio origen a la servidumbre por deudas en primer lugar, a saber, la alienación de los tharus de sus dominios ancestrales continúa siendo un problema. La constante vulnerabilidad económica del grupo hace que sean susceptibles a otras formas de explotación laboral, incluidos el trabajo forzoso, el trabajo infantil y un salario menor que el salario mínimo.

LATINOAMÉRICA: EL TRABAJO INFANTIL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

De los aproximadamente 40 millones de indígenas de Latinoamérica, casi la mitad (entre 15 y 18 millones) son niñas, niños y adolescentes. Por lo general, se estima que los niños indígenas tienen el doble de probabilidades de trabajar que los niños no indígenas.

A fin de combatir el trabajo infantil entre los niños indígenas, debe desarrollarse una formación profesional de alta calidad, que sea relevante para el contexto lingüístico y cultural de los pueblos indígenas. En América Central, se están tomando iniciativas para crear una educación y una formación profesional que se adecue a las necesidades de los pueblos indígenas. En Nicaragua, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) son instituciones educativas específicas, creadas para brindar programas especiales a los pueblos indígenas de las Regiones Autónomas.

URACCAN contribuye a fortalecer la Autonomía Regional mediante procesos complementarios de autodesarrollo, el desarrollo de competencias local, la unidad multiétnica y la formación integral de hombres y mujeres de la Región. Su misión consiste en contribuir al fortalecimiento de la Autonomía mediante la formación de los recursos humanos de la Región y para la Región; dando espacio al desarrollo de los conocimientos, las destrezas y las actitudes a fin de preservar los recursos naturales y al mismo tiempo fomentando la sostenibilidad; y creando la capacidad local para que pueda lograrse el pleno ejercicio de los derechos humanos, indígenas y autonómicos.

Además de los cursos universitarios formales bilingües y culturalmente relevantes sobre medicinas tradicionales y legislación indígena, estas universidades ofrecen programas sobre liderazgo, alfabetización y organización comunitaria para adultos sin educación formal previa.





PERÚ: COMBATIR EL TRABAJO FORZOSO EN LA AMAZONÍA

Durante siglos, los pueblos indígenas han sido los más afectados por las prácticas del trabajo forzoso en Latinoamérica. La región tiene el segundo número más alto de víctimas del trabajo forzoso del mundo: más de 1.2 millones de personas, según las estimaciones de la OIT. Una investigación exhaustiva realizada en las zonas rurales de Bolivia, Paraguay y Perú ha confirmado que los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a una forma de trabajo forzoso denominado servidumbre por deudas. Existen intermediarios de mano de obra que reclutan a los trabajadores indígenas y, a través de adelantos salariales y demás manipulaciones, los inducen a contraer deudas artificiales que no pueden pagar. Las extensas horas de trabajo no resultan suficientes para pagar estas deudas y, por lo tanto, los trabajadores quedan atrapados en una deuda mayor y un plazo más largo para pagarla.

Este sistema perpetúa la pobreza o extrema pobreza de los trabajadores y les impide desarrollarse humana y socialmente.

En Perú, un estudio realizado en 2004 por la OIT y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú confirmó la existencia de prácticas de trabajo forzoso en el contexto de la actividad maderera ilegal en la región tropical de la Amazonía, con un número estimado de 33,000 víctimas, la mayoría de las cuales pertenecen a los pueblos indígenas.

El estudio reveló dos formas principales de trabajo forzoso en actividades madereras en la Amazonía :

• La modalidad más común consiste en contratar a las comunidades indígenas para proporcionar madera de sus propias tierras . A cambio, las comunidades reciben dinero, alimentos u otros artículos que se les adelanta con la condición de que los miembros de la comunidad, que conocen la zona, entreguen madera.

• La segunda modalidad consiste en situaciones en las que se contrata a los indígenas y a otros trabajadores para trabajar en campamentos madereros.


Ambas modalidades utilizan el engaño para atrapar a los trabajadores en un círculo de deudas y servidumbre que suele pasar de generación en generación.

Estas prácticas de trabajo forzoso están vinculadas a la cuestión mayor de la discriminación contra los pueblos indígenas en el mercado laboral. Con frecuencia, se encuentran en el último peldaño de la escala ocupacional, con salarios bajos, empleo irregular y sin protección, y víctimas de la discriminación en materia de remuneración.

En 2006 y 2007, la oficina de la OIT en Perú y la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) firmaron dos acuerdos para abordar específicamente el tema del trabajo forzoso. Ambas organizaciones se comprometieron a realizar una serie de actividades conjuntas sobre la toma de conciencia, la divulgación de información y los esfuerzos para organizar a los trabajadores del sector forestal.

Como resultado, en agosto de 2008, se inició un proyecto piloto sindical para combatir el trabajo forzoso en el sector forestal de Bolivia y Perú, financiado por la Federación Holandesa de Sindicatos (FNV). El proyecto fue implementado en la Región Ucayali por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Maderera y Afines del Perú (FENATIMAP), una organización que reúne a trabajadores de varios sindicatos y asociaciones vinculados al sector forestal, ubicados principalmente en la región de la Amazonía peruana. Durante muchos años, la FENATIMAP ha coordinado sus acciones con representantes de las comunidades indígenas y ha ampliado aún más sus relaciones con las organizaciones indígenas en el transcurso de la implementación de este proyecto.

El objetivo del proyecto consiste en contribuir a la reducción del número de trabajadores en situaciones de trabajo forzoso a través de una serie de actividades de toma de conciencia y desarrollo de competencias. Estas actividades incluyen la formación de promotores sindicales sobre cuestiones tales como el trabajo forzoso, los derechos fundamentales de los trabajadores y los pueblos indígenas, los mecanismos legales para responder a las violaciones de esos derechos y las formas organizativas de fomentar las acciones colectivas. Los dirigentes indígenas participan en la formación y luego organizan las actividades de formación y toma de conciencia en sus respectivas comunidades y organizaciones, junto con los promotores de FENATIMAP .

Como resultado de la implementación coordinada del proyecto, las organizaciones indígenas se están vinculando formalmente a la FENATIMAP a fin de facilitar más acciones conjuntas para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y los pueblos indígenas. Las actividades de toma de conciencia se organizan en varios lugares de la región y la red de comunidades y organizaciones indígenas que participan en estas acciones es cada vez más extensa. Los vínculos establecidos también resultan valiosos para recolectar información sobre las situaciones de trabajo forzoso y las actividades madereras ilegales de la región. Además, el proyecto ha divulgado información sobre el trabajo forzoso y los derechos de los pueblos indígenas en los medios de difusión locales, logrando así que estas cuestiones sean más visibles a los ojos de las autoridades y del público en general.

El proyecto demuestra que la coordinación entre las organizaciones indígenas y los sindicatos pueden facilitar el acceso de los pueblos indígenas a los mecanismos legales, proporcionar una red más amplia de apoyo y abrir nuevas posibilidades de diálogo dentro de las instituciones en las que, tradicionalmente, no han participado. Los sindicatos han logrado un mayor entendimiento de las realidades y los problemas que enfrentan los pueblos indígenas, y pueden plantear sus preocupaciones en diversos contextos, incluidos los diferentes mecanismos de diálogo social en los que participan
















CONCLUSIONES

 Se debe tener presente que actualmente no existe una normativa que ampare los derechos laborales de las poblaciones indígenas, por así decirlo en esas palabras ya que si existe regulación de derechos laborales pero no en especial para estas poblaciones, en cuanto a la posibilidad de que estos pobladores indígenas puedan ser contratados mediante dicha normativa, solamente sería posible en cuanto a que dichas empresas se encuentren cerca de estas poblaciones, y sean formales o cumplan de cierta manera con la normativa laboral ya que todos sabemos que ello no es así, pero serian contratados mediante la normativa actual sobre la ley de productividad y competitividad laboral D.L. 728. Quien no regula ninguna protección adicional a este grupo de personas tan descuidado y desprotegido por parte del estado, entonces se hace muy difícil el poder ayudarlos.

