martes, 24 de agosto de 2010

TC declaró improcedente demanda de la Aidesep contra inversión petrolera en Amazonía

Miércoles 30 de junio de 2010 - 11:48 pm
(Andina).- El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente, por unanimidad, una demanda de amparo presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva del Perú (Aidesep), que buscaba paralizar diversas inversiones petroleras en los lotes 67 y 39, ubicados en Loreto.
De esta manera, el colegiado se pronunció a favor del principio de la seguridad jurídica para las inversiones en el país.
La referida demanda planteaba la suspensión o anulación de la exploración u explotación petrolera en dichas zonas de la Amazonía, bajo el argumento de que atentan contra el medio ambiente, la propiedad y posesión ancestrales, el derecho de territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre otros derechos.
Además, sostenían que tampoco se respetó el derecho de consulta, amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En esa línea, la Aidesep demandaba que el Ministerio de Energía y Minas prohibiera u ordenase la suspensión de tales operaciones en esos territorios; y que Perú-Petro modificara los contratos de licencia y ordenase a las empresas Barret Reosurces Perú Corporation y Repsol YPF abstenerse de operar en esas zonas.
Sin embargo, el TC acordó que dichas pretensiones de la Aidesep son improcedentes.
RESPETO AL DERECHO DE LAS EMPRESASLa decisión se adopta en un fallo que es resultado de un “ejercicio de compleja ponderación”, en el que “no resultaba factible la eliminación de derechos de las empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.
La razón es que “hubiese significado una afectación de las inversiones efectuadas por las empresas en dicho ámbito hasta este momento”, indica el fallo al que tuvo acceso la agencia Andina.
Así, el colegiado reconoce que los actos de adjudicación de dichos lotes mediante resoluciones del Ministerio de Energía y Minas, así como toda una serie de actos de ejecución hasta el estado en que se encuentran, sin la participación de las comunidades, resultarían en principio incompatibles con la Constitución.
No obstante, desde la aprobación de tales concesiones se ha sucedido una serie de actos de buena fe por parte de las empresas comprometidas en estos proyectos, las que “han actuado basadas en la seguridad y confianza que razonablemente podían transmitir las propias autoridades estatales a través de los órganos competentes”.
“Por lo tanto, como consta en el expediente, las empresas han actuado en el marco de contratos-leyes firmados con el Estado peruano y garantizados por la Constitución. De modo que al pronunciar el fallo, este colegiado ha ponderado los efectos de su decisión a fin de no generar mayores sacrificios que los que se pretende cautelar”.
DERECHO DE CONSULTALa sentencia también establece que el derecho de consulta debe ser, en este caso, puesto en práctica de manera gradual por parte de las empresas involucradas y bajo la supervisión de las entidades competentes.
“Con esto, el tribunal ha de disponer que se ponga en marcha un plan de compromisos compartidos entre las empresas privadas involucradas, que no verán paralizadas sus acciones, y las propias comunidades y sus dirigentes, que tampoco pueden renunciar a sus derechos.”
Así, concluyen que resulta indispensable que el ministerio del sector convoque a las empresas involucradas a efectos de implementar, en el marco de la legislación vigente, mecanismos adecuados y eficaces de consulta.
Un voto singular expresó sobre esta materia el magistrado César Landa Arroyo, aunque concluyó también en declarar improcedente la demanda de la Aidesep, con lo que la decisión fue unánime.
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lunes, 12 de julio de 2010

Oviedo y los malos manejos azucareros

Extraños manejos administrativos en las azucareras Pomalca y Tumán –en las que el Estado peruano tiene una importante representación en el accionariado– fueron denunciados anoche en el programa Panorama, que informó que el grupo Oviedo, bajo el mando de Edwin Oviedo Picchotito, estaría jalando, en cuestión de ganancias, agua para su molino en perjuicio del país.
De acuerdo con el informe, resulta extraño que mientras las azucareras reportan un crecimiento en producción y en extensión de hectáreas, las cifras contables de ambas empresas sigan en rojo. Según la investigación, Edwin Oviedo estaría vendiendo la producción de las azucareras a una empresa de su propiedad, a la cual –obviamente– le entrega el producto a un precio por debajo del mercado.
“Descubrimos que lo que hace el grupo Oviedo es vender el azúcar a su intermediaria a un precio menor, que después es la que le vende al mercado final. Si el precio de mercado es cinco, se lo venden a tres, de tal manera que el margen de siete se lo lleva la empresa que, en realidad, es de su propiedad. Y la azucarera que es del Estado sigue perdiendo plata”, explicó al programa David Rivera, director de la revista Poder.
Esta comercialización irregular ha provocado que mientras Pomalca y Tumán presentaron cifras en rojo en 2007, de acuerdo con lo estimado por Rivera, los Oviedo obtuvieron una ganancia de 10 millones de soles. Es decir, el Estado, principal propietario de las azucareras, sigue en pérdida mientras que el administrador de las mismas obtiene jugosas ganancias.
En 2009, el Estado intentó vender sus acciones en ambas empresas, pero una ley emanada del Congreso impidió esta transacción que hubiera regulado la comercialización del azúcar. El informe propalado señala que es vox pópuli el lobby que el grupo Oviedo desarrolla en el Parlamento, al grado que muchos de los congresistas han viajado a Chiclayo ‘invitados’ por esta familia que los aloja en su hotel y les cubre la totalidad de sus gastos.
¿Y por qué no compran los Oviedo las acciones del Estado? Según Rivera, “el esquema actual les queda bien pues están, sin tener la mayoría de la empresa, ganando dinero”.
Notas relacionadas
08/07/10 - Rechazan tope a la propiedad agrícola
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viernes, 9 de julio de 2010

DEFENSORA DEL PUEBLO SOSTIENE QUE NO SE DEBE AFECTAR AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA CONSULTA

Doctora Beatriz Merino reitera que consulta no es un derecho de veto.• Se debe establecer un marco claro y ordenado para la realización de la consulta a los pueblos indígenas.La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró hoy la importancia de contar con una Ley de Consulta acorde con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –un importante detalle de dicha norma en el cual han coincidido diversos actores del Estado, del sector privado y de la sociedad en general– al tiempo que subrayó que la referida iniciativa no puede ser interpretada como un derecho de veto a las decisiones del Estado. “La futura Ley debe alentar y garantizar el diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y la población indígena –sin discriminación alguna–, estableciendo un marco claro y ordenado para el ejercicio del derecho a la consulta, que contribuya a la prevención de conflictos”, señaló la Defensora del Pueblo en declaraciones formuladas esta mañana.La Defensora del Pueblo agregó que “siempre es posible introducir precisiones adicionales en las normas, con el objetivo de facilitar su aplicación. Sin embargo, los cambios no deben afectar al contenido esencial del derecho a la consulta, tal como está definido en el Convenio 169 de la OIT y en recientes sentencias del Tribunal Constitucional (EXP. N.° 0022-2009-PI/TC y EXP 6316-2008-PA/TC). En dicho marco podemos llegar a consensos que nos permitan contar próximamente con una Ley de Consulta”.Más adelante reiteró la posición institucional de la Defensoría del Pueblo respecto de que el referido derecho no puede ser interpretado como un derecho de veto. “La consulta implica que el Estado debe dialogar y buscar un acuerdo o consentimiento con los pueblos indígenas antes de adoptar alguna medida que los pueda afectar. No se trata, por lo tanto, de un veto de dichos pueblos a las decisiones estatales”, indicó la doctora Merino.Del mismo modo indicó que “no se debe eliminar la referencia contenida en el artículo 15 de la autógrafa con relación a que los acuerdos alcanzados son obligatorios para la partes, pues ello forma parte del principio de Buena Fe que se debe respetar en el proceso de consulta.”Respecto a la identidad de quienes deben ser consultados, la doctora Merino subrayó que “ningún pueblo indígena del Perú, sea andino o amazónico, que cumpla con los dos criterios de identificación, objetivo y subjetivo, que establece la propia autógrafa de la Ley de Consulta y el Convenio 169 de la OIT, debe ser excluido de su ámbito de aplicación”. La Defensora del Pueblo remarcó poco después que “no se puede encargar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el establecimiento de los criterios de representatividad de los pueblos indígenas, pues ello atentaría contra el derecho a la autonomía organizativa protegido por el Convenio 169 de la OIT, que en el Perú es ley de la República desde hace 15 años”.No menos contundente fue al señalar que la institución que dirige está dispuesta a colaborar y contribuir, a fin de lograr la pronta dación de una Ley de Consulta, la cual se encuentra hoy en debate en el Congreso de la República.
Lima, 9 de julio
Oficina de Prensa e Imagen Institucional311-0300 anexo 1400−1401−1403 – 1406−1407www.defensoria.gob.pe

Conveagro: "No tiene sentido limitar la propiedad agrícola"

