domingo, 9 de octubre de 2011

LAS POLITICAS DE SALUD Y LOS PUEBLOS INDIGENAS

AGUILAR DE LA CRUZ, ROBHER ALEXIS


INTRODUCCION

Salud Intercultural puede usarse para identificar la estrategia que considera las variables étnico-culturales de cada población indígena en el proceso de atención de salud.

La Organización Panamericana de la Salud, en el año 1996, firmó un acuerdo con el Parlamento Indígena de las Américas, en donde estipulaba la preparación de una agenda legislativa para las políticas de salud y la producción de leyes que protegieran a las tradiciones indígenas. En Chile, la interculturalidad en salud se ha traducido en una propuesta de política de Salud y Pueblos Indígenas. Al respecto, se observa que dentro de sus principios fundamentales apunta a la equidad en salud para los pueblos indígenas, quienes viven en situación de pobreza económica y marginalidad social, y a la interculturalidad como proceso de cambio cultural, la cual contribuiría al reconocimiento de la diversidad de modelos médicos de la población indígena. En este contexto, se plantea la necesidad de avanzar hacia la construcción colectiva de un modelo de salud con enfoque intercultural, y a una mayor participación de los pueblos indígenas en los programas de salud.

Lo que dificulta generar un modelo que otorgue una solución culturalmente pertinente a los problemas de salud de la población, son por un lado, la ausencia de referentes teóricos respecto al significado de la interculturalidad en salud, las implicancias prácticas que tiene el desarrollo de este enfoque para proveedores de salud y usuarios mapuches; y por otro, el escaso conocimiento de las condiciones estratégicas de la región para implementar una política de salud intercultural.

El presente trabajo pretende explorar la opinión de proveedores y usuarios hacia una política de salud que otorgue atención culturalmente apropiada a la población mapuche de la IX región. El análisis se desarrolló en base a los dominios de necesidad y justificación de la política, sus componentes conceptuales y prácticos, principios de gestión para la implementación de una política de salud intercultural y los desafíos regionales para su desarrollo e implementación.

Diversos estudios con pueblos indígenas acerca de la relación entre cultura y medicina, demuestran que las múltiples divergencias entre usuarios y proveedores emergen en primer lugar, por la presencia de diferentes modelos explicativos de salud y enfermedad de los grupos en contacto, y en segundo lugar por las condiciones de dominación social y política de un modelo sobre otro.

Un elemento de reflexión lo plantea Walsh, respecto a la interculturalidad, referida como un proceso permanente de relación, comunicación, conocimiento, valores y tradiciones distintas orientadas a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. Este razonamiento tiene relación con el concepto de salud intercultural de usuarios y proveedores, ya que para los proveedores está centrada en aspectos simbólicos de la cultura, tales como: respeto a la identidad, aumentar el conocimiento. En cambio, para los usuarios, además de estos aspectos considera necesario la manifestación concreta en acciones tales como: incorporar a los indígenas, derivación de los enfermos, y un espacio para la atención.

Es importante tener en cuenta las áreas de consenso de usuarios y proveedores, referidas a la realidad de poseer una política de salud intercultural en que las acciones y programas deben ser pertinentes a la cultura mapuche y una vez que se establezcan debe generarse con la participación de organizaciones indígenas y ampliamente difundidas en el sistema de salud.

Al respecto Avaria, señala que los pueblos indígenas demandan respeto y ejercicio real de procesos participativos orientados al reconocimiento de éstos, como elaboradores, articuladores y gestionadores de sus procesos de desarrollo y de participación política.

Por otra parte, queda planteado el concepto básico de interculturalidad en la IX región, dado por la expresión de la salud a través de la lengua e integración de prácticas de la medicina, además se agregan otros elementos básicos que lo constituyen como el conocimiento de la cultura y respeto a las prácticas y costumbres mapuches. Al respecto, Citarella, señala que ésta apunta al fortalecimiento y libre desarrollo de los sistemas médicos culturales en el marco del mantenimiento de la pluralidad étnica nacional y de una superación de la condición de marginalidad en la cual se encuentran los pueblos indígenas.