 Se debe tener presente que existe un alto índice de evasión de protección de los derechos laborales por parte de la empresa privada con sus trabajadores a pesar de ser inspeccionados imaginemos solo un instante en qué situación estarán los trabajadores indígenas, ya que no existe una debida inspección por parte del estado en cuanto a la protección de estos trabajadores a pesar de ser la obligación del estado de protegerlos, pero como no tiene ningún interés no lo realiza, habiendo normas como la ratificación del convenio 169de la OIT, la cual es considerada parte de nuestra normativa nacional al haber sido ratificada pero como es evidenciado en el presente trabajo ello no es así.

 Que podrían establecerse mecanismos así como existe actualmente para los trabajadores de regímenes especiales como los de construcción civil o de los pescadores y de los trabajadores en mina por señalar algunos ejemplos dando una norma especial como las mencionadas se podría dar un mayor apoyo a estas comunidades como mejorar las inspecciones por parte del estado hacia estas empresas, y de realizarlo por que como en la etapa de investigación del presente trabajo me entreviste con varias autoridades del ministerio del Trabajo quienes no supieron darme una respuesta ya que en su mente estas personas pues casi ni existen o no hay, viviendo de manera totalmente al paralelo sin saber exactamente la realidad de su país quien tienes mas de un centenar de poblaciones indígenas reconocidas muchas de ellas por el estado y por supuesto otras no.

 Que podría establecerse como mencione en mi exposición ciertos mecanismos de defensa por así decirlo con estos trabajadores para poder proteger sus derechos laborales como que se le obligue a estas empresas proporcionen una carta fianza laboral, que sirva como una garantía para proteger los derechos laborales de los pobladores indígenas, proporcionada de manera especial para un grupo de terminado de pobladores indígenas ello dependiendo de cada caso en particular y cantidad de trabajadores que la empresa haya podido contratar en caso que la empresa entre en liquidación o no quiera pagar los derechos de estos trabajadores, dicha carta podrá ser ejecuta por estos pobladores así se estaría salvaguardando los derechos de estos trabajadores, quienes muchos no tienen un gran conocimiento sobre normativa por lo que ellos viven solo para su comunidad para lograr su subsistencia, dicha contratación también deberá ser realizada de manera que no afecte sus costumbres de su población.

 Que se establezca la obligatoriedad de que si a una empresa se le da por ejemplo a explorar un determinado territorio ello claro sin la afectación de las poblaciones que se encuentren cerca de estos territorios, estará obligada a que para realizar dicha labor en esa zona deberá de contratar un cierta cantidad de trabajadores que pertenezca cerca a esta exploración por ejemplo un 20% de los trabajadores contratados por la empresa exploradora deberán de ser pobladores indígenas de la zona o cerca de ella, con ello se estaría aportando un trabajo más seguro para estas poblaciones.

 Otras de las conclusiones que se podría establecer es que el estado podría a la hora de establecer una norma especial para estas poblaciones indígenas es que se le pague de manera en total esto de manera semanal, de que manera, por ejemplo a la hora de pagar a los trabajadores de construcción civil se les paga por jornal o semanal por lo que este mecanismo también podría ser establecido por la norma especial para estas poblaciones donde adicionalmente se les incluirá en su pago semanal o jornal todos su beneficios laborales entiéndase como CTS, Vacaciones, Gratificaciones, etc, adicionalmente los reconocidos por el D.L 728.

 El estado no adoptado ninguna medida en cuanto al trabajo infantil ni siquiera se les ha consultado debiendo el estado de cooperar con ellos y en conjunto entre el estado y las poblaciones indígenas tomar medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso como el trabajo minera donde existe mucha minería informal llegando a ser muy perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

 Actualmente se ha propuesto una ley de trabajo la N° 138/2011-CR, donde por ninguna de las partes de dicha propuesta se ha tomado en consideración a los trabajadores indígenas personas quienes no tienen una norma especial y que deberían de tenerlo por ser un régimen distinto a lo común, por lo que el estado aun no entiende o desea entender esta realidad, ya que lo único que está realizando con esta norma es juntar toda la normativa laboral él una sola ley, este es un tema muy importante que el estado deberá de atender lo más pronto posible y no seguir maltratando a estos pobres indígenas quienes no tienen una debida protección por parte del estado a pesar de ser su deber, consagrado en nuestra constitución política del Perú por ello todas las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

















BIBLIOGRAFIA

 Documento de Trabajo N° 68 de la OIT, Oficina de Área y Equipo Multidisciplinario.pag 74
 Manual para la Formulación de Proyectos de Desarrollo Indígena Amazónico.
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
 Análisis de los Factores Limitantes para la Adecuada Implementación en el Perú del Convenio 169 de la OIT, PAG. 24-26.
 La Heterogeneidad Etnolingüística del Perú, Situación Socio Económica y de Salud de la Población Indígena, Ministerio de Salud, 1999. Pág. 57-84.
 Guía Para leer el Convenio 169, AIDESEP.
INSTITUCIONES VISITADAS

 MINTRA-Ministerio de Trabajo Y promoción del Empleo- biblioteca.
 Biblioteca Nacional-Av Abancay.
 Biblioteca Regional de la OIT
 Ministerio de Cultura
 Defensoria del Pueblo.


PAGINAS WEB CONSULTADAS
 www.ilo.org/spanish
 www.oit.org.pe/
 www.oit.org.pe/index.php
 www.mintra.gob.pe
 www.aidesep.org.pe
 www.defensoria.gob.pe
 www.defensoria.gob.pe/inform-defe
 www.comunidadandina.org
 www.laboraperu.com/tag/derechos-laborales
 www.runa.org.pe/dcultural/informes/archivos/caucho_y_barbarie.pdf










ANEXOS
A-1 Copia de la solicitud presentada a la OIT.
A-2 Copia de la solicitud presentada al Ministerio de trabajo área de Migración Laboral
A-3 Copia de la solicitud presentada al Ministerio de trabajo área de Dirección de Promoción y Protección de los Derechos. Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo
A-4 Copia de Mapas de la época en que algunas poblaciones Migraron
A-5 CUADRO: Grupos étnicos en el norte de la Amazonía peruana
A-6 Proyecto de ley adjuntado aparte en el correo 138/2011-CR






LEGISLACION FORESTAL Y PUEBLOS INDIGENAS

POR ALEXIS BUSTAMANTE CASAS


INTRODUCCION

El presente trabajo se ha elaborado a fin de crear conciencia en la sociedad acerca de los diversos problemas que sufren nuestros hermanos de la Amazonía peruana, con ello me refiero específicamente a las comunidades nativas que allí habitan los cuales actualmente ven amenazados sus territorios por las tres formas de explotación de recursos naturales, vale decir explotación de recursos mineros, explotación de recursos energéticos y la tradicional explotación de recursos forestales.

La presente monografía toma una especial atención a la explotación de los recursos forestales en el entendido que las otras formas de explotación ya son objeto de investigación por otros compañeros en el presente curso de “Derecho del Indígena”.

Respecto a la explotación legal (cuando ésta es excesivamente abusiva y sin ánimo de seguir un desarrollo sostenible) e ilegal de recursos forestales, constituidos como los principales problemas para con las comunidades nativas de nuestra Amazonía, resulta importante conocer lo prioritario y delicado del tema, en principio debemos tomar conciencia a fin establecer mecanismos para que nuestros hermanos indígenas puedan seguir subsistiendo en su territorio, teniendo siempre presente que ellos están íntimamente relacionados con su medio ambiente, medio ambiente que los hace mantener una interacción constante con las especies únicas allí ubicadas y con sus bosques y recursos forestales con los cuales muchas veces se evidencian vínculos de tipo espiritual.