Fueron por lana y salieron trasquilados. Los congresistas que promueven la ley para limitar la tenencia de tierras agrícolas en la costa a 40 mil hectáreas buscaron el respaldo de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). Sin embargo, solo obtuvieron una lista de recomendaciones para reformular su proyecto.
El encuentro se dio en la sede de Conveagro, en el distrito de Jesús María, a donde acudieron los legisladores apristas Jorge del Castillo y Miguel Guevara y los nacionalistas Susana Vilca y Tomás Zamudio. Ellos, pese a su reiterado argumento de proteger al pequeño agricultor y al consumidor final, no lograron convencer al pleno de directores del gremio agrario sobre la viabilidad de la iniciativa.
SIN SENTIDO. El presidente de Conveagro, Federico León y León, comentó que, si bien les preocupa la concentración de tierras en un solo grupo empresarial, “el abuso de posición de dominio no se puede determinar en base a un número de hectáreas, pues hay empresas que no compran propiedades, pero que pueden alquilar predios y siguen creciendo”.
Asimismo, señaló que, técnicamente, el tope de 40 mil hectáreas que fija el citado proyecto “no tendría sentido en la costa, pero sí en la selva”, por las características de los predios agrícolas en cada región. Anotó que tal límite inclusive podría hacer poco rentables las inversiones en el sector.
Frente a ello, León y León planteó a los parlamentarios que reformulen su propuesta. “Primero se debe definir qué se quiere legislar. Agrupemos por áreas afines. Se puede comenzar por regiones, por la planificación y zonificación de cultivos”, recomendó.
YA SE HACE. En tanto, el presidente de Indecopi, Jaime Thorne, aclaró que una ley de ese tenor no es necesaria pues, en la actualidad, es parte de las funciones de la institución que dirige intervenir cuando se detectan abusos de posiciones de dominio en los mercados por parte de las empresas.
No obstante, reconoció que la labor del Indecopi está limitada a la posterioridad de los hechos, lo que dificulta la toma de medidas. En tal sentido, sugirió que se retome la propuesta de ley que lo autoriza a actuar antes de que ocurra una situación irregular.
Indecopi debería, como sucede en el caso de las concesiones eléctricas, poder emitir opinión antes de que se den las adjudicaciones, indicó. Por su parte, el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, anunció que evaluará la iniciativa. “Hay diversos mecanismos para aplicar los controles necesarios; los estudiaremos con nuestros técnicos”, refirió.

Demagogia agraria

Por: Jaime de Althaus Guarderas
Viernes 9 de Julio del 2010
No cabe duda de que hay en el Perú una propensión malsana a arruinar los mejores logros. Uno de los grandes milagros de los últimos 15 años ha sido la revolución agroexportadora de la costa, luego de la abismal involución producida por la reforma agraria. En 15 años ha surgido una agricultura de exportación no tradicional altamente tecnificada e intensiva en trabajo a la vez —el mejor de los mundos. Pero ya se lanzó un movimiento para poner límites a la extensión de la propiedad agraria. Si se concreta, los inversionistas lo pensarán dos veces antes de invertir, porque quedaría abierta la competencia demagógica por bajar una y otra vez esos límites. Habremos frenado un fenómeno que, en realidad, está recién empezando.
Porque, para comenzar, el área que ocupa esa agricultura no pasa de 100 mil hectáreas de cerca de 900 mil que hay en la costa. Si a ella sumamos otras 100 mil de caña de azúcar, llegamos a las 200 mil. El espacio para la pequeña y mediana agricultura es muy grande, bastante mayor que el que había antes de la reforma agraria. Precisamente, eso es lo interesante de este proceso. Ha supuesto, como es lógico, un cierto proceso de reconcentración de tierras, pero no ha traído consigo la expulsión de personas del medio rural ni la eliminación de la pequeña agricultura. Por el contrario, los jóvenes se quedan en el campo, pues esa agricultura es trabajo-intensiva, y ha emergido una nueva clase trabajadora muy numerosa (más de 250 mil trabajadores) con derechos laborales en un país que casi solo ha producido informalidad. Y con la particularidad histórica de que esos trabajadores no son proletarios. Es decir, conservan, ellos o sus familiares, sus chacras, y en ellas empiezan a introducir mejoras tecnológicas aprendidas en los fundos agroexportadores o nuevas variedades de algodón o maíz. De modo que esa pequeña agricultura está ya en el umbral de la acumulación capitalista. Sin contar la cantidad de parceleros articulados directamente a cadenas agroexportadoras (páprika, marigold, mango, banano orgánico, etc.). Lo que hay es simbiosis, no exclusión.
Y en el caso de las azucareras, sí hay una empresa que ha comprado varios fundos, sumando una extensión mayor a la que tuviera el mayor propietario antes de la reforma agraria, pero no le ha comprado a pequeños o medianos, concentrando tierra, sino haciendas que ya existían. Y así ha podido recuperar ex cooperativas arruinadas y envilecidas por la corrupción, reparando la destrucción ocasionada por la demagogia. Ahora se han recapitalizado y los trabajadores y pensionistas reciben sus pagos puntualmente. Una bendición social.
Por último, todo lo anterior lo que ha hecho es subir astronómicamente el valor de las tierras, de modo que cuando los pequeños venden, sencillamente salen de la pobreza. No dejemos que el populismo vuelva a agredir al pueblo.

jueves, 8 de julio de 2010

“Nuevo dictamen se ajustará a Convenio 169 de la OIT”

El nuevo dictamen que aprobará la Comisión de Constitución sobre las observaciones a la Ley de la Consulta Previa respetará los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseveró su presidenta, la legisladora Mercedes Cabanillas.
Indicó que existe la voluntad en los integrantes de la comisión de ceñirse a lo establecido en el referido convenio de la OIT, sin ir más allá de la misma.
“Vamos a elaborar un dictamen en el marco constitucional y del Convenio 169 (...) se han adelantado algunas posiciones, y una fundamental sobre cómo precisar, de acuerdo al convenio, porque estamos legislando una norma de rango nacional, que no hay derecho al veto”, manifestó.
Cabanillas indicó que en el debate de conceptos en la Comisión de Constitución –que también dictaminará esta norma– se han logrado entendimientos sobre el significado y las implicancias de la consulta, como un diálogo intercultural y de aproximación para alcanzar el consenso, ante medidas legislativas y administrativas adoptadas por el Estado.
“Pero la autoridad del Estado y del Gobierno se ejerce en el imperio de su competencia y decidirá con sus atribuciones legales, porque si no, no habría una dinámica para el desarrollo, porque podría haber bloqueos”, añadió.
Cabanillas dijo que en la próxima sesión su grupo de trabajo agotará el debate y tomará una decisión, y señaló que no habrá una sesión conjunta con la Comisión de Pueblos Andinos.
Datos
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Elizabeth León, negó que la insistencia en la autógrafa de Ley de Consulta Previa, observada por
el Poder Ejecutivo, afectelas inversiones.
Indicó que los pueblos originarios han manifestado constantemente que no están en contra de la inversión privada, pero desean conversar con el Estado y conocer previamente los beneficiosque les traerá la llegadade inversionistas.Fecha:08/07/2010

Recomiendan no insistir con autógrafa de consulta previa

García Toma llama a congresistas legislar de manera responsableEl ministro de Justicia, Víctor García Toma, consideró que no es prudente que el Congreso insista con la autógrafa de la Ley de Consulta Previa que fue observada por el Poder Ejecutivo, pues tal como se aprobó puede generar problemas serios a la
El Poder Ejecutivo observó la norma porque ésta ampliaba la consulta previa de los pueblos nativos a las comunidades campesinas, y porque no se establecía explícitamente que el consentimiento fijado en la norma no era un veto a las decisiones legislativas y administrativas que adopte el Ejecutivo.
Sin embargo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso acordó insistir en la autógrafa de ley observada, que busca regular la aplicación del Convenio 169 sobre consulta a las comunidades nativas y tribales.
“Nos parece que no ha sido prudente o juicioso insistir en un proyecto en el que, más allá de las buenas intenciones, por la forma en que ha sido redactado se corre el peligro de que al momento de su aplicación genere mayores problemas que los que intenta resolver”, dijo el ministro en declaraciones a Andina.
Tras invocar a los parlamentarios que legislen de manera responsable en este tema, García Toma advirtió que los vacíos que plantea este tipo de normas pueden generar serios problemas en materias vinculadas con la inversión al momento de su aplicación.
No hay persecución
El titular de Justicia recalcó que no existe persecución política contra el religioso inglés Paul Mc Auley, y puntualizó que dicho sacerdote debería fomentar la concordia antes de involucrarse en actos de agitación y desorden social.
Señaló que de acuerdo con la ley, no es permisible que el citado religioso, en su condición de residente, organice actos que lleven al desorden público en la Amazonía, razón por la cual la autoridad dispuso cancelar su residencia en el país.
Residencia
La justicia de Maynas, Loreto, admitió una medida cautelar a favor del sacerdote Mc Auley, presidente de la Red Ambiental
de Loreto.
De esta manera se suspende el cumplimiento de la medida que dispuso cancelar su residencia, hasta que los tribunales se pronuncien sobre una acción de amparo y un recurso de hábeas corpus.

Ratifican que propiedad agraria debe tener límites

Congresistas del Partido Aprista rechazaron las críticas de gremios empresariales al dictamen que establece un límite máximo de 40,000 hectáreas para la propiedad de las tierras en las zonas agrícolas de la costa, pues la concentración de éstas puede ser perniciosa para el país.
El ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, sostuvo que si no hay una ley que establezca ese límite cualquier grupo económico puede seguir comprando tierras, acumulando y concentrando la propiedad en perjuicio de los intereses del país.
Descartó que dicha norma afecte la inversión privada y que se fundamente en conceptos que rememoran la reforma agraria de hace más de 40 años.
Explicó que la reforma agraria despojó la propiedad, la subdividió y la atomizó. "El tope era que nadie podía tener 150 hectáreas, y acá (de acuerdo con el dictamen) se establece 40,000 hectáreas (como límite máximo de extensión de las zonas agrícolas)".
Del Castillo señaló que el referido dictamen, aprobado por la Comisión Agraria del Congreso, no implica una supuesta trasgresión a la propiedad.
Argumentó que el fundamento constitucional de la iniciativa legislativa es impecable, en la medida que el artículo 88° de la Carta Magna establece que por ley se puede regular la extensión de la propiedad agraria, de acuerdo a las peculiaridades de la zona.
"Por lo tanto lo que se ha hecho es promover que en la costa se regule la extensión de la propiedad agraria de acuerdo con el bien común".
Precisó que en el Perú la propiedad es inviolable pero no es absoluta, pues cuando una familia compra un terreno éste se encuentra sujeto a la zonificación municipal, no se puede construir más de una altura establecida; y se tiene que edificar de acuerdo a los usos que la comuna ha aprobado.
Propuesta queresponde a ley
El también ex jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, al sustentar la disposición elaborada en la Comisión Agraria del Legislativo, explicó que toda concentración de la propiedad puede ser contraproducente y ésta puede regularse por ley.
A modo de ejemplo, mencionó que la Ley de Radio y Televisión establece que nadie puede tener más del 30% de las frecuencias; y aclaró que lo mismo sucede con el sistema eléctrico nacional en donde también hay medidas de regulación.
"En el propio sistema de bancos y seguros la ley señala que si uno es accionista de una entidad financiera no puede serlo de otra. Como vemos, lo que estamos planteando no es ningún conejo sacado del sombrero, es normal aquí y en cualquier país", enfatizó el legislador en respuesta a los dirigentes empresariales que criticaron la medida por antentar contra la propiedad privada.
Pronunciamiento
Gremios empresariales como la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias emitieron ayer un comunicado en que cuestionan el citado dictamen y señalan que sus fundamentos son "similares a los que justificaron la Reforma Agraria."

miércoles, 26 de mayo de 2010

COMISIÓN MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE ESTUDIAR Y RECOMENDAR LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
“INFORME SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

Abogado Handersson Bady Casafranca Valencia
Asesor de la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática Indígena

COMISIÓN MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE ESTUDIAR Y RECOMENDAR LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA

LEGISLATURA 2008-2009

Congresistas:

Gloria Deniz Ramos Prudencio Presidenta
Juan David Perry Cruz Vicepresidente
Karina Juliza Beteta Rubín Secretaria
Hilaria Supa Huamán
Elizabeth León Minaya
María Cleofé Sumire Conde
Rafael Yamashiro Oré
Alfredo Tomás Cenzano Sierralta
José Macedo Sánchez
Yonhy Lescano Ancieta
Rolando Reátegui Flores
Eduardo Peláez Bardales


I. CONCLUSIONES GENERALES:

1. El Estado peruano, como en la mayoría de los estados de la región, ha desarrollado sus ideas sobre las culturas desde el razonamiento de que las sociedades son homogéneas, o deberían tender a serlo, por lo que ha ido sucumbiendo a la idea de considerar un requisito para su adecuada configuración la homogenización social y cultural y se ha acostumbrado a confundir la “unidad nacional” con la homogeneidad, igualdad y uniformidad.

2. El Estado debe ser la expresión de su diversidad cultural, no sólo en el plano formal sino en su dimensión política y jurídica. Desde un enfoque de interculturalidad, el derecho constitucional a la “identidad étnica y cultural” ha transformado la idea de Igualdad como homogeneidad, a la Igualdad como diferencia.

3. Ante la evidente heterogeneidad cultural del Estado peruano, que ha empezado a manifestarse socialmente a través de las reivindicaciones indígenas que han ido produciendo un reacomodo social y una afirmación étnica, debe hacerse una evaluación sobre en cuánto el Estado está expresando la diversidad pluricultural que presentan todas las culturas coexistentes y consideradas minoritarias sobre todo por criterios de raza o etnicidad; considerando que los derechos a la identidad étnica y cultural, dentro del Principio de Unidad Constitucional, se entrelazan con el derecho a la Igualdad, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Por tanto, las políticas públicas para los pueblos indígenas deberán darse dentro de ese contexto.

4. Conforme a la información cursada por las diferentes instituciones estatales a la Comisión Especial Multipartidaria, incluida como anexos del presente informe, el Estado peruano no ha construido políticas públicas específicas para los pueblos indígenas en el marco de lo establecido en la Constitución y en el conjunto de los derechos del Convenio Nº 169.

5. Las acciones desarrolladas por distintas entidades sectoriales no han sido formuladas con participación de los pueblos indígenas o con sus organizaciones representativas, y en cuanto a su aplicación éstas no han sido consultadas. Los antecedentes del Plan Prioritario del 2001 por el gobierno de transición y, en el 2008 – 2009 por el Gobierno actual, mediante las Mesas de Diálogo con organizaciones indígenas amazónicas, no han comprendido a los pueblos indígenas andinos y no se han efectivizado en su mayor parte, junto al hecho de que en el Poder Legislativo aún no se aprueban las leyes que han sido demandadas por distintas instituciones, como la Defensoría del Pueblo y las propias organizaciones indígenas.

6. El Estado no cuenta con la institucionalidad necesaria para dar atención integral a la problemática de los Pueblos Indígenas y dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Perú y el Convenio Nº 169.

7. La institucionalidad existente es INADECUADA para garantizar la protección de la propiedad territorial de las comunidades, como es el caso de COFOPRI y, es DÉBIL E INSUFICIENTE para el caso de entidades como INDEPA, el CENSI en Salud o la DIGEIBR en Educación, que cuentan tanto con recursos limitados como con débil escucha y apertura para la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Esta debilidad se expresa y se amplifica en el nivel de la mayoría de los gobiernos regionales y locales con población indígena, salvo pocas excepciones.


II. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:

A) CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I: INSTITUCIONALIDAD Y REPRESENTACIÓN

Del desarrollo del presente informe se puede concluir lo siguiente:

1 El Estado peruano cuenta con una muy débil institucionalidad para dar atención integral a la problemática de los Pueblos Indígenas y dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Perú respecto a los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación de cualquier índole, en particular por condiciones étnicas y culturales. Esto presupone el reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la Nación (Artículo 2°, inc. 2 y 19), la aplicación del Convenio 169 de la OIT y los derechos a que da garantía, como en lo que toca al Estado peruano en el Año internacional del Acercamiento entre las Culturas establecido por las Naciones Unidas, lo cual hace indispensable su debido reconocimiento constitucional con pleno reconocimiento del valor de las culturas originarias del Perú y de su patrimonio como pueblos indígenas u originarios con aportes incontables para el desarrollo del país.

2 El Estado debe otorgar un tratamiento especial a las lenguas y derechos lingüísticos mediante la generación de una institucionalidad específica y la formulación de políticas lingüísticas que garanticen el respeto al uso de sus lenguas originarias y el fomento de la normalización de lenguas, en los territorios de dichos pueblos.

3 Se debe materializar el derecho de representación política de los pueblos indígenas en el Poder Legislativo en una circunscripción especial, como en las instancias de nivel nacional especial, como en las instancias de otros poderes del Estado.
4 El INDEPA no ha cumplido con la construcción, concertación y planificación de políticas públicas para los Pueblos Indígenas, por lo cual se requiere de una institucionalidad mayor que actualmente no existe.

5 De lo concluido anteriormente, se hace indispensable contar con una institucionalidad mayor para dar solución a la insuficiencia institucional, mediante la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que se constituya en rector de las políticas públicas en materia indígena, que ofrezca una atención duradera y sostenible a los pueblos originarios.


RECOMENDACIONES

En virtud de lo expuesto y conforme a lo señalado en los artículos 35º inciso c) y 71º del Reglamento del Congreso de la República, a la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas, corresponde:

RECOMENDAR AL PODER EJECUTIVO, con Participación de los Pueblos Indígenas:

1.1 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, que en el uso de sus facultades, considere aprobar y coordinar la implementación de un Registro Nacional Indígena, con la programación de un Censo Indígena cada cuatro años, con participación del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la RENIEC, el INDEPA y otras entidades pertinentes, con conocimiento y participación de las organizaciones de los pueblos indígenas.

1.2 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, que en el uso de sus facultades, considere elaborar y ejecutar las políticas y mecanismos de tratamiento transversal y sectorial de la problemática indígena, a través de la creación de un Instituto Nacional de Lenguas que respete la fonética y la libertad de expresión y escritura en su lengua. Asimismo, la creación de un Centro de Estudios e Investigación para los pueblos indígenas que organice una base estadística y el tratamiento de sus factores demográficos, territoriales y culturales.

1.3 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, que en el uso de sus facultades, procedan a desarrollar e implementar las políticas y mecanismos de tratamiento transversal y sectorial de la problemática indígena, y a consolidar los acuerdos de las Mesas de Diálogo del Grupo Nacional.

1.4 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, que en el uso de sus facultades, proceda a modificar la normativa referida al INDEPA para su reestructuración como órgano técnico especializado, de carácter TRANSITORIO hasta la creación de la respectiva cartera Ministerial con la disposición presupuestal necesaria, garantizando la participación de las organizaciones indígenas.
RECOMENDAR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, que previa consulta a los pueblos indígenas:

2.1 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de Constitución y Reglamento, en el marco de sus facultades, consideren dictaminar iniciativas legislativas que otorguen pleno reconocimiento de los Pueblos Indígenas a través de la creación de un Registro Nacional Indígena, el que deberá ser actualizado con la realización de censos periódicos a los Pueblos Indígenas u Originarios[1].