Finalmente, respecto de la interacción entre los sistemas de atención médica y la comunicación intercultural, autores como Green; Herman, señalan que los procesos de interacción social y cultural que involucren la existencia de diferentes y, a veces, antagónicos sistemas de creencias están sujetos a importantes fricciones. En esta misma línea Berlin y Fowkes, señalan: el éxito de la comunicación intercultural puede ser logrado a través de un proceso que incluya cinco elementos: escuchar, explicar, reconocer, recomendar y negociar.

El presente estudio proporcionará información válida y confiable como referente teórico respecto al significado de la interculturalidad en salud a partir de la población y actores de salud. Ello permitirá avanzar hacia el desarrollo y promoción de un sistema de salud intercultural basado en las expectativas de la población en la región.

LAS POLITICAS DE SALUD Y LOS PUEBLOS INDIGENAS

POLÍTICA

Es la actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. Se calcula que hay 370 millones de indígenas repartidos por más de 70 países.

Los pueblos indígenas representan una rica variedad de culturas, religiones, tradiciones, lenguas e historias, pero siguen estando entre los grupos de población más marginados, siendo su estado de salud muy diferente del de las poblaciones no indígenas.

Un concepto moderno de "indígenas“ tiene entre sus características lo siguiente:

• Se identifican a sí mismos y son reconocidos y aceptados por su comunidad como indígenas.
• Tienen una continuidad histórica demostrada con sociedades precoloniales o anteriores al asentamiento de otros pueblos.
• Tienen fuertes lazos con sus territorios y sus recursos naturales.
• Poseen sistemas sociales, económicos o políticos distintos.
• Conservan lenguas, culturas y creencias distintas.
• Forman grupos no dominantes de la sociedad.
• Están dispuestos a mantener y reproducir sus entornos y sistemas ancestrales como pueblos y comunidades diferenciados.

CONCEPTO INDIGENA DE SALUD

En la Constitución de la OMS la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En ese sentido los pueblos indígenas tienen un concepto similar de la salud, pues el bienestar es la armonía entre los individuos, las comunidades y el universo.

Los sistemas curativos tradicionales y la atención biomédica occidental coexisten en todas las regiones del mundo, pero los sistemas tradicionales tienen una función particularmente vital en las estrategias curativas de los pueblos indígenas. Según estimaciones de la OMS, al menos un 80% de la población de los países en desarrollo utiliza los sistemas curativos tradicionales como principal fuente de atención sanitaria.
En algunas regiones puede preferirse la utilización de otros términos, tales como tribus, primeros pueblos o naciones, aborígenes, grupos étnicos, adivasi o janajati, todos ellos abarcados por el concepto moderno de "indígena".
"Los pueblos indígenas siguen estando al margen de la sociedad: son más pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más temprana, hay más probabilidades de que se suiciden y, en términos generales, tienen una peor salud que el resto de la población."
"Los niños nacidos en familias indígenas a menudo viven en zonas alejadas, donde los gobiernos no invierten en servicios sociales básicos. Por consiguiente, los jóvenes y los niños indígenas tienen un acceso limitado o nulo a la atención de la salud, la educación de calidad, la justicia y la participación en la sociedad. Corren mayores riesgos de que su nacimiento no se inscriba y de que se les nieguen documentos de identidad."
Uno de los elementos que surge es la necesidad de profundizar la reflexión en torno al concepto de interculturalidad en salud, dotándolo de mayores contenidos. En el caso de las políticas de salud, se hizo mención a que lo intercultural implica comunicación, negociación y consenso cuando los diferentes actores sociales involucrados provienen de mundos culturales distintos, como es el caso de los pueblos indígenas y la población no indígena. En este sentido, reiteradamente se planteó que no es posible avanzar en el diálogo intercultural si no existe un verdadero reconocimiento de los sistemas de conocimiento, cosmovisión y conceptos de salud de los pueblos indígenas.