Ante estos hechos surge una interrogante ¿Dónde está el Estado y qué medidas asumirá para proteger a este grupo más minoritario de ciudadanos peruanos? Las respuestas a estas interrogantes no son tan alentadoras pues el Estado nuevamente se contradice en su accionar, pues por un lado su Constitución Política profesa el desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal, señalando además que la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y las nativas son imprescriptibles, y que además respeta la identidad cultural de estas comunidades, sin embargo, por otro lado desarrolla una agresiva política de explotación de recursos que lejos de beneficiar a la población en general, termina desfavoreciendo a los grupos más débiles y beneficiando a ciertos círculos de poder. Estoy de acuerdo con la explotación de recursos naturales como fuente de ingresos y riqueza pero coincido en que esta explotación debe ser adecuadamente controlada, fiscalizada y por supuesto debe desarrollarse mecanismos de protección para el cuidado de estas comunidades todo lo contrario significaría una suma de atentado contra derechos fundamentales humanos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la identidad cultural, al uso y disfrute de las tierras tradicionales, entre otros.

Asimismo, en paralelo a los problemas sociales presentados hay un problema que no podemos dejar de olvidar y que ha estado presente en el transcurso de los años y sobre el cual pretendo hacer un llamado de alerta, me refiero a los problemas ambientales que afectan nuestros bosques en esta cuenca del amazonas, alrededor del mundo se hace concientización de lo peligroso que son las quemas y tala de bosques pero al parecer debido a la gran sobrepoblación que hay, casi es imposible evitarlo, en algunos lugares que aun se conservan reservas forestales que son las que contribuyen en gran parte a mantener el clima un poco estable. No debemos olvidar que la cuenca del Amazonas se constituye como uno de los 5 pulmones que desintoxican al mundo. Por tanto, resolver el problema ambiental también constituye una de las prioridades del Estado y de la sociedad.









CAPITULO I.- LOS BOSQUES



1. CONCEPTOS Y GENERALIDADES.-


La primera consideración que debemos tener en cuenta al hablar del bosque es la diversidad de interpretaciones técnicas que tiene este concepto, sobre todo cuando estas difieren de la idea intuitiva que normalmente se tiene del mismo.

Parece claro que todos entendemos el bosque como una agrupación de árboles, pero aquí mismo es donde empiezan las distinciones. La silvicultura, ciencia que desarrolla el cultivo y cuidado del bosque, limita la noción de árbol a los vegetales con más de 7 m de altura con un solo tronco definido y copa diferenciada; entre 3 y 7 m se denomina matorral arbustivo y entre 1,5 y 3m matorral alto o subarbustivo. Botánicamente se recoge el límite inferior de la categoría arbórea en 5m, con copa diferenciada pero sin especificar un solo tronco definido.

Por otro lado, la definición de la RAE recoge la necesidad de una determinada espesura y extensión. De esta forma, los pies deben estar suficientemente próximos como para cubrir como mínimo 1/3 de la superficie del terreno y su extensión mínima debe ser tal que permita el desarrollo de un microclima propio, el cual determinará una flora característica adaptada a estas condiciones diferenciadas del entorno, especialmente al grado de sombra y humedad.

El concepto de bosque ligado al más amplio de monte nos lleva a la idea de serie de vegetación o sucesión ecológica. La sucesión es el proceso que transcurre desde la ocupación de un terreno desnudo (por parte de vegetación colonizadora o pionera), hasta el establecimiento de las etapas finales, más complejas y de mayor biomasa, compatibles con unas condiciones ambientales concretas (clímax, vegetación potencial o ecosistemas terminales), pasando sucesivamente por la sustitución de unas comunidades por otras (etapas seriales).

Sin embargo, el sentido más amplio y genérico del término parece ser el utilizado en la interpretación geobotanica de los bosques ibéricos realizada en un trabajo publicado 1998 con el mismo titulo: siempre que "el árbol es un elemento conspicuo y repetido en las formaciones vegetales, con independencia de su talla, densidad (número de pies por hectárea), o grado de sombra proporcionado". Por tanto, de acuerdo con esta interpretación, lo que caracteriza al bosque es el predominio del estrato arbóreo sobre otros herbáceos o arbustivos.


2. CLASIFICACION DE BOSQUES.-

Para continuar con el desarrollo del presente trabajo procederé a señalar una clasificación aceptada en el medio sobre las distintas categorías de bosques estudiadas :

BOSQUE VIRGEN: Aquél en que el hombre no ha ejercido influencia alguna, y si lo ha hecho, hoy ya no quedan rastros de ello, de forma que todo lo presente se puede entender como producto de procesos y funcionamiento puramente naturales.

BOSQUE NATURAL: Cuanto más cerca esté un bosque de su situación original (virginal) más natural se considera. En ocasiones se ha considerado como naturales a los derivados de los existentes en 1800 o cuando proceden del momento histórico con menor presencia de este tipo de formaciones.

BOSQUE VIEJO: Cuando ha existido de forma continuada al menos durante 300 o 400 años, manteniendo árboles de estas edades o cercanas.

BOSQUE SEMINATURAL: Formación que, aunque haya sufrido o sufra alteraciones de origen humano, aún mantiene buena parte de sus características naturales. Esta situación puede encontrarse tras abandonar el uso de los bosques y permitir su desarrollo sin interferencias durante décadas, aunque también algunos de los usos tradicionales del bosque permiten el mantenimiento continuo de una situación que se puede considerar seminatural.


3. LOS BOSQUES COMO RECURSOS NATURALES.-

Los bosques son el recurso natural renovable más importante del país tanto por su extensión como por su importancia económica. Con una superficie boscosa de cerca de 73 millones de ha (57% del territorio nacional) el país ocupa el 2do lugar en América del Sur.

La importancia de los bosques es económica, social y ambiental o ecológica.

Respecto a la importancia económica; está dada por los numerosos productos que se obtienen de ellos tanto maderables (unos 8 millones de M3 de madera/año) y no maderables (leña, plantas medicinales, alimentos vegetales, carne de monte, fibras, tintes, etc.). En el Perú se usan unas 4,400 especies de plantas para 48 fines distintos y que representan un valor de US$ 4,000 millones al año. El potencial maderero total del país se calcula en 5,600 millones de M3 de los cuales se aprovechan 8 millones al año.
Respecto a la importancia social; ésta se da por la alta dependencia de grupos humanos de los recursos forestales tanto para la obtención de diversos productos (leña, alimentos, medicinas, fibras, etc.) como para su subsistencia cultural, como las comunidades indígenas amazónicas, que viven en y del bosque.

Por último, su importancia ambiental o ecológica consiste en los servicios ambientales que prestan los bosques como la conservación del agua y de las cuencas de los ríos, la conservación de los suelos, la conservación de la diversidad biológica (especies de flora, fauna, microorganismos y recursos genéticos). La conservación de los bosques es de alta prioridad.


4. LOS BOSQUES FORESTALES EN AMERICA DEL SUR.

En el numeral anterior hacíamos referencia a que en América del Sur nuestro país ocupaba el segundo puesto en cuanto a presencia de bosques forestales se refiere. Y hablando de ello, ¿qué otros recursos forestales podemos encontrar en América del Sur? Responderemos a esta interrogante con el desarrollo del presente numeral.

En principio debo acotar que los bosques de América del Sur cuenta con una basta diversidad de especies, biodiversidad. La subregión de América del sur tropical, que comprende Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Suriname, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, constituye la concentración más grande de bosque pluvial tropical del mundo, con cerca de 885 millones de hectáreas situadas en la cuenca del Amazonas y otras 85 millones de hectáreas en el complejo de la cuenca del Orinoco y del Paraná. El área total de la tierra en América del sur tropical es de 1 387 millones de hectáreas.

El bosque pluvial tropical de Amazonía se considera como el ecosistema más rico del mundo en cuanto a biodiversidad. De acuerdo a una clasificación en orden de país, Brasil cuenta con mayor biodiversidad, seguido por Colombia, en cuarto lugar, y Perú en el séptimo.

Esta ecozona da cuenta del 85% del total de la cubierta forestal y aproximadamente el 60 por ciento del total de la cubierta de la tierra de la subregión, desempeñando un papel muy importante en el contexto económico así como ambiental de estos países. Sin embargo, los climas y tipos de bosque asociados van desde lo árido y semi-árido al pluvial. La zona ecológica predominante es el bosque pluvial tropical, que representa el 36 por ciento del área total, seguido de un bosque deciduo húmedo tropical que abarca el 24 por ciento, un bosque montano tropical que alcanza el 10 por ciento y un bosque seco tropical del 9.5 por ciento.

En la parte norte de la subregión, los llanos de Venezuela y Colombia constituyen bosques abiertos subhúmedos típicos, al igual que en el cerrado situado en la parte centro-occidental del Brasil. El certão o caatinga en el nordeste del Brasil es un ecosistema semiárido típico, como lo es el chaco paraguayo y las formaciones de bosque seco situadas a lo largo del litoral Pacífico del Perú.

El bosque pluvial tropical de la cuenca del Amazonas inicia en la cordillera de los Andes en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela a más de 3,000 m de altitud. El bosque rodea la inmensa llanura amazónica, la mayor parte de la cual se sitúa en el interior del Brasil, y mantiene una fuerte relación de índole ecológica y socioeconómica con las partes inferior de la cuenca. La contribución de los recursos forestales a las economías nacionales de la subregión es aún muy baja, proporcionando menos del 2% del PIB, a excepción del Brasil, en donde se estima que estos aportan el 5% del PIB. Sin embargo, en la economía informal, en particular modo en los asentamientos rurales e indígenas, el bosque desempeña un papel fundamental, aportando la principal fuente de subsistencia de la población, en materia de alimentos, agua, materiales para construcción de habitaciones y otros productos forestales .

Como punto final de este numeral es oportuno realizar la siguiente observación; los bosques secos de América del Sur cubren casi 250 millones de hectáreas pero están siendo amenazados por el corte y la agricultura. Se considera que muchos bosques secos están más amenazados que los bosques lluviosos pero, sin la gran variedad de plantas y animales, ellos no atraen tanto la atención para su conservación.






















CAPITULO II.- REALIDAD FORESTAL EN EL PERÚ


1. EL POTENCIAL FORESTAL.-

El Perú tiene 12.5 millones de hectáreas potenciales para ser otorgadas en concesiones forestales, de un total de 20 millones de hectáreas de bosques de producción permanente a nivel nacional . A la fecha sólo 7.5 millones de hectáreas han sido concesionadas, de las cuales 1.5 millones se han devuelto al Estado porque fueron declaradas caducas.

El Estado consciente que debe avanzar rápidamente al tener este potencial, ha publicado correspondientes decretos legislativos (los cuales desarrollaremos más adelante) correspondientes para fortalecer el sistema de control de concesiones forestales esto como parte de la política de desarrollo sostenible.

Los 7.5 millones de hectáreas concesionadas producen anualmente, mediante vía legal, un millón de metros cúbicos de madera. Sin embargo, cuando se otorgan mediante diferentes mecanismos de habilitación para acceder al bosque (permisos, extracción, entre otros), sólo 100 mil hectáreas producen cuatro millones de metros cúbicos de madera.

Es aquí cuando vienen los problemas de la tala ilegal pues más que el tema de concesiones (que también tienen algunos problemas), la mayoría proviene de los sistemas de permisos que se tiene actualmente autorizados.

Con el desarrollo de la nuevas normatividad este contexto se regulará con el Sistema Nacional de Control Forestal, el cual será una herramienta que entregará información del bosque a todo el público interesado.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 2010 la demanda no cubierta de madera en el mundo será de 500 millones de metros cúbicos, lo cual colocó a Perú como uno de los principales abastecedores .

Actualmente, el promedio de extracción de una concesión forestal es siete metros cúbicos por hectárea, mientras que el promedio de un bosque es 100 a 150 metros cúbicos.


2. LA EXPLOTACION DEL CAUCHO.-

En este numeral trataré la explotación del caucho por considerarlo uno de los principales problemas como los recursos forestales en nuestra amazonía, además de representar uno de los principales abuso contra derechos fundamentales de los pobladores indígenas de esta zona. El problema lleva arraigado mucho tiempo en nuestro territorio

La explotación del caucho, también llamado “jebe” o shiringa por los nativos de la selva, tomó importancia a finales del siglo XIX y significó el despertar de ciudades amazónicas como Iquitos en Perú (en 1851 era un modesto pueblo de pescadores con menos de 200 personas convirtiéndose, en 1900, en una pujante ciudad de 20 mil habitantes) o Manaos en Brasil.

La demanda del comercio internacional impulsó la extracción de este recurso natural que trajo importantes beneficios al tesoro público entre 1882 y 1912. Un nuevo mito de “El Dorado” se elaboraba en la selva, aunque para las poblaciones de aborígenes representó la quiebra de su organización social, de su vida económica y de sus creencias. Esto sin contar el problema demográfico. De esta forma se escribía una nueva página del eterno choque entre las necesidades de Occidente y el modo de vida de los indígenas americanos.

Para el país la explotación cauchera representó un importante, aunque violento, paso en la ocupación, bajo criterios nacionales, del espacio amazónico. En este sentido se exploró la Amazonía reiniciándose importantes estudios geográficos a cargo de la Junta de Vías Fluviales, creada en 1901, que continuó a los de la Comisión Hidrográfica que funcionara desde 1860.

Los nativos de la selva usaban el caucho para sus juegos (hacían pelotas con él) o para impermeabilizar bolsas. El mundo occidental comenzó a necesitarlo desde 1823 cuando Macintosh logró patentarlo para la manufactura de productos impermeables. Más adelante, en 1839, Charles Goodyear descubrió que si el caucho se mezclaba con azufre y se calentaba se obtenía un producto más fuerte, elástico y resistente tanto al frío como al calor.

A raíz de ese descubrimiento, el "vulcanizado", la producción del caucho en Brasil, por esos años el primer productor mundial, se incrementó notablemente para subir de 338 toneladas en 1840 a 2,673 en 1860. A finales de siglo, el caucho se convirtió en un producto imprescindible para la industria automotriz cuando, en 1888, se patentó el procedimiento para fabricar llantas inflables.

El auge cauchero atrajo a la amazonía a numerosos migrantes que trabajaron en su explotación (como los casi míticos Carlos Fermín Fitzcarrald o Julio César Arana) y en los servicios vinculados a la misma.

Como cualquier industria extractiva, no consideraba útil la conservación del medio ecológico ni la del árbol productor del jebe, pues se pensaba que el recurso era inagotable (como antes parecía serlo el guano). De esta manera, los árboles eran talados indiscriminadamente y los caucheros pronto se ganaron una siniestra fama frente a la población nativa. Eran los portadores del mal, además de ser transmisores de enfermedades, como el tifus o la malaria, que diezmaron seriamente a la población nativa. Se calcula que unos 40 mil nativos murieron de estas enfermedades durante el "boom cauchero".

Si miramos algunas cifras, en 1897 el caucho representaba el 9.3% del total de las exportaciones del país. En 1884 se exportaron 540,529 kilos mientras que, entre 1900 y 1905, salieron por el puerto de Iquitos más de 2 millones de kilos de caucho por año. De otro lado, en 1900 el monto en libras esterlinas por su exportación fue de 378,318 y en 1905 fue de casi un millón. A partir de ese momento, le salieron competidores de otras partes del mundo. Exploradores británicos habían exportado plantas a la India y a Ceylán donde se desarrollaron extensas plantaciones. El precio del caucho empezó a disminuir en el mercado. Luego aparecería el jebe sintético. La era del caucho estaba finalizando para el país.

Como conclusión de este capítulo tengo que mencionar que la explotación del caucho marcó para siempre a la selva peruana: provocó un traumático movimiento migratorio de su población nativa, y la inmigración de gentes de otras zonas del país y del resto del mundo, dejando una huella imborrable en la faz urbana de Iquitos y en el mapa racial, cultural y social de toda la región.


3. LA DEFORESTACION.-

La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos de los hombres. Me explico; el hombre en su búsqueda por satisfacer sus necesidades personales o comunitarias utiliza la madera para fabricar muchos productos. La madera también es usada como combustible o leña para cocinar y calentar. Por otro lado, las actividades económicas en el campo requieres de áreas para el ganado o para cultivar diferentes productos. Esto ha generado una gran presión sobre los bosques.

Al tumbar un árbol se afecta al bosque, a los organismos que allí vivían quedando estos sin hogar. En muchos casos los animales, plantas y otros organismos mueren o les toca mudarse a otro bosque. Destruir un bosque significa acabar con muchas de las especies que viven en él. Algunas de estas especies no son conocidas por el hombre. De esta manera muchas especies se están perdiendo día a día y desapareciendo para siempre del planeta.

Si esto le ocurre a los pequeños seres vivos imaginemos el cuantioso daño que pueden sufrir las comunidades nativas de la amazonía.

Tomemos como ejemplos lo que ocurre en algunos países vecinos: En Colombia, por ejemplo, se deforestan entre 1.5 a 2.2 millones de acres al año. Esto es igual a más o menos 4 millones de canchas de fútbol al año o 456 canchas en una hora o 7.6 canchas por minuto. Si esto continua, Colombia no tendrá bosques en 40 años.

Las selvas tropicales de nuestro planeta, localizadas principalmente en América del Sur y Central, África Central y el sudeste asiático, sufren diariamente la tala indiscriminada de sus árboles, muchos de ellos con cientos de años de antigüedad; cada minuto que pasa queda arrasada una superficie de selva equivalente a la de un campo de fútbol.

Hay dos razones principales que ocasionan esto. Una es la demanda de madera por parte de ciertos países, que permite a las naciones endeudadas del tercer mundo obtener dinero fácil; la otra es la transformación de los bosques en superficies dedicadas a la agricultura y ganadería. El primer motivo es rentable para quienes lo practican, pero el segundo no; los suelos del ecosistema tropical contienen un alto porcentaje de hierro y aluminio. Al exponerse a la acción del sol y el aire se endurece, y la poca tierra fértil que le queda es arrasada por las lluvias.

Aunque ocupan sólo el 14% de la superficie terrestre las selvas contienen el sesenta por ciento de las especies animales y vegetales vivas del planeta. En ellas hay muchos recursos que podrían ser utilizados por el hombre sin dañar el equilibrio ecológico: desde vegetales comestibles hasta componentes químicos usados en los más diversos campos de la medicina y la industria.

Hay otro tema relacionado con las selvas: el dióxido de carbono. Los países industrializados emiten 2200 millones de toneladas anuales de este gas procedente de la quema de combustibles fósiles, mientras que otras naciones lanzan al aire otros 1300 millones de toneladas por año como subproducto de los incendios masivos de bosques.

De lo anterior es oportuno preguntarnos ¿Y esto qué tiene que ver? Muy simple: además de reducir las emisiones debe llevarse a cabo un plan de reforestación masiva. Si tenemos en cuenta que una hectárea de bosque tropical puede neutralizar unas diez toneladas de dióxido de carbono al año, habría que crear un bosque de tres millones de kilómetros cuadrados, superficie equivalente a las dos terceras partes del territorio de la República Argentina.

También se propone se propone la fiscalización de las actividades ilícitas de explotación de los bosques por parte de comisiones municipales y de gobierno, el combate masivo a la corrupción imperante en todos los estamentos oficiales y la valoración de productos forestales no maderables así como de los servicios ambientales prestados por los bosques.

El proceso de deforestación ocurrido en la Región Oriental del Paraguay muestra que en 40 años, comprendidos entre 1.945 y 1.985, ha llegado a eliminar 4.916.452 hectáreas, lo cual representa un promedio aproximado de 123 mil hectáreas cada año. En dicho periodo resalta el intervalo de 8 años, entre 1.968 y 1.976, en que la tasa de deforestación fue aproximadamente 212 mil hectáreas cada año. Estudios del año 1985, indican que en el año 1.985 existían 3.507.670 hectáreas de bosques continuos, de los cuales el 32,8% estaban constituidas por pequeños bosques residuales y el 68,8% restante por bosques de valor comercial bajo, como consecuencia de la disminución de sus especies más valiosas.

En el periodo comprendido entre 1.985 y 1.991, se produjo una deforestación de 2 millones de hectáreas aproximadamente, con una tasa media de aproximada de 290 mil hectáreas cada año.

En relación a la Región Occidental, dan cuenta que las colonias establecidas en la zona central del Chaco llegaron a un promedio de deforestación de 45 mil hectáreas anuales.

Este proceso de deforestación, aunque evidentemente menor comparado con la Región Oriental del Paraguay, es bastante significativo por la fragilidad de los ecosistemas del Chaco, demostrados por la numerosas evidencias de erosión eólica y la salinización de suelos que se están verificando en diferentes zonas de la Región.

Queda bien evidenciado que la destrucción de los bosques ha resultado principalmente de las malas practicas agrícolas y cría de ganado, asociados de problemas de uso y tenencia de la tierra. De hecho estos principales elementos causales de la deforestación, demuestran que el problema forestal ha estado fuertemente ligado a la tenencia de la tierra y a los modelos de reforma agraria y de producción agropecuaria del país.



4. LOS BOSQUES DE PROTECCION.-

Los Bosques de Protección son áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y, en general, para proteger las tierras frágiles que así lo requieran.

En ellos se permite el uso de recursos y el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área. Actualmente, existen Bosques de Protección que cubren una superficie de 389 986,99 hectáreas que representan el 0,3 % del territorio nacional.

Los Bosques de Protección son:

1. Aledaño a la Bocatoma-Canal Nuevo Imperial
2. Puquio Santa Rosa
3. Pui Pui
4. San Matías-San Carlos
5. Pagaibamba
6. Alto Mayo














CAPITULO III.- EL ESTADO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL


1. EL CONAFOR Y EL OSINFOR

El CONAFOR

La ley forestal y de fauna silvestre creó el CONAFOR como el organismo consultivo del más alto nivel del MINAG en materia de política forestal y de fauna silvestre. El CONAFOR cuenta con una secretaría administrativa y técnica a cargo de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre.

El reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre establece que el CONAFOR tiene como funciones:

a. Asesorar al ministro de Agricultura en la formulación e implementación de la política forestal y de fauna silvestre.
b. Opinar respecto de la propuesta del plan nacional de desarrollo forestal elaborado por la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre.
c. Opinar en los demás asuntos sobre materia forestal y de fauna silvestre que sean sometidos a su consideración.
d. Evaluar el informe anual sobre la situación de la actividad forestal y de fauna silvestre en el país, presentado por la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre.

El CONAFOR debe reunirse en forma regular un mínimo de 3 veces por año para:
a. La revisión y opinión sobre el plan nacional de desarrollo forestal.
b. Una evaluación de su ejecución.
c. La evaluación del informe anual presentado por la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre.

En forma extraordinaria, por citación de su presidente o a solicitud de 2 o más de sus miembros, el CONAFOR puede reunirse para el tratamiento de temas forestales de interés nacional o regional. El reglamento interno del CONAFOR será aprobado por resolución suprema refrendada por el ministro de Agricultura.

Sin embargo, nunca se ha convocado, ni ha existido reunión del CONAFOR.

EL OSINFOR.-

Por su parte el OSINFOR fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1085, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de Junio de 2008. Es el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, encargado a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de diversas modalidades de aprovechamiento.














CAPITULO IV.- LEGISLACION FORESTAL EN EL PERU


1. ANTECEDENTE A LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – LEY 27308.

Como señalamos anteriormente, la cuenca amazónica peruana ocupa una extensión de 956,751 Km.2, es decir, ocupa el 74.44% de la superficie del país. Sin embargo, el área conocida como los bosques amazónicos peruanos ocupan una extensión de 676,347.63 Km.2 . Estos bosques se dividen en dos áreas bastante diferentes: Amazonía Alta y Amazonía Baja.

Más de la mitad del territorio peruano está cubierto por estos bosques naturales, lo cual coloca al Perú como el segundo país en América Latina y el séptimo en el mundo en términos de cubierta forestal.

Los bosques constituyen uno de los recursos naturales más importantes del país por su valor de producción, fundamentalmente, por los servicios que éstos proveen. Madera, plantas medicinales, alimentos, leña, son algunos de los usos directos de estos bosques. Estos bosques proveen los recursos para la supervivencia de un gran número de poblaciones rurales incluyendo pueblos indígenas y campesinos pobres en recursos. El nivel de vida de esta población depende largamente en mantener la vitalidad de los bosques, la diversidad y la cobertura de éstos.

Adicionalmente hay menos de 4 millones de has de remanentes de bosques en la región andina y en la costa del pacifico, pero su contribución a la economía forestal es mucho menor que la de los bosques amazónicos.

El sector forestal peruano es fuertemente dominado por un grupo empresarial que da cuenta del 80% de la exportación de productos forestales maderables: el grupo Bozzovich-Balarin. Sus competidores más cercanos son un grupo de empresas vinculadas a la transnacional Newman Lumber, pero este segundo grupo representa solo un 10% de las exportaciones peruanas de madera.

La actividad extractiva forestal se caracteriza por ser altamente informal. Más del 80% de la madera en el Perú es abastecida de manera informal, es decir, pese a contarse con contratos para un área específica se extrae de cualquier área afectándose áreas naturales protegidas, tierras indígenas y, en general, cualquier remanente de bosque. Ello es facilitado por el sistema de contratos de menos de 1000 hectáreas desperdigados por toda la Amazonía peruana sin ningún orden ni racionalidad. En 1999 de 1400 contratos de extracción forestal tan solo en Madre de Dios, únicamente 30 eran mayores a 1000 hectáreas y ninguno había cumplido con ejecutar planes de manejo forestal.

El Estado no ha sido capaz de ejercer un efectivo control y vigilancia de la actividad forestal, a la vez que hay muchos indicios de corrupción en varios de los niveles de las diferentes instituciones públicas vinculadas a esta actividad. Por si ello fuera poco la extracción selectiva de Cedro y Caoba sólo aprovecha de 1.5 a 2 m3 por hectárea. Adicionalmente se aprovechan no más de 15 especies de valor comercial, cuando en realidad existen más de 50 especies forestales con potencial para la comercialización. Si a ello se añade la ausencia de planes de manejo forestal se configura una situación de minería del bosque. Lo que produce un impacto ambiental acumulativo, por la múltiple fragmentación del bosque, con el consiguiente impacto sobre la flora y la fauna. A ello se añade el impacto social de la actividad forestal debido al subempleo a y la explotación de la mano de obra, el deterioro del nivel de vida de los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y los trabajadores forestales.

Muchas de estas poblaciones son también agentes de la extracción forestal sea porque venden la madera de sus tierras, porque la extraen de las tierras de otros, incluido el Estado, o porque directamente son extractores sin manejo forestal sostenible.

Todos estos factores han influido para que en la Amazonía no haya inversión forestal de largo plazo. La informalidad provoca el desinterés, por lo que la industria forestal es tecnológicamente obsoleta. Por su parte la administración forestal en el Perú es centralizada, con una institucionalidad débil, politizada y ausente en las zonas de producción forestal. Ante esta situación varias ONGs peruanas con el apoyo de ONGs internacionales, como el World Wildlife Fund, plantearon como propuesta de cambio la visión del manejo forestal sostenible. Esta visión consiste en ordenar las tierras forestales para aprovechar y conservar la flora, la fauna, los servicios ambientales de los bosques y las tierras forestales. Para ello se busca fomentar la industria forestal, el empleo formal, el uso sostenible y la investigación, por lo que es necesario asegurar los derechos de los inversionistas, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los trabajadores forestales.

Los conflictos ambientales son conflictos por el acceso privilegiado a la naturaleza entre actores con cuotas desiguales de poder. Estas disputas o conflictos ocurren no en el medio de un terreno neutral e inocuo sino por el contrario se ven estimuladas o desalentadas por las condiciones que impone un modelo económico dependiente y semi-industrial, basado en la exportación de recursos naturales y en la importación de bienes de capital. Más aun el modelo político es autoritario y centralista, caracterizado por la prepotencia de los gobernantes y el clientelismo de los gobernados. El modelo económico y político no es homogéneo y articula diferentes espacios con diferentes dinámicas. Así en relación al aprovechamiento de recursos naturales, la renta es generada por tres tipos de subsidio de la naturaleza, del trabajo y del estado.

En el Perú, en particular en las zonas donde se ubican los recursos naturales, se caracteriza por una hegemonía de la desigualdad y la exclusión, que hace que en muchas de estas zonas impere un machismo privado y un caudillismo público, el racismo, el etnocentrismo y el parroquialismo, todo lo cual influye para que el desarrollo sea percibido con un fuerte sesgo urbano que impulsa un modernismo capitalista primitivo y salvaje.

El impacto de este modelo político y económico sobre el ambiente genera la fragmentación de ecosistemas claves y la eventual desintegración de procesos ecológicos esenciales para el mantenimiento de la vida en estas zonas y el planeta. Este fenómeno se ve mejor expresado en el concepto de extinción de ejemplares comerciales; que manifiesta la erosión progresiva de la capacidad cultural de generar estrategias productivas adaptadas al medio; lo que nos da una evidencia de la enorme ‘dificultad’ de establecer un modelo de desarrollo equitativo y sostenible.

El Estado está también atravesado por el conflicto entre el statu quo y el desarrollo sostenible. Así un sector del Estado más bien conformado por buena parte del aparato administrativo público y los gobiernos regionales amazónicos apuestan por el statu quo, unos por defecto, otros por compromiso con las elites regionales, con una estrategia de hacer perder tiempo en el proceso, demorándolo hasta lo inevitable, finalmente ¿quién puede controlar el Estado? Para ello presentan un discurso voluntarista y demagógico. Otro sector del Estado más bien identificado con las cúpulas de la administración central, limeña y costeña remarca y las elites latinoamericanas del pensamiento académico forestal tienen por objetivo el manejo forestal sostenible con una estrategia de ganar tiempo a favor del cambio y con un discurso voluntarista y demagógico.




2. LEYES FORESTALES A LO LARGO DE LA HISTORIA.-

El 7 de septiembre de 1990, el gobierno constitucional de Alberto Kenyi Fujimori, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que presidía Juan Carlos Hurtado Miller, promulgó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, mediante Decreto Legislativo 613 (Soria 2001). Este código estableció en su segunda disposición transitoria la necesidad de actualizar el Decreto Ley 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que se encontraba vigente desde el 13 de mayo de 1975. La aplicación del Decreto Ley 21147 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente casi un cuarto de siglo, no contribuyó a incentivar la inversión privada, a generar riqueza y empleo, ni a proteger nuestros recursos forestales.

Desde entonces hasta julio de 2000 se elaboraron una serie de proyectos de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por un lado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, luego conocida como Pro Naturaleza, con fondos provistos por el World Wildlife Fund-US, iniciaron una serie de talleres en varias ciudades del país para poder elaborar un anteproyecto que salió a la luz en 1993. A lo largo de la década diferentes administraciones forestales elaboraron sus propias versiones de un proyecto de ley forestal. Por su parte, varias iniciativas legislativas se formularon en el Congreso. Del mismo modo, algunos actores empresariales organizados adoptaron diferentes estrategias, las que incluían la elaboración de su propia versión de una Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Así, durante una década, Estado, ambientalistas y empresarios debatimos, cada uno desde su trinchera, la política del sector y cómo realizar la reforma del sector forestal. La década estuvo caracterizada por un gobierno que no tuvo políticas promocionales de la participación ciudadana e institucional, pues ello no era compatible con la naturaleza del régimen político, centralista y autoritario. La falta de transparencia y ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los recursos forestales había impedido actuar adecuadamente en términos de información, sensibilización, movilización, organización, gestión y concertación alrededor de problemas del sector forestal.

Una década en la que los sectores mas retrogradas del sector forestal, en particular, algunos empresarios nacionales articulados al mercado internacional, con la complicidad de algunas transnacionales madereras diezmaron los bosques en busca de madera valiosa, en particular, las poblaciones de Cedro y Caoba. Hoy sólo queda un último remanente de bosque de Caoba con una extensión de cuatro millones y medio de hectáreas entre los departamentos amazónicos de Ucayali y Madre de Dios, y algunas extensiones menores en otras ocho zonas de la Amazonía. Este último manchal de Caoba es también un área donde sobreviven cuatro pueblos indígenas amazónicos en aislamiento voluntario (Huertas 2002). La estrategia del principal exportador de madera, a lo largo de la década fue la de dilatar la implementación del manejo forestal sostenible sin poder precisar con claridad cuáles eran los puntos centrales de su oposición, pero lo que es más grave, sin haber planteado una alternativa técnica clara y concreta.

El 16 de julio de 2000 el Congreso aprobó el proyecto dictaminado favorablemente por la Comisión de Amazonía, Ecología y Ambiente, presidida por el biólogo fujimorista Luis Campos Baca. Este proyecto recibió el respaldo del ejecutivo que buscaba poner fin a un problema que había comenzado a escapárseles de las manos: la progresiva migración del sector productivo forestal hacia la informalidad, con los enormes costos sociales y ambiéntales que ello implicaba. El proyecto de ley contenía normas transitorias para permitir una aplicación gradual de la norma que debería poner fin al sistema de contratos menores a 1000 has.

La aprobación de la Ley 27308 en el Congreso no fue fruto de ningún debate participativo sino que había sido un proceso, más o menos cerrado, de comentarios y propuestas. Ello se debía en gran medida a que todos los intentos a lo largo de la década de 1990 de producir una ley forestal habían sido sistemáticamente boicoteados por algunos representantes del sector maderero que se negaban a reconocer a los demás actores con interés en la política forestal. Para ellos el bosque era madera, por tanto, solo los empresarios madereros debían opinar. Así, se oponían a reconocer el derecho de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los ambientalistas a participar en la formulación de la política ambiental. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado por el interés del gobierno de avanzar hacia una solución sostenible del tema forestal en el Perú.

Desde que fue aprobada la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, organizaciones de base y sus redes como la Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú-COICAP, la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios-FADEMAD, la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas-FECONAYA y organizaciones ciudadanas, como el Foro Ecológico, iniciaron un proceso de estudio, análisis y propuesta para mejorar el texto de la ley recién aprobada. En principio, el Foro Ecológico hizo un análisis de la Ley que demostró que ésta tenía algunas fortalezas (promueve el manejo sostenible del bosque, elimina la adjudicación directa, introduce planes de manejo, promueve múltiples usos del bosque, madera, no madera, servicios ambientales), muchos vacíos (no menciona los trabajadores, no clarifica la gradualidad para adaptarse, no promueve actividades científicas), algunos errores y algunas debilidades (sesgo maderero factor social ignorado, poca participación de sociedad civil).

Foro Ecológico, COICAP, FADEMAD y FECONAYA formularon una propuesta ampliatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en base a los aportes derivados de sucesivos talleres multisectoriales y regionales en Tingo María, Iquitos y Madre de Dios, así también como de los encuentros con comunidades indígenas y campesinas en Pucallpa e Iquitos, dos encuentros nacionales convocados en Lima, además de reuniones permanentes de análisis, discusión y sistematización de los procesos anteriores, del equipo multidisciplinario forestal del Foro Ecológico, en Lima, y el acceso a la información sobre la experiencia internacional, particularmente latinoamericana, sobre manejo de recursos forestales y de fauna silvestre.

En estos procesos fueron fundamentales las actividades de difusión radial de los avances de esta propuesta, tanto a nivel nacional como regional, a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Red Ideele-radio, CPN Radio, Programa “Agenda Ambiental” del Foro Ecológico, a través de Radio Cadena, Radio La Voz de la Selva (Iquitos), Radio Madre de Dios (en ese departamento) y los principales programas radiales indígenas y campesinos de Ucayali. Estos medios permitieron a su vez convocar a otros actores a aportar al proceso de análisis y propuestas de la ley forestal.

El Foro Ecológico reconoció que la Ley 27308 configuraba un marco normativo positivo y favorable para el desarrollo del sector forestal y de fauna, pero considerando que dicho marco podía ser mejorado sustantivamente por:

A.- Su debilidad promotora, al no establecer políticas ni mecanismos claros en favor de incentivos, estimulo al desarrollo de capacidades y asistencia técnica, la identificación de mercados y fondos de financiamiento.

B.- Su sesgo amazónico y maderero, descuidando otros tipos de bosques como los alto andinos y los bosques de la costa, así como la diversidad de usos potenciales de los recursos forestales y de fauna.

C.- Su sesgo estatista - centralista, al concentrar en el INRENA gran parte de las funciones y competencias, sin un soporte necesario de una gestión pública descentralizada, calificada, eficiente, eficaz y transparente.

D.- La debilidad de canales de participación ciudadana para asegurar la expresión de la diversidad de intereses y objetivos, como parte de una visión forestal compartida de futuro.

El Foro Ecológico presentó un conjunto de propuestas ampliatorias de la Ley 27308, a fin de contar con una ley promotora de la inversión forestal que incorpore la diversidad de recursos forestales y de fauna, promueva una gestión pública eficiente y la participación ciudadana para el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. El proyecto comprendía:

• Principios para el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
• Lineamientos de políticas y los objetivos de las políticas forestales a aplicarse.
• El desarrollo del rol promocional del Estado.
• La consolidación de la participación ciudadana, los derechos de los pueblos indígenas y de los trabajadores forestales.
• Criterios para adecuar el INRENA y descentralizarlo, en el marco de un Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.

El Foro Ecológico consideraba fundamental un conjunto de disposiciones complementarias destinadas a facilitar el tránsito del viejo régimen forestal al nuevo régimen, que respondiera a los nuevos enfoques, principios y tendencias positivas a nivel internacional; especialmente la formación de grupos de trabajo que promuevan la elaboración concertada de la visión de futuro del sector forestal y de fauna para los próximos 30 años y la generación de la institucionalidad que se requiere para un gestión pública y privada más eficiente de los recursos forestales y de fauna.
El Foro Ecológico, en búsqueda de mayor transparencia en el tratamiento de los temas forestales, impulsó la concertación para involucrar a todos los actores institucionales en el proceso de reglamentación como un paso hacia el proceso de implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308.

Uno de los temas en debate relacionados a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en provincias era la desconexión entre las áreas de extracción de la madera y el espacio donde se formula la política forestal. Como en el caso de Ucayali la zona de extracción maderera está totalmente aislada del espacio donde se formula la política forestal. Esta desconexión también influyó en el proceso de elaboración de la Ley 27308. Esta desconexión se genera como parte de un mito como lo es el del control perfecto del proceso extractivo y de los actores que de él participan, cuando en la realidad nadie tiene una figura clara y completa de cómo opera la actividad extractiva a través de su complicada red de relaciones sociales, económicas y políticas. Un caso similar es el de la fauna silvestre, caso en el que no se reconoce que el comercio de esta es una realidad extendida, más bien se asume que hay la posibilidad de ejercer un control perfecto, lo cual no es cierto, ni posible.

En este contexto, nuestra visión del futuro desarrollo del sector forestal maderero sugiere que lo más probable es que el grueso de la explotación comercial de madera se ubique en bosques de producción permanente, algunos bosques en comunidades nativas y comunidades campesinas y algunas áreas naturales protegidas que permitan extracción. En principio, algunos bosques en comunidades nativas y comunidades campesinas, los bosques locales y los predios individuales solo contendrían madera para el mercado local y nacional.

Sin embargo, en este momento la extracción forestal se realiza de manera desordenada en cualquier área. Es conocido que los titulares de contratos primero descreman los alrededores de su contrato para solo al final trabajar en este. En tal sentido, la estrategia de la Ley es la de exigir el manejo forestal a todos, de manera de asegurarse que no exista un vacío en la ley que permita legalizar madera de origen informal. Sin embargo, esto supone una inmensa capacidad de control y una gran inversión en el acompañamiento y promoción del manejo en todos los espacios donde se hace manejo forestal.

Es aceptado por todos que el INRENA no tiene ninguna capacidad de control del bosque ni de supervisión de los extractores informales. Es evidente que un conjunto de empresas madereras tienen relaciones privilegiadas al interior de INRENA. Por si ello fuera poco el statu quo, el mantenimiento de la situación forestal tal como ha venido ocurriendo en los últimos dos años solo favorece a dos grupos al interior del sector forestal. Primero está el intermediario que compra madera ilegal y la legaliza generando un margen de utilidad de hasta el 200%, luego los principales exportadores de madera que en la medida en que compran madera sin preocuparse de donde proviene contribuyen a la cadena de la extracción ilegal.

La solución a la tala ilegal se encuentra por controlar el transporte de madera, tanto en tierra como en ríos, e intervenir a los acopiadores de madera que son el nudo fundamental para quebrar una estrategia muy bien financiada de madera ilegal sin manejo forestal. Una madera que viene de aguas arriba no puede ser legalizada con un contrato de aguas abajo, sin embargo, no hay ninguna fiscalización de estos documentos por parte del INRENA. Peor aún en muchos casos los funcionarios del INRENA son responsables de la emisión fraudulenta de guías de transporte. En ese sentido, se ha planteado la necesidad de emitir las guías de transporte en el punto más cercano al área de extracción. Otro factor podría ser el diferenciar el origen de las guías mediante colores en el papel y códigos de numeración que dificulten el tráfico ilegal de guías de transporte. Otra modificación importante, considerando que el transporte de la madera es multimodal, es el hecho que la guía de transporte tenga varios casilleros para poder registrar cada uno de los transportes que han intervenido en transportar un cargamento específico de madera.

En relación a los empresarios muchos de los pequeños extractores han entrado al negocio de formar empresas concesionarias para poder ser ellos mismos quienes comercialicen la madera de su bosque incrementan su margen de ganancias. Pero si la red de intermediarios de las grandes empresas sigue comprando a los madereros ilegales entonces estos van a seguir talando En una estrategia donde los pequeños se disputan la madera perjudicándose unos a otros, sin posibilidades de mejorar su participación en el precio de la madera, consolidando la posición de los oligopolios de la madera. En una actitud muy bien descrita por la palabra acuñada por Antonio Brack: ’Empresaurios’, porque se comen entre ellos unos a otros y no permiten construir un desarrollo sostenible.

Para empezar a trabajar mucho de los empresarios solicitan donación de capital. Señalan que deben ser las ONG’s defensoras del ambiente quienes deben brindarles la maquinaria y la tecnología necesaria para realizar su trabajo. En realidad es el empresario quien debe poner su capital para la utilidad de su negocio y no pedir a las ONG’s que le consigan el capital para que después puedan ellos obtener una rentabilidad que van a apropiar. Cabe señalar que no existe organización en el mundo, ni cooperación técnica que regale capital a los empresarios, por el contrario la cooperación técnica, brinda apoyo y la asesoría,

Otro tema importante es el de sancionar y controlar. No se puede continuar con la situación de la tala ilegal de bosques, la madera sale de todos lados y, peor aún, se continúa exportando. Es hora de exigirle al INRENA y a los empresarios de que dejen esta complicidad. Es necesario que tomemos medidas ante esta situación, debemos sancionar a aquellos madereros que actúan mal, de lo contrario, los que están actuando bien van a perder el interés de seguir haciéndolo porque verán que hacerlo mal es más rentable, tiene menos costos.
































CAPITULO V.- CONFLICTOS SOCIALES


1. RESUMEN DE LOS HECHOS.-

La actividad forestal en el Perú se ha caracterizado por el desorden, los abusos, la ilegalidad, la corrupción, la prepotencia, la ineptitud, la ineficiencia y así se podría continuar hasta llenar párrafos y párrafos de calificativos puramente negativos. Se han llevado a cabo esfuerzos por tratar de mejorar esta situación, pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

Las empresas concesionarias formadas empujaron los precios a pagar muy por encima de los precios base establecidos para acceder a las concesiones. Esto ha resultado en que los concesionarios no pueden cumplir con los pagos ofrecidos, encontrándose hoy con tremendas deudas ante el estado, abandonados a su suerte y sin salida alguna. Estas ofertas de pagar por encima del precio base han hundido las expectativas económicas de estos nuevos concesionarios y ha generado una total desconfianza ante el sistema de manejo forestal y reforzado de esta manera la extracción ilegal y el desorden.

Los constantes abusos sobre los indígenas por parte de los madereros, que vemos por todos lados corrupción, ilegalidad y delincuencia, ha sido una institución de protección de la vida animal amenazada, adoptando el oso panda como símbolo y caballito de batalla. Hoy que se meten a la madera, sin mayor experiencia en el asunto y de forma oportunista, tal vez terminen cambiando su símbolo del oso panda por el de una caoba.





CONCLUSIONES

• El estado y los privados no respetan el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.

• El flagelo de la erosión de los bosques naturales hace que los pueblos indígenas emigren.

• El flagelo de la deforestación deja sin el hogar a los propietarios tradicionales de los bosques.

• La legislación forestal a lo largo de estos 20 años ha sido muy “suave” ante los abusos contra las comunidades indígenas.

• La ley 29763 es un buen punto de partida para ayudar al desarrollo forestal.


















RECOMENDACIONES


a. Garantizar los derechos de propiedad de la tierra y la seguridad jurídica de las comunidades nativas de la Amazonía.

b. Asegurar la participación de los pueblos indígenas en el manejo y en los beneficios de las áreas naturales protegidas.

c. Garantizar el acceso, uso y participación en los beneficios por parte de las comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno.

d. Luego de que se concluya el proceso forestal amazónico sería necesario promover el manejo de los bosques de la costa norte de Perú y también promover el manejo forestal comunitario en la región andina.

Estos son otros dos grandes temas de suma importancia para el manejo de la integridad del tema forestal. Junto con ello, hay que ver el tema de la agricultura migratoria. En Selva y en Costa tenemos el tema forestal muy vinculado al tema agrícola, lo que también requiere de ciertas medidas.

No es posible que se continue trabajando las parcelas agrícolas como si fueran el único motor del desarrollo. Los recursos forestales son sumamente importantes para una gestión integral del espacio y para asegurar también la reproducción de importantes segmentos de la población.





BIBLIOGRAFIA


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