2.2 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Educación, en el marco de sus facultades, consideren presentar para su aprobación por el pleno el dictamen sobre el Proyecto de Ley para la preservación y uso de las Lenguas Originarias del Perú[2] que garanticen los derechos lingüísticos de la población indígena.

2.3 A través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en el marco de sus facultades, considere dictaminar el Proyecto de Ley Nº 3475/ 2009-CR que Incorpora la Representación Parlamentaria Indígena en el Congreso de la República, y establece una circunscripción nacional especial indígena para la elección de una representación nacional específica en el Poder Legislativo. De forma particular y alternativa, se propone considerar la cuota indígena parlamentaria y el Proyecto de Ley Nº 2728-2008.[3]

2.4 A través de las Comisiones de Educación y de Constitución y Reglamento; así como la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que en el marco de sus facultades, consideren la fusión del futuro Ministerio de los Pueblos Indígenas con el Ministerio de la Cultura, propuesto por el Poder Ejecutivo a través del Proyecto de Ley Nro. 3622/2009-CR. La estructura del nuevo ministerio deber considerar la creación de un Instituto Nacional de Lenguas, como de un Centro de Estudios e Investigación sobre los pueblos indígenas, así como del Registro Nacional Indígena.

2.5 A través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en el marco de sus facultades, evaluar y hacer seguimiento a las acciones del Poder Ejecutivo en todos sus sectores respecto al desarrollo e implementación de las políticas y mecanismos de tratamiento transversal y sectorial de la problemática indígena, como del cumplimiento efectivo de los acuerdos de las comisiones conformadas en el Grupo Nacional de la Mesa de Diálogo en coordinación y consenso con las organizaciones indígenas.

RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES:

3.1 A través de los Gobiernos regionales y Municipales con poblaciones y territorios indígenas, que en el uso de sus facultades y competencias, adecuen su planificación, gestión de recursos y formulación de presupuesto participativo, incluyendo a las poblaciones indígenas como tal. Asimismo, apoyen el cumplimiento de los acuerdos de las comisiones conformadas en el Grupo Nacional de la Mesa de Diálogo con la PCM, para su implementación consensuada con las organizaciones indígenas en base a procesos de consulta y audiencia pública.


B) CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II: EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Del desarrollo del presente informe se puede concluir lo siguiente:

1. Se debe declarar de interés y emergencia nacional la Educación Intercultural Bilingüe, en particular en la educación rural[4], a fin de que se implemente como política pública, para atender a las generaciones de niños y jóvenes de los pueblos indígenas en todos los niveles de la Educación, inicial, primaria, secundaria y superior, con pertinencia y orientación intercultural.

2. Es necesaria la definición de una Política Nacional de Educación Intercultural consultada a los pueblos indígenas, que incluya la elaboración curricular pertinente. Asimismo, la producción de textos escolares en el marco de la cultura de cada pueblo y de los Proyectos Educativos Regionales, en aplicación de lo establecido en el Convenio 169.

3. Establecer un Subsistema de Educación Intercultural Bilingüe con tratamiento preferente dentro del sistema educativo regional y nacional, orientado a favorecer el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades. Para ello, las Direcciones Regionales de Educación con sus correspondientes Unidades de Gestión Educativa de las regiones con pueblos indígenas, deben definir su prioridad de atención en recursos humanos, técnicos y financieros.

4. Se debe garantizar la Institucionalización y optimización de las instancias de formación docente en educación intercultural bilingüe según la cultura de cada pueblo, SIN EVALUACIONES EXCLUYENTES como la nota 14, con requisitos de evaluación según su realidad; con reconocimiento y mejoramiento profesional, y con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169.

5. Es necesario que el Estado reconozca a las Instituciones Educativas de Gestión Comunal (IEGECOM) y efectúe el pago oportuno a los docentes de EIB que atienden en ellas, con miras a la creación de plazas docentes bilingües permanentes en las comunidades y contratación de profesores bilingües indígenas. Estas se definirán en base a la oferta y demanda educativa y en términos de equidad e inclusión, e indicadores de desarrollo docente y administrativo según territorio, asentamiento poblacional, pertinencia cultural, desarrollo comunitario y geoeconómico regional, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades; considerando diversas experiencias innovadoras como la educación en alternancia[5], los yachachiq`s u otros más.

6. El Ministerio de Educación debe proceder a la evaluación y reajuste del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades a fin de redefinir las estrategias y metas necesarias para eliminar las brechas de inequidad de género a favor de las mujeres, así como articular la educación formal con la educación comunitaria intercultural, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades.

RECOMENDACIONES

En virtud de lo expuesto y conforme a lo señalado en los artículos 35º inciso c) y 71º del Reglamento del Congreso de la República, a la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas, corresponde:

RECOMENDAR AL PODER EJECUTIVO, con Participación de los pueblos indígenas:

1.1 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen políticas y mecanismos de capacitación y actualización de sus recursos humanos y funcionarios en el enfoque intercultural y de derechos, en aplicación del Convenio 169, para una atención pertinente a los usuarios provenientes de pueblos indígenas.

1.2 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y del Ministerio de Educación, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen las políticas y mecanismos de evaluación y tratamiento del desarrollo curricular y la producción de textos escolares y materiales educativos, en el marco de los Proyectos Educativos Regionales y de la coordinación y consenso con las organizaciones de los pueblos indígenas, como de los Consejos Nacional y Regionales de los Pueblos Indígenas.

1.3 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen las políticas y mecanismos de evaluación y tratamiento para el reconocimiento oficial de las instituciones educativas de gestión comunal (IEGECOM) y del pago a los docentes de EIB, como alternativa transitoria hasta proceder con la creación de plazas docentes bilingües permanentes en las comunidades de acuerdo a nuevos criterios e indicadores de desarrollo y definición de la oferta y demanda educativa en términos de equidad e inclusión, para asegurar una cobertura al 100% en todos los niveles, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades.

1.4 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen las políticas y mecanismos de fortalecimiento de las instituciones de formación docente en educación intercultural bilingüe como Institutos Superiores Pedagógicos y Universidades, situados en las regiones con pueblos indígenas, cuyo restablecimiento debe efectuarse con carácter de emergencia educativa para los años 2010 y 2011. Los procesos de evaluación e ingreso se determinarán en base a indicadores y normas distintas al resto de la educación superior, sustentados en criterios de discriminación positiva, equidad e inclusión, en un enfoque intercultural y de etnoeducación, a fin de asegurar el derecho a la educación de los pueblos indígenas en sus actuales y próximas generaciones, y favorecer competencias para el desarrollo, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades.

1.5 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y del Ministerio de Educación, que en el uso de sus facultades, procedan a la evaluación y reorientación del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) con participación de los representantes de las organizaciones indígenas, para redefinir los programas de alfabetización de adultos con enfoque intercultural bilingüe y las estrategias necesarias en función del desarrollo comunitario local y regional.

1.6 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerio de Educación y de la Mujer y Desarrollo Social, que en el uso de sus facultades, procedan a la evaluación, reajuste y reorientación del Programa JUNTOS, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades para su adecuación a la Política Nacional de Educación Intercultural y a los Proyectos Educativos Regionales, en función del desarrollo comunitario local y regional.

RECOMENDAR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, que Previa Consulta a los Pueblos Indígenas:

2.1 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Educación, en el marco de sus facultades, considere evaluar y hacer seguimiento a la gestión del Ministerio de Educación en aplicación de una Política Nacional de Educación Intercultural para todos y de la Educación Intercultural Bilingüe.

2.2 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Educación, en el marco de sus facultades, dictaminar las iniciativas legislativas relativas a la modificación de los Artículos 19° , 20°, 25°, 26°, Títulos III y IV de la Ley General de Educación N° 28044, que permitan la creación y funcionamiento de un Subsistema de Educación Intercultural Bilingüe con tratamiento preferente dentro del sistema educativo regional y nacional, orientado a favorecer el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas, con la prioridad y recursos necesarios, con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades .

2.3 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Educación, en el marco de sus facultades, dictaminar las iniciativas legislativas relativas a la modificación de las normas referidas a las instituciones de formación docente en educación intercultural bilingüe y a la carrera publica magisterial, a fin de suprimir normas que establecen las evaluaciones no equitativas y excluyentes (como la que dispone la nota 14), con medidas de emergencia respecto a los Institutos de Formación docente en EIB y con establecimiento de estímulos de reconocimiento y mejoramiento profesional a los docentes, con participación de las comunidades indígenas y sus organizaciones, en aplicación del enfoque intercultural y el desarrollo comunitario, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169.

RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, con Participación y Previa Consulta a los Pueblos Indígenas

3.1 A través de las diversas Presidencias, Alcaldías, Consejos Regionales y Municipales, que en el uso de sus facultades y competencias, adecuen sus Proyectos Educativos Regionales y Locales como la normatividad administrativa de sus instancias de gestión educativa descentralizada, en lo pertinente a las disposiciones contenidas en el Convenio 169 OIT , con políticas y mecanismos de capacitación y actualización de sus recursos humanos en el enfoque intercultural y de derechos para atender con equidad e inclusión a los usuarios de los pueblos indígenas.

3.2 A través de las diversas Presidencias, Alcaldías, Consejos Regionales y Municipales, que en el uso de sus facultades y competencias, adecuen su planificación, gestión de recursos y formulación de presupuesto participativo a la creación y funcionamiento del Subsistema de Educación Intercultural Bilingüe dentro del sistema educativo regional, en coordinación y consenso con las organizaciones de los pueblos indígenas, y de los Consejos Nacional y Regionales de los Pueblos Indígenas.



C) CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III: SALUD INTERCULTURAL

Del desarrollo del presente informe se puede concluir lo siguiente:

1. La Salud Intercultural requiere prioridad como política pública para los Pueblos Indígenas, a fin de atender a las generaciones de niños y jóvenes, como a la población adulta y de la tercera edad de los pueblos indígenas en todos los territorios donde ellos se asientan con una cobertura al 100%, garantizándose la calidad en la atención primaria de salud para las comunidades de los territorios de la amazonía y el área andina, favoreciendo el acceso al sistema nacional de salud, con pertinencia y orientación intercultural.

2. La elaboración de una Política Nacional de Salud Intercultural para todos debe favorecer su elaboración con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y sus comunidades, como también asegurar el destino de recursos presupuestarios y humanos con los adecuados equipos y medicinas, para una atención integral, en el marco de la cultura de cada pueblo y de los acuerdos entre las organizaciones indígenas con el MINSA y los gobiernos regionales, en aplicación de lo establecido en el Convenio 169.

3. En Las regiones con pueblos indígenas y comunidades se deben definir las prioridades de atención en recursos humanos, técnicos y financieros mediante el establecimiento de un Subsistema de Salud Intercultural con tratamiento preferente dentro del sistema regional y nacional de salud, orientado a favorecer las condiciones de vida y desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas.

4. Es necesario garantizar la Institucionalización y optimización del funcionamiento de las instancias de formación de técnicos en enfermería y salud intercultural según la cultura de cada pueblo, con el reconocimiento y mejoramiento profesional en el marco del potenciamiento de la medicina intercultural con recuperación de la medicina tradicional y las prácticas ancestrales de salud de las comunidades, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169.

5. Es necesario reconocer oficialmente a los técnicos en salud formados en FORMABIAP y otras entidades que atienden en las comunidades, así como crear las plazas necesarias y contratar promotores de salud indígenas según territorio, asentamiento poblacional, pertinencia cultural, desarrollo comunitario y geoeconómico regional.

6. Es necesario proceder a la evaluación y reajuste del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades, a fin de redefinir las estrategias y metas necesarias para articular la salud con la seguridad alimentaria en una perspectiva comunitaria intercultural.

RECOMENDACIONES

En virtud de lo expuesto y conforme a lo señalado en los artículos 35º inciso c) y 71º del Reglamento del Congreso de la República, a la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas, corresponde:
RECOMENDAR AL PODER EJECUTIVO, que con Participación de los Pueblos Indígenas

1.1 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen políticas y mecanismos de capacitación y actualización del personal del sector en el enfoque intercultural y de derechos, en aplicación del Convenio 169, para una atención pertinente a los usuarios provenientes de pueblos indígenas, eliminando toda forma de discriminación y racismo, promoviendo procedimientos de consulta y las formas necesarias de inclusión con participación .

1.2 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de Salud y Educación, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen las políticas y mecanismos de evaluación y tratamiento del desarrollo curricular y la formación de profesionales y técnicos con producción de textos y materiales educativos para la salud de las comunidades, considerando su medicina tradicional, en consulta a las organizaciones de los pueblos indígenas.

1.3 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de Salud y de Economía y Finanzas, que en el uso de sus facultades, elaboren e implementen las políticas y mecanismos de evaluación y tratamiento para el reconocimiento oficial de las organizaciones de promoción de salud comunitaria en estos pueblos, de acuerdo a nuevos criterios e indicadores de desarrollo y definición de la oferta y demanda de salud en términos de equidad e inclusión.

1.4 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, se adopten las políticas urgentes para reducir drásticamente la mortalidad infantil, con metas precisas e indicadores desde la perspectiva de los pueblos indígenas, otorgándose prioridad de atención a las comunidades amazónicas y andinas.

1.5 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y del Ministerio de Salud y otros, que en el uso de sus facultades, procedan a la evaluación y reorientación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) con participación de los representantes de las organizaciones indígenas y comunidades para redefinir los programas alimentarios con enfoque intercultural y seguridad alimentaria con las estrategias necesarias en función del desarrollo comunitario local y regional y, de los recursos alimentarios de su región.

RECOMENDAR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, que Previa Consulta a los Pueblos Indígenas:

2.1 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Salud, en el marco de sus facultades, considere evaluar y hacer seguimiento a la gestión del Ministerio de Salud en el tratamiento y definición de Política Nacional de Salud Intercultural para todos como política pública integral y prioritaria.

2.2 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Salud, en el marco de sus facultades, dictaminar las iniciativas legislativas relativas a la modificación de las leyes y normas sobre las instituciones de salud que permitan la creación y funcionamiento de un Subsistema de Salud Intercultural con tratamiento preferente dentro del sistema regional y nacional de salud, orientado a favorecer las condiciones de vida y el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas, con la prioridad y recursos necesarios.

2.3 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de Salud y de Educación, en el marco de sus facultades, dictaminar las iniciativas legislativas relativas a la modificación de las normas referidas a las instituciones de formación en profesionales médicos y de salud a fin de favorecer la equidad e inclusión en la formación de recursos humanos, con establecimiento de estímulos de reconocimiento y mejoramiento profesional.

2.4 A través de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y de Salud, considere presentar para su aprobación por el pleno el dictamen sobre el Proyecto de Ley Nº 2053-2007-CR de reconocimiento de la medicina Tradicional, alternativa complementaria y de los agentes que la ejercen, como forma de reconocimiento para promover una medicina intercultural con recuperación de la medicina tradicional, de las prácticas ancestrales y otras formas de salud de las comunidades[6], de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169.

RECOMENDAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES:

3.1 A través de los Gobiernos Regionales y Municipales con pueblos indígenas, que en el uso de sus facultades y competencias, adecuen sus Proyectos de Salud Integral Regionales y Locales, así como la normatividad administrativa de sus instancias de gestión, en lo pertinente, a las disposiciones contenidas en el Convenio 169 OIT, con políticas y mecanismos de capacitación y actualización del personal en el enfoque intercultural y de derechos para atender con equidad e inclusión a los usuarios de los pueblos indígenas.

3.2 A través de los Gobiernos Regionales y Municipales con pueblos indígenas, que en el uso de sus facultades y competencias, adecuen su planificación, gestión de recursos y formulación de presupuesto participativo a la creación y funcionamiento del Subsistema de Salud Intercultural dentro del sistema de salud regional, previa consulta a las organizaciones de los pueblos indígenas, y con la opinión de los Consejos Nacional y Regionales de los Pueblos Indígenas.



D) CONCLUSIONES SOBRE EL CAPITULO IV: TERRITORIO Y DESARROLLO

1. El Territorio de los pueblos indígenas, debe ser entendido como una dimensión existencial de cada pueblo indígena. Es un elemento central de su existencia colectiva y es considerado como un derecho fundamental de dichos pueblos, en tanto que, su reconocimiento legal y demarcación son la base de su supervivencia física y cultural.

Su tratamiento jurídico reviste una importancia determinante para el ejercicio del resto de los derechos de los pueblos indígenas, en tanto que, existe una resistencia para entender y compatibilizar interculturalmente los conceptos jurídicos occidentales que orientan al Estado peruano, con una descripción real de lo que el hábitat de un pueblo indígena significa para su normal desenvolvimiento.

El territorio indígena no es similar al territorio estatal, corresponden a ideas diferentes. El territorio indígena no supone soberanía en el sentido que lo considera el Estado. Los pueblos indígenas no son Estados, sino sociedades históricamente definidas. Aún cuando, cada pueblo tiene una concepción particular sobre su territorio, todos comparten la idea de que éste tiene un significado colectivo material y espiritual.

El Territorio de un pueblo indígena, es el espacio donde su cultura se reproduce y ejerce su autonomía interna, dentro de las fronteras del Estado peruano y el respeto de los derechos humanos. Consecuentemente, no se refiere a ceder soberanía territorial o de crear micro estados, sino reconocer un derecho pre existente y cualitativamente distinto al derecho estatal.

Al Territorio se le otorga el carácter de “ancestral”, en la medida que su relación con los pueblos indígenas es anterior a la formación de los Estado-Naciones y va más allá de las personas o individuos concretos. Se trata del espacio que han compartido sus antepasados, el lugar con el que se identifican y que forma parte de su identidad y espíritu colectivo, pero también es el espacio que les proporciona todo lo indispensable para sobrevivir como pueblos.

Asimismo, el Convenio Nº 169 de la OIT, precisa que el término de tierras utilizado en el mismo tratado, deberá entenderse como Territorio.

El Perú, como país miembro del Sistema Interamericano, tiene la obligación de garantizar y proteger los territorios de los Pueblos Indígenas, conforme a su Constitución Política, al Convenio 169 de la OIT, a la Convención y Declaración Americana de Derechos Humanos y a las Sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En mérito a la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende también los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal.

La propiedad comunal y el territorio de los pueblos indígenas, deben entenderse desde la interculturalidad, como un medio para compatibilizar los conceptos jurídicos occidentales, con los conceptos entendidos por los propios pueblos indígenas, como producto de su cosmovisión. Es decir, -jurídica y constitucionalmente- reconociendo su derecho consuetudinario sobre la propiedad, conforme lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias sobre pueblos indígenas.

En el Perú, la propiedad es un derecho fundamental. Su inviolabilidad constituye un principio constitucional, que garantiza y protege el derecho a la propiedad en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa, conforme lo dispone la actual Constitución Política de 1993.

La promoción e incentivo del Estado peruano para la “titulación individual” de las comunidades campesinas y nativas, constituye una vulneración a la Propiedad Comunal, la misma que goza de protección constitucional desde 1920.

Los pueblos indígenas, como comunidades campesinas y nativas, vienen utilizando el actual “Sistema de Titulación” que el Estado peruano ha buscado para “formalizar” o “garantizar” los modelos de territorialidad indígena, expresados a través de “títulos de propiedad”. Sin embargo, para los pueblos indígenas, en la interacción del derecho al territorio con la propiedad civil (occidental), ésta última constituiría una figura útil solamente para proteger su territorio y no con el propósito de describir su territorialidad. De todas las características del “derecho de propiedad”, los pueblos indígenas se han centrado en aquellas referidas al ejercicio del poder que otorga ese derecho sobre la cosa: su carácter absoluto (erga omnes), exclusivo y permanente y no tanto su capacidad de describir o facilitar las relaciones sociales que se producen en torno a la territorialidad.

En el “Sistema de Titulación de Comunidades”, existe un rechazo, de parte de las autoridades y funcionarios del Estado peruano, a entender la propiedad comunal como un derecho al territorio indígena, reduciéndolo a la concepción de la propiedad predial, en abierta contradicción a las leyes peruanas especializadas del régimen comunitario, que en el marco constitucional, se refieren a territorios y no a predios.

Los conceptos de propiedad comunal deben comprender el aspecto material e inmaterial (cultura, religión, espiritualidad, lengua, etc.) que éstos contienen, en aplicación del Convenio 169 OIT, que permite interpretar de una mejor forma, no solamente los artículos 88º y 89º de la Constitución Política de 1993, sino también los artículos 2º inc. 16 y 70º de la carta magna y la legislación que de ella se desprende, así como del artículo 21º de la Convención Americana.
La recuperación constitucional de las características de inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras comunales excluidas en la actual Constitución Política de 1993, constituye uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas, porque a parte de la exclusividad, la perpetuidad o el poder absoluto sobre la tierra que ofrece la propiedad a los pueblos indígenas, muchas de las otras características de ésta, serían disfuncionales al concepto de territorio indígena y por el contrario pondrían a sus tierras en una situación de riesgo.

El actual Sistema de Titulación a las Comunidades Nativas de la Selva, es un problema que vulnera el derecho de territorio de los pueblos indígenas amazónicos, por cuanto, este sistema parte desde una lógica agraria y toma como base la actividad agropecuaria, titulándoles únicamente las tierras con aptitud agraria, mientras que las tierras con aptitud forestal solamente se les cede en uso.

El análisis efectuado por el Estado para titular la parte agropecuaria y ceder en uso la parte forestal, no tiene explicación lógica. Este análisis, se origina desde una premisa errada, al considerar que las Comunidades Nativas basan su subsistencia y desarrollo en base a la actividad agrícola, cuando en realidad los pueblos indígenas amazónicos, tienen una relación única con la foresta, con los productos del bosque y con el bosque mismo. Por lo tanto, el análisis debe partir de que todas las poblaciones indígenas de la Amazonía, tienen ese tipo de relación y viven del bosque, su vida espiritual y su vida material proceden del bosque y van hacia el bosque, siendo, además, reconocida internacionalmente, las características de conservación y manejo sostenible del territorio de los indígenas de la Amazonía.

El problema de fondo del Sistema de titulación a las Comunidades, pasa por la “parcialidad” de la propiedad territorial de las comunidades, por la división del territorio comunal para titulación y cesión en uso. Pero además, por la debilidad que les otorga las decisiones políticas frente a los proyectos de extracción, desconociendo las garantías constitucionales a la propiedad y a los derechos que de ella se desprenden en la legislación especial.

Jurídicamente existe la posibilidad que el Estado, mediante la aplicación real de la Constitución, la Ley de Comunidades Nativas y de los Convenios Internacionales, les reconozca en propiedad a las comunidades nativas la totalidad de sus territorios demarcados.

Para analizar de qué forma se puede reconocer efectivamente el derecho sobre los territorios de las comunidades de la Amazonía peruana, es importante la revisión de toda la legislación especializada y subordinada a la Constitución, ya que en dicha legislación se señalan los procedimientos para determinar que tierras se ceden y que tierras se titulan. En dicho análisis se deberán considerar los antecedentes constitucionales y legales internos, los tratados internacionales referidos a pueblos indígenas y, las actividades del desarrollo económico de las Comunidades Nativas, como pueblos indígenas de la Amazonía, entendiéndose cuál es el verdadero uso que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio.

Además de los problemas de fondo en el Sistema de Titulación, la Comisión ha identificado que la titulación de las comunidades, también presenta problemas en el procedimiento, principalmente los referidos a la georeferenciación y a la metodología. Existen problemas históricos, como las superposiciones de territorios que han ocasionado graves conflictos entre comunidades -principalmente de la zona andina-, empero, en la zona de la Amazonía, se ha detectado que las demarcaciones y titulaciones inscritas no coinciden con las georeferenciaciones (GPS), lo cual es un problema para las comunidades nativas.

En el caso de las Comunidades Campesinas, existen problemas como: La inscripción de títulos de propiedad sin planos de conjunto; la falta de titulación de comunidades oficialmente reconocidas; la falta de identificación de comunidades por reconocer y titular; la incertidumbre que existe sobre las áreas declaradas en controversia que puede durar varios años; la ocupación de particulares y/o terceros de los territorios comunales, principalmente de las que se encuentran en proceso de reconocimiento y titulación; la falta de inscripción de sus directivas en los Registros Públicos y los problemas formales en el proceso de elección e inscripción; la multiplicidad de actores que atienden a las comunidades; la interferencia de las autoridades locales en los procesos de deslinde y titulación; así como la intervención de COFOPRI ha provocado falta de interés en la titulación colectiva, por la expectativas de titulación individual y; la inaplicación del Convenio 169 por parte de las autoridades intervinientes.

Los Problemas de titulación de las Comunidades Nativas se centran principalmente en: Falta de georeferenciación de las comunidades tituladas; la falta de titulación de las comunidades oficialmente reconocidas; la falta de identificación y registro de las comunidades por reconocer y titular; el estancamiento de los procesos de ampliación territorial; inexistencia de catastro; la ocupación de terceros sobre territorios de comunidades reconocidas o en proceso de reconocimiento que cuentan con constancias de posesión y en algunos casos con títulos de propiedad; la superposición de ANPs y concesiones de recursos naturales con territorios comunales; la extracción ilegal de recursos en territorios comunales; la multiplicidad de actores en el proceso de titulación y demarcación de tierras; la inexistencia de los Contratos de cesión en Uso y; la inaplicación del Convenio 169 por parte de las autoridades intervinientes.

La extracción de recursos naturales en los territorios de Comunidades Campesinas y Nativas, constituye un grave problema para los pueblos indígenas, que además está generando graves conflictos con el Estado y con terceros. Conforme a los reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos de este tipo están en constante crecimiento, por cuanto las comunidades consideran que no existe un desarrollo local que justifique el beneficio que las actividades extractivas generarían al resto del país, o porque éstas resultarían incompatibles con sus propias alternativas de desarrollo, consideraciones corroboradas por varios estudios, incluyendo los del Banco Mundial, donde se ha identificado que las comunidades locales en cuyos territorios se extraen recursos naturales han incrementado sus índices de pobreza extrema.
De la conclusión anterior se desprende concretamente que, los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo económico del país, sino que esperan ser considerados como parte de éste y de que se respete el cómo ellos conciben su propio desarrollo y sus propias alternativas de desarrollo.

El Estado debe CONSIDERAR EVALUAR como opciones válidas: Fortalecer los derechos de superficie de la propiedad comunal o Modificar el sistema de propiedad de los recursos naturales del subsuelo, siendo está última una propuesta que emana de la Mesa Nro. 4 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Dichas opciones tienen sus propios fundamentos. El fortalecimiento de los derechos de superficie, entre otras cosas, pasaría por la titulación integral del territorio de las comunidades. Mientras que la modificación del sistema de propiedad de los recursos naturales del subsuelo, pasa por adoptar el Sistema Accesorio o Fundiario, utilizado en diversos países del mundo.

Los pueblos indígenas amazónicos, tienen un problema de territorio que involucra a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Después de evaluar la actual legislación, encontramos que dichos pueblos se encuentran en una situación de riesgo, por cuanto se desconoce la existencia de las Reservas Territoriales como una figura de protección, condicionándolas a una adecuación a Reservas Indígenas, las mismas que gozan de una intangibilidad, excepto en el caso de explorar y explotar recursos naturales, sin considerar la alta vulnerabilidad que presentan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Asimismo, las Reservas Indígenas no garantizan el derecho al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por condicionar su derecho de propiedad al abandono de su situación de aislamiento, entendida como patrón cultural, lo cual vulnera lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 del Convenio Nro. 169 de la OIT.

RECOMENDACIONES

En virtud de lo expuesto y conforme a lo señalado en los artículos 35º inciso c) y 71º del Reglamento del Congreso de la República, a la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas, corresponde:

RECOMENDAR AL PODER EJECUTIVO, que con Participación de los Pueblos Indígenas:

1.1 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM y de los Ministerios de todos los sectores, que en el uso de sus facultades, desarrollen e implementen políticas y mecanismos transectoriales de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, considerando como base, la importancia de sus TERRITORIOS y sus propias prioridades de desarrollo.

1.2 A través de la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, que en el uso de sus facultades y en el marco de las recomendaciones sobre Institucionalidad, sin perjuicio del proceso de descentralización, considere la creación de un Organismo Técnico Especializado encargado de dictar y ejecutar políticas de titulación especial para Pueblos Indígenas, evaluando la posibilidad de la titulación integral de los territorios comunales y demarcación territorial a nivel de Pueblos Indígenas, respetando el carácter colectivo de la propiedad comunal y, considerando, en el caso de las comunidades nativas, que éstas no tienen como base de su desarrollo ni de su subsistencia, las actividades agrícolas sino aquellas relacionadas con la foresta. Asimismo, considere las provisiones presupuestarias suficientes para este fin.

1.3 A los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura, Ambiente y Energía y Minas, que en el uso de sus facultades y en el marco de sus actividades sectoriales, desarrollen procedimientos apropiados que garanticen el derecho de Territorio de los Pueblos Indígenas y respeten las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT y en las normas especiales.

1.4 Al Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA, en el uso de sus facultades, TRANSITORIAMENTE hasta la creación del organismo recomendado en el punto 1.2, identifique, evalué y proponga decididamente, a través de su Ministerio, las políticas públicas que garanticen el derecho al territorio de los Pueblos Indígenas, que por ley le corresponde hacerlo.

RECOMENDAR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, que Previa Consulta a los pueblos indígenas:

2.1 A través de la Comisión de Constitución y Reglamento, que en el marco de sus facultades, considere estudiar, evaluar y dictaminar las reformas constitucionales pertinentes, respecto a compatibilizar textualmente la categoría jurídica internacional Pueblos Indígenas, con las categorías existentes: Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas, Pueblos Originarios y Rondas Campesinas; con el objeto de evitar confusiones e interpretaciones divergentes sobre los pueblos indígenas como sujeto de derechos. Asimismo, considere evaluar el fortalecimiento constitucional de los derechos de superficie de las comunidades frente a la explotación de los Recursos Naturales o evaluar el cambio del Sistema de propiedad del subsuelo, en el marco de los acuerdos de la Mesa Nro. 4 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de la Amazonía.

2.2 A través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de Agricultura, de Vivienda y Construcción, que en el marco de sus facultades, considere: Estudiar el tema de titulación de las comunidades, diferenciando los aspectos jurídicos, sociales y económicos de las comunidades nativas y de las comunidades campesinas; Convocar a todas las instituciones involucradas para revisar el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades y; Dictaminar las modificatorias pertinentes de la legislación especial, considerando que al tratarse de títulos de propiedad, debería reconocerse como propiedad comunal la totalidad de los territorios demarcados, incluyendo las tierras con aptitud forestal. Asimismo, dictaminar las modificatorias que comprendan la simplificación de los procedimientos de deslinde, demarcación y titulación.

3. Remitir el presente Informe a: la Presidencia del Congreso de la República, a las Comisiones de: Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES e INDEPA, a los Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales y Distritales del Perú, así como a las organizaciones representantes de los Pueblos Indígenas.

4. A la Presidencia del Congreso de la República, autorizar la publicación y difusión del presente informe, a través los diferentes medios de comunicación.

[1] Aporte de Congresista Maria Sumire, Oficio Nº 815-08-09-MCSC/CR
[2] Dictamen del Proyecto de Ley Nº 806-2006, de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
[3] Aporte de Congresista José Macedo y pedido de Congresista María Sumire.
[4] Aporte de Congresista José Macedo.
[5] Aporte de Congresista Rolando Reátegui
[6] Aporte de Congresista Maria Sumire.

sábado, 1 de mayo de 2010

Planes de Repsol atentarían contra indígenas no contactados de Perú

Miembros de la ONG Survival International, se concentraron ante la sede financiera de la petrolera Repsol YPF en Madrid para reclamar a la compañía que suspenda sus planes de realizar exploraciones en el norte de Perú, "en tierra de indígenas aislados". Nota relacionada
Laura de Luis, responsable de comunicación de la organización internacional en España, dijo que el objetivo de la manifestación es pedir a Repsol "que salga de esa zona y sea consecuente con su compromiso con los derechos humanos".
Los congregados portaban pancartas con la frase: "Repsol, amenaza de extinción para los indígenas no contactados".
Operarán en tierras vírgenes
Según la ONG, la multinacional anunció sus planes de construir, como parte de su actividad en busca de petróleo, 454 kilómetros de líneas sísmicas y 152 helipuertos en una remota zona de la selva amazónica peruana, "hogar de al menos dos pueblos indígenas no contactados".
La región donde Repsol espera encontrar petróleo, conocida como "Lote 39", está ubicada al norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador.
Repsol YPF informa en su portal de internet que sigue adecuadamente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas correspondientes al Derecho Internacional Humanitario.
Además, asegura no haber encontrado pruebas de que existan estas comunidades en la zona selvática, cerca a la frontera entre Perú y Ecuador.
La representante de Survival International dijo que continuarán con protestas similares a la llevada a cabo hoy mientras la compañía petrolera no cese esas actividades, que la ONG considera que pone en peligro "la existencia de pueblos indígenas aislados". ( Con información de EFE).

martes, 23 de marzo de 2010

Urge reglamentar consultas a nativos

El pedido al gobierno peruano, de parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afectan a los pueblos indígenas y nativos no debe pasar desapercibido.Si bien no es el pronunciamiento del pleno de la OIT, sino un segundo informe de su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, nos confronta directamente con la falta de mecanismos de consulta a las comunidades nativas con respecto a proyectos de inversión en sus propiedades, tal como fue acordado en el Convenio 169, suscrito por el Perú en 1992.Más aun cuando desde los problemas suscitados en Bagua, donde incluso hubieron muertos por el mismo tema, han pasado más de nueve meses y el Congreso aún no aprueba el reglamento del Convenio 169. Consideramos que el país tiene abundantes recursos naturales y que estos deben ser explotados, pero respetando las regulaciones nacionales y convenios internacionales vigentes, de manera que contribuyan al desarrollo nacional.Algunos sectores y algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) lo que realmente buscan, so pretexto de la defensa de los derechos de los nativos y del medio ambiente, es que esos recursos no se exploten. Han hecho de la denuncia y de buscar mantener el estatus quo un modo de vida. No comulgamos con esta posición.Menos aun, cuando las acciones de rechazo irracional a toda inversión son azuzadas por quienes se dedican a actividades ilegales como el narcotráfico y la minería informal en esas zonas, y han hecho de ellas sus feudos. Sobre el punto habría que preguntar, si de defensa de los recursos naturales de los nativos y del medio ambiente se trata, ¿por qué algunas de esas organizaciones y sectores que dicen defenderlos no lo hacen también con la misma vitalidad, empeño y constancia que cuando se trata de proyectos de inversión?Es importante también que tanto el gobierno (hasta el momento el presidente no ha dicho esta boca es mía) como los empresarios que reclaman (con razón, posiblemente) cuando alguna medida les es contraria (por ejemplo, contra el fallo del Tribunal Constitucional en el tema del arancel al cemento) tomen muy en serio este pedido de la OIT y apoyen decididamente el respeto a los recursos y derechos de los nativos. De lo contrario otro "baguazo" tocará nuestras puertas.

domingo, 21 de marzo de 2010

Piden suspender a fiscal que denunció a policías en Bagua


Es procesada porque formuló demandas en Utcubamba cuando ya no era su jurisdicción
Domingo 14 de Marzo del 2010
La Fiscalía de Amazonas solicitó ayer a la Fiscalía Suprema de Control Interno la suspensión por treinta días de Marlene Rojas, magistrada que denunció a dos generales PNP y a otros agentes de la Dinoes como presuntos responsables de homicidio calificado el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo. Este pedido fue resultado de una investigación disciplinaria de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Amazonas por el trabajo de Rojas en este caso ocurrido en Bagua.
El jefe de esta entidad, Macedonio Arenas, manifestó que la oficina que preside encontró que Rojas denunció a los policías cuando ya no ocupaba el cargo de fiscal provisional de la Primera Fiscalía de la Provincia de Utcubamba. Según la investigación, ella emitió la denuncia cuando ya se le había asignado el cargo de fiscal titular adjunta de la Segunda Fiscalía de Chachapoyas.
RESPUESTAEn el documento final de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía de Amazonas, al que El Comercio tuvo acceso, se indica que Rojas dijo que ella realizó las acusaciones ya que aún no entregaba el cargo y que cumplía una función en nombre de su institución, nunca a título personal.
Sin embargo, Arenas sostiene que las demandas están mal formuladas, ya que no se hicieron los estudios previos correspondientes.
“Por eso mi despacho dictaminó la suspensión por 30 días”, indicó. No obstante, esta resolución puede ser apelada y depende de la decisión que tome el fiscal supremo de control interno.
Mientras tanto, se informó que la fiscal Rojas sigue trabajando con normalidad en el Ministerio Público.
Según la investigación, el 5 de agosto del 2009 se publicó en el diario oficial “El Peruano” que la fiscal Rojas cambiaba de sede de Utcubamba a Chachapoyas.
Sin embargo, las demandas a los policías fueron hechas el 6 de agosto, un día después de la orden de cambio.

miércoles, 17 de marzo de 2010

OIT pide al Perú detener exploración de recursos que afecten a indígenas

“Se debe asegurar la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza”, precisó el organismo internacional
Miércoles 17 de marzo de 2010 - 12:00 pm
(Reuters).- El Gobierno Peruano debe suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas del país, dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe divulgado a la prensa el miércoles.
La recomendación, elaborada por la Comisión de Expertos de la OIT, precisó que la suspensión debe permanecer hasta asegurar “la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza”.
El pedido incluye también a las “comunidades de campesinos y comunidades de indígenas; así como los indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial”.
VIOLENTAS PROTESTASLas labores de explotación de la riqueza natural del país suelen despertar un fuerte rechazo entre las comunidades cercanas a los proyectos, que temen afecten el medio ambiente y demandan una mayor tajada de las utilidades.
En junio pasado, los planes del Gobierno del presidente García de abrir tierras comunales a perforaciones petroleras, mineras y a la explotación forestal desencadenaron semanas de violentas protestas por parte de nativos amazónicos, en las que murieron 34 personas, entre policías e indígenas.
Para sofocar las mayores manifestaciones enfrentadas por el Gobierno, García derogó dos leyes que según los indígenas ponían en riesgo sus tierras ancestrales.
La Comisión destacó, además, que realizar reuniones “meramente con el propósito de informar o socializar no cumple con los requerimientos de la Convención”.
Al respecto precisó que un decreto supremo que regula la participación de los ciudadanos en el sector de la minería tiene limitaciones, debido a que la contempla pero luego de que se ha otorgado la licencia minera.
El sector minero es uno de los pilares de la economía peruana, que es el segundo productor mundial de cobre, el primero de plata y el sexto de oro.
http://elcomercio.pe/noticia/448244/oit-pide-al-peru-detener-exploracion-recursos-que-afecten-indigenas

martes, 9 de marzo de 2010

Asháninkas luchan por preservar su tradición

Domingo 7 de Marzo del 2010
MAZAMARI. La guerra no ha terminado en Teoría. El jardín de niños representa solo la primera batalla ganada en esta comunidad asháninka (a solo media hora de Mazamari) que después de resistir valientemente a Sendero Luminoso, hoy combate contra una educación que desconoce su cultura. Cuando Inés Pichuca pisó por primera vez el colegio, lo primero que le dijo el profesor fue que se olvidara de su lengua materna. La pinkatsaro, como se le dice en asháninka a la jefa de la comunidad, tenía entonces 10 años y no comprendía por qué debía borrar lo que su madre y sus abuelos le habían enseñado.
Si hoy los padres observan con orgullo el jardín de Teoría es porque gracias a él los niños asháninkas le han ido perdiendo el miedo a la escuela. Porque no es solo una casa pintada de colores o uno de los pocos centros de educación inicial en comunidades nativas, sino un espacio donde los más chicos inician una transición escolar sin olvidar sus tradiciones.
“Se usa la cushma [vestimenta típica asháninka] en los días de formación () y en el aula hablamos sin vergüenza en nuestra lengua y en castellano”, cuenta Ricardina López Jonata, quien es asháninka del Bajo Perené y desde que se graduó como profesora vive recorriendo distintas comunidades amazónicas donde le toca enseñar. Muchas veces, esto ha significado para ella separarse por largos períodos de su familia.
FALTAN MAESTROS BILINGÜESEl jardín funciona bajo el sistema de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), pero en sus primeros años fue un programa no escolarizado de educación inicial a cargo de padres con primaria completa. El Ministerio de Educación lo reconoció como un nido recién el 2003.
Aunque la comunidad ha logrado también la implementación de una cuna o ivanco jananeki (la versión amazónica del wawa wasi) y tiene una escuela primaria y secundaria, Inés Pichuca dice que el número limitado de maestros, sus constantes rotaciones y la designación de aquellos que no hablan su lengua materna siguen siendo grandes obstáculos para una educación intercultural bilingüe real. El de Teoría es un problema que enfrentan muchas comunidades nativas: de acuerdo con la Evaluación Censal del 2008, el 46% de los docentes que forma parte de la EIB no tiene una formación bilingüe. Además, el 59% de ellos habla una lengua distinta a la de la zona donde enseña.
Sin embargo, esta comunidad asháninka ha encontrado aliados en la Asociación de Maestros Bilingües de la Selva Central (Amabisec), que reúne a 220 profesores nativos, y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para mejorar las condiciones educativas de sus hijos.
Hace tres años, Teoría , donde uno de cada tres habitantes tiene menos de 8 años, fue elegida zona piloto del proyecto Niños de la Amazonía, propuesta pedagógica que involucra a los padres, la comunidad y los docentes en la mejora del aprendizaje de los menores de 8 años. El 2008 se replicó en las comunidades vecinas de Tsiriari, Pangá y Gloriabamba.
UN SISTEMA MEJORADORegina Moromizato, educadora y coordinadora del proyecto, explica que los esfuerzos se concentraron en el jardín y en los primeros grados de primaria, partiendo de que la transición del hogar al colegio es la oportunidad para que el niño se inserte bien en el mundo escolar. “El niño transita hacia nuevos contextos, maneras de relacionarse e integrar cosmovisiones, pero muchas veces no se dan las condiciones adecuadas”, sostiene.
Con los padres, la universidad empezó por fortalecer prácticas saludables de crianza —desde la nutrición hasta la higiene de los chicos— y su mayor participación en la escuela. Mientras, con los docentes se preparó una propuesta curricular que incorporara la realidad de la zona. Esto se tradujo, por ejemplo, en espacios de juego que emplearan elementos de la cultura asháninka y la recuperación de sus tradiciones orales.
Pese a las dificultades (los primeros maestros capacitados fueron rotados por la UGEL Satipo el 2009), ya se notan algunos cambios. Los padres cuentan que sus hijos se sienten más motivados para asistir a clases. Mientras, los maestros creen que tienen más herramientas para acercarse a los niños, aunque advierten que su trabajo no es valorado por el Ministerio de Educación. “Nosotros recorremos grandes distancias para enseñar en escuelas donde no hay más que mucha voluntad de las comunidades y de sus maestros, pero eso no es tomado en cuenta cuando se nos evalúa”, dice David Cochachi, presidente de la Amabisec .
LA IDEA DE PROGRESOEl terrorismo hizo que muchos niños asháninkas abandonaran sus escuelas. Ello explica por qué este pueblo amazónico tiene uno de los más altos índices de analfabetismo y también la preocupación de sus actuales líderes por contar con mejores servicios educativos para sus nuevas generaciones. “Somos conscientes de la importancia de su educación para progresar, pero sin que ello signifique la pérdida de su identidad. Queremos que nuestros hijos se eduquen y sean maestros, policías o doctores, pero que esto se revierta a favor de las comunidades”, apunta Inés Pichuca.
Este es el último año del proyecto Niños de la Amazonía y La Municipalidad de Mazamari se ha comprometido a darle continuidad a la experiencia con apoyo financiero para mejorar las escuelas.
La escuela fracasa si se impone solo como “castellanización”Muchos niños que hablan su lengua originaria y que provienen de culturas básicamente orales descubren por primera vez el mundo escrito en el colegio. Pero, ¿qué ocurre cuando su maestro no habla su lengua y tiene que enseñarle otra que además implica un sistema de escritura? Muchas veces, la enseñanza y el aprendizaje se convierten en frustración.
En la Amazonía existen más de 50 lenguas que pueden agruparse en 16 familias diferentes.
Heriberto Bustos, de la Dirección de Educación Rural del Ministerio de Educación, sostiene que en la medida que se han adaptado alfabetos y sistemas de escritura de las lenguas de etnias amazónicas, se han creado materiales educativos y capacitado a los profesores de la EIB para la enseñanza en dos lenguas (la originaria y el castellano). Ello ha ocurrido hasta el momento con diez lenguas, entre las que figuran la asháninka y la shawi.
Sigfredo Chiroque, investigador del Instituto de Pedagogía Popular (IPP), señala que mientras solo exista una visión de alfabetización entendida como “castellanización” se mantendrán las altas tasas de deserción y fracaso escolar en los alumnos de las escuelas rurales de las comunidades indígenas.
SEPA MÁSSurgió del nombre de un aveLa comunidad nativa inicialmente se llamó Tiori por la gran cantidad de pájaros del mismo nombre de la zona. Sin embargo, en la década del setenta, durante el proceso de titulación de tierras, funcionarios encargados del registro castellanizaron el nombre como Teoría.
LAS CIFRAS5De cada 100 niños de entre 3 y 5 años cuya lengua materna es indígena reciben educación inicial en el Perú, según un reporte del Foro Educativo.
11De cada 100 niños de primaria con una lengua materna distinta al castellano reciben educación intercultural bilingüe, revela el mismo documento.
55De cada 100 niños de la escuela rural terminan la educación primaria y solo 24 de cada 100 la secundaria, según el Ministerio de Educación.