Un rasgo distintivo de los sistemas médicos indígenas es que la salud se entiende como el equilibrio entre fuerzas naturales y espirituales, entre los individuos y las comunidades. En consecuencia, la enfermedad es concebida como una alteración de ese equilibrio, y la curación como su restauración. Esta concepción holística implica que el derecho a la salud se relaciona directamente con otros derechos, entre ellos la integridad cultural, los derechos territoriales (que, por ejemplo, hacen posible el desarrollo de la medicina tradicional) y a la autonomía alimentaria.
Dado que existen diferentes procesos de desarrollo de la salud de los pueblos indígenas, y que los contextos nacionales también son heterogéneos en la región, no se puede hablar solo de un modelo intercultural de salud; mas bien hay que asumir que deberán desarrollarse modelos específicos que respondan a las necesidades particulares de cada pueblo indígena. Todos ellos, sin embargo, debieran ser fruto de la negociación de significados culturales entre las comunidades indígenas y los equipos de salud en torno a los conceptos de vida-muerte, persona-tiempo-espacio, salud-enfermedad-curación.

Los derechos de los pueblos indígenas fueron reiteradamente mencionados en la reunión, pero se cuestionó la escasa referencia a los deberes, tanto en relación a las obligaciones de los Estados como a las de los propios pueblos indígenas. Algunos representantes de los gobiernos hicieron alusión a la presencia de contradicciones entre el derecho consuetudinario indígena y los
derechos humanos. Hubo consenso en que es necesario profundizar la reflexión en torno a estos temas -es decir, deberes y aparentes contradicciones-. Dada la discriminación étnico-racial que impera en los países de la región, en la práctica resulta difícil el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y por ende persisten su incumplimiento y violación.

ANTECEDENTES

La Organización Panamericana de la Salud, en el año 1996 firmó un acuerdo con el Parlamento Indígena de las Américas, donde se estipulaba la preparación de una agenda legislativa para las políticas de salud y la producción de leyes que protegieran a las tradiciones indígenas.

La constitución de los movimientos indígenas como actores políticos activos es uno de los fenómenos más notables de las democracias de América Latina en las dos últimas décadas. En efecto, a través de sus organizaciones y acciones han logrado impulsar su reconocimiento como pueblo, exigiendo nuevos estatutos que puedan garantizar su existencia y derechos. Los Estados latinoamericanos han realizado un reconocimiento progresivo de estas prerrogativas, aunque aún distan de reflejarse en sus condiciones de vida, ciertamente adversas.

A pesar que en los países de la región los avances jurídicos y legislativos todavía son insuficientes, en el derecho internacional se han alcanzado consensos en torno a un estándar mínimo de derechos de los pueblos indígenas, que resulta obligatorio para los Estados del mundo,1 y que se resume en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, recientemente aprobada (septiembre de 2007). Este estándar se articula en torno a cinco grandes categorías: derecho de no discriminación; derecho a la integridad cultural; derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y recursos; derecho al desarrollo y bienestar social, y derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado. Para generar condiciones que permitan cerrar las brechas de implementación de este estándar se requiere una ampliación de la ciudadanía y deben establecerse nuevos pactos sociales.

En los países de América Latina y el Caribe se pueden apreciar distintos grados de avance en el reconocimiento, la promoción y la garantía de estos derechos. Algunos presentan un amplio reconocimiento de derechos, sin que ello se traduzca en políticas y programas que lo garanticen, y en otros pocos países se da la situación inversa.
En el ámbito de la salud, el estándar mínimo implica desde la necesidad de formulación de políticas nacionales que prioricen este aspecto, pasando por la creación de unidades técnicas específicas y el reconocimiento de las medicinas tradicionales indígenas, hasta la promoción y garantía de la autonomía en la gestión de la salud.

CONVENIO OIT Nro. 169

Parte V. Seguridad social y salud

Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Dentro del marco jurídico internacional, el Convenio 169 “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” de la OIT y las resoluciones CD37.R5 (1993), CD40.R6 (1997) y CD47.R13 (2006) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ratificada por todos los países de la región, establecen directrices para abordar desde un enfoque intercultural la salud de los pueblos indígenas, propiciando la incorporación de las perspectivas, medicinas y terapias indígenas en la atención sanitaria.

El Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los propios pueblos indígenas a mantener y promover su integridad cultural, lingüística y territorial. En este contexto, la protección de salud se inscribe en el marco general del reconocimiento de los derechos culturales, económicos y sociales de los pueblos indígenas. Por otro lado, en la recientemente aprobada Resolución CD47.R13 de la OPS, la salud es concebida como un derecho y su abordaje se contextualiza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la renovación de la Estrategia de Atención Primaria de Salud y las metas del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base del Convenio 169 de la OIT, propone tres dimensiones para evaluar el cumplimiento de estos propósitos: la existencia de una legislación especial y la garantía de acceso preferencial; la aceptación e integración de las prácticas tradicionales al sistema nacional de salud; las garantías de participación que se ofrecen a los pueblos indígenas y la autonomía en el manejo de los recursos de salud. Por su parte, el Programa de Salud de Pueblos Indígenas de la OPS se sustenta en cinco principios fundamentales: enfoque integral de la salud; derecho a la autodeterminación de los pueblos; respeto y revitalización de las culturas indígenas; reciprocidad en las relaciones y derecho a la participación sistemática de los pueblos indígenas.

Históricamente, los pueblos indígenas han sido víctimas de la introducción de epidemias y siguen sufriendo graves inequidades en materia sanitaria, lo que implica una violación a sus derechos humanos fundamentales. En la Declaración del Milenio, suscrita por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, un número significativo de objetivos se relaciona con la salud y el desarrollo. Existe consenso en América Latina que tales objetivos deben lograrse con equidad. Dado que los pueblos indígenas han estado ausentes en el proceso de definición de los ODM, estos pueden no incluir ni reflejar sus necesidades y preocupaciones específicas, situación que puede generalizarse a los objetivos de desarrollo que se fijan a nivel nacional. Por ello es que los Estados tienen un doble desafío: por un lado, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser incluidos en los beneficios derivados de los esfuerzos globales por alcanzar los ODM, y por otro, se deben garantizar sus derechos colectivos, que suponen sus propias definiciones del bienestar. Asumir realmente estos desafíos implica generar condiciones que garanticen la plena participación de los pueblos indígenas en todas las políticas y programas que les afecten.

En este contexto, el CELADE-División de Población de la CEPAL viene desarrollando una serie de actividades respecto de las poblaciones y pueblos indígenas de América Latina, sobre todo en respuesta a las nuevas demandas de información, y siguiendo además las recomendaciones emanadas del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Entre sus actividades cabe mencionar los estudios sociodemográficos de pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador y Panamá y la realización de talleres nacionales con organizaciones indígenas en estos países (CEPAL-BID); el desarrollo de un Sistema de Indicadores de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI), en conjunto con el Fondo Indígena; la elaboración de un capítulo central del Panorama Social de América Latina 2006, sobre condiciones de vida de los pueblos indígenas latinoamericanos bajo una perspectiva de derechos (con el apoyo del UNFPA). Desde entonces, los asuntos de población que aborda el CELADE consideran la diversidad cultural de la región, y en particular incorporan la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, y con el patrocinio del gobierno de Francia, el CELADE y el Fondo Indígena realizaron el Seminario Internacional sobre “Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas”, que tuvo lugar en la sede de la CEPAL, del 27 al 29 de abril del 2005. La experiencia del seminario fue exitosa y posibilitó que expertos indígenas y no indígenas compartieran ideas y proposiciones, que se materializaron en una serie de recomendaciones tendