domingo, 24 de mayo de 2009

La Defensoria del Pueblo defiende el Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas


Muchos perciben que el discurso de los dirigentes de los pueblos amazónicos es cerrado, sin alternativas. Solo exigen la derogación de los decretos legislativos dados por el Ejecutivo debido a la firma del TLC con EE.UU.Este reclamo tiene un origen: el abandono histórico del Estado —200 años de República— de lo que son las necesidades de la región amazónica en temas de educación, salud
Como en todo el Perú.No como en todo el Perú, la costa ha sido mucho más atendida.
Pero es un discurso circular.No me parece. Es un discurso que empieza diciéndome: “Primero respétame porque soy un ser digno y tengo ese derecho. Segundo, consúltame porque desde hace 15 años es tu obligación como Estado hacerlo cuando des normas que van a afectar derechos que me corresponden”. Ahí es donde empieza el problema.

¿El convenio firmado con la OIT está normado? ¿Cómo se hace la consulta a las comunidades amazónicas? ¿Vía referéndum, votación?Es una ley de la República desde hace 15 años y todos debemos respetarla. En febrero del 2009, el comité de expertos de seguimiento de convenios de Naciones Unidas le ha enviado una carta al Estado Peruano instándolo a regular el derecho a la consulta. La Defensoría del Pueblo ha elaborado un informe sobre cómo dar esta ley marco que se necesita.

¿Cuál sería el mecanismo?Es algo que se tiene que debatir en el Congreso ampliamente. La defensoría señala en el estudio cuál es el marco jurídico internacional, esperamos que sea un aporte, pero la decisión política la tiene el Parlamento. El Estado no puede decir que como no se ha regulado, no se aplica la ley. El año pasado, luego del paro amazónico, se creó una comisión para analizar los decretos cuestionados. Y en diciembre del 2008 esa comisión multipartidaria termina diciendo que los decretos deben ser derogados.

¿Todos los partidos concordaron?Así es. La comisión fue multipartidaria, no terminó absolutamente en nada, tan solo en un dictamen. Ahora la Comisión de Constitución del Congreso declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1090.

¿Y por qué el Congreso no rescata esto ahora?No lo sé, esa es la razón por la que se ha generado esta protesta.
Es una situación de malos modales democráticos.De falta de respeto de derechos. No hay peruanos de primera, segunda y tercera clase. Todos somos iguales, eso es una democracia.
¿Cuánto afectan los decretos legislativos a las comunidades amazónicas?La defensoría ya está estudiando esos nueve decretos, pero solo se pronunciará sobre su inconstitucionalidad o no, no sobre el contenido. Solo cuando los dirigentes amazónicos llamaron al derecho a la insurgencia, la defensoría intervino porque era algo absolutamente ilegal. Dos decretos están prácticamente derogados porque están incorporados en la ley de aguas y uno más ya fue derogado por la Comisión de Constitución, o sea que quedarían seis. Daremos nuestra opinión en los próximos días.

Pero afectan…Puedo adelantar que por lo menos uno de los decretos que hemos comenzado a estudiar tiene visos claros de inconstitucionalidad. No es nuestra tarea decir si afectan o no a la Amazonía. Nosotros hemos explicado a la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que existen tres niveles de debate. El primero es el de la mesa de diálogo, que ya se instaló y a la que deseamos la mayor de las suertes.

El dirigente Alberto Pizango no ha aparecido.Ha dicho que asistirá y que está identificando a sus delegados. Tiene 15 días de acuerdo con el decreto supremo, ojalá lo haga lo antes posible. El otro nivel es el Congreso, donde se debatirá políticamente la derogatoria o no, y el tercero es el Tribunal Constitucional, que dirá si las normas son inconstitucionales y si las comunidades pueden presentar un recurso. Yo defiendo el derecho a la protesta, pero no la violencia. La toma de carreteras es ilegal y debería ser rechazada por todos. Explicamos a la dirigencia de Aidesep que el Estado ofrece canales para actuar.

Parecen no entenderlo porque las carreteras siguen bloqueadas, hace 30 días que se han suspendido las clases en Yurimaguas, Petro Perú pierde mucho dinero.¿Y quién es responsable? ¿Ellos? ¿Y por qué bloquean las carreteras? ¿No será porque tienen una agenda histórica abandonada, porque el Congreso no avanzó en ocho meses en el tema de los decretos? ¿No será porque recién se instaló la mesa de diálogo en la PCM? No justifico la violencia, el bloqueo se debe sancionar. Pero este conflicto se veía venir, hace ocho meses que no se resuelve el tema, ni se conversa sobre él.
El Gobierno dice que no puede dialogar bajo presión.El Estado tiene que dialogar siempre. Ya lo dijo el último premio Nobel de la Paz, hay que dialogar siempre.

¿Cuando usted era jefa del Gabinete dialogaba con quienes tomaban carreteras?Dialogaban los ministros. Pero mire, la toma de carreteras es un hecho ilegal y violento que todos rechazamos. Se tiene que conversar para desarticularla, ¿o tenemos suficientes policías para salir contra cientos de miles de peruanos? La policía tiene como tarea proteger al ciudadano. No es justo enfrentarla al ciudadano a raíz de un conflicto, como pasó en Moquegua o en Pomac.
Gracias a la defensoría, Aidesep depuso su llamado a la insurgencia. ¿Qué impresión se llevó de la dirigencia?Alguien los aconsejó mal. Les explicamos que la insurgencia era inaplicable, que así la defensoría no los apoyaría.

¿No pudieron convencerlos de no bloquear las carreteras?Les invocamos a deponer esa medida, consta en el acta que firmamos. Pidieron que solicitáramos al Ejecutivo derogar el estado de emergencia. Se les explicó que en un ambiente de esta naturaleza el Ejecutivo tenía tal derecho.
Por un lado, la mesa de diálogo tiene como primer punto derogar el estado de emergencia y por el del Gobierno, desbloquear las carreteras ¿Un impasse, no?Creo que concentrar la agenda de esa mesa de diálogo en esos dos temas sería un error. Debería abordar de frente los temas importantes: educación, salud, desarrollo de la región.

¿Y los decretos?No, el tema de los decretos está en el Congreso y si ahí no se resuelve debe hacerse en el Tribunal Constitucional. Esa mesa de diálogo se ha creado para hablar de la agenda histórica de abandono de los indígenas amazónicos. Yo invocaría, como defensora del Pueblo, a que se concentre en eso. Es la diferencia entre lo importante y lo urgente, esto último se ve en el Congreso. En la reciente evaluación de educación bilingüe, solo cuatro personas de 500 aprobaron. Esto significa que los niños amazónicos no van a tener profesores que les enseñen en su propia lengua. Sería un buen comienzo para la mesa de diálogo.

¿Cómo es la relación entre las comunidades amazónicas y las compañías petroleras?Pasa lo mismo que con la minería. Los nuevos inversionistas son víctimas de los pasivos previos. Ahora hay normas de reinyección para las petroleras. El conflicto de los achuar con Pluspetrol es un caso de éxito. En parques nacionales de otros países se hacen explotaciones petroleras limpias donde se respeta la biodiversidad. Es tarea del Ministerio del Ambiente dar a las comunidades la seguridad de que la inversión se hace respetando la naturaleza.
Pero el Ministerio del Ambiente no evalúa los estudios de impacto ambiental.Esa es una pata floja, debería evaluarlos. En los casos de conflicto en que tenía facultad de fiscalización, estos se han resuelto. Hay que fortalecer el Ministerio del Ambiente. Que la palabra inversión no sea una mala palabra en las regiones amazónicas.
Pero los dirigentes amazónicos no quieren la inversión.Ellos dicen que quieren desarrollo e inversión, pero con garantía. Ahora, que hay personas y ONG con agendas ideológicas y políticas opuestas a la inversión, es verdad. Pero no me toca a mí, siquiera si lo supiera, comentarlo. Apostemos por la inversión, pero hagámoslo bien.

¿Se afectaría el TLC de derogarse estos decretos?Hay alternativas, por ejemplo, se pueden dar otras normas debidamente consultadas. No quiero opinar sobre ello porque formará parte del debate de la mesa de diálogo o del Congreso.
La pelota de los decretos legislativos está en cancha del Congreso.Sí. La más importante, la de la agenda histórica del abandono, está en la PCM. Hay que buscar los puntos de entendimiento. El Estado no ha hecho el esfuerzo de informar, igual ha ocurrido con la ley de aguas.
¿Que el dirigente Pizango sea citado por la fiscalía ayuda o no? La ministra de Justicia dijo que espera que se lo detenga.Ha sido citado a declarar. Esa es una decisión del Ministerio Público, soy respetuosa de sus fueros. Mi opinión es que la insurgencia como tal no se produjo, fue un comentario en abstracto, además se retractó. El delito de sedición se da cuando hay un alzamiento en armas. Las declaraciones de la ministra no son prudentes, por su investidura podrían interpretarse como una interferencia en el debido proceso. En un Estado de derecho los fiscales y jueces son los únicos que deciden. La exhorto a que se abstenga de hacer estas declaraciones que además podrían interpretarse como que están dirigidas a impedir el diálogo.

¿Ve voluntad de diálogo en Aidesep?Subestimar a Aidesep y concentrar todo en la figura de Pizango es un error. Es una asociación con muchísimos años y varios dirigentes. Mi impresión de ellos es que buscaban canales para no llegar a la violencia.

Fuente: Entrevista a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero(61), realizada por el diario "El Comercio" publicada el 24.05.09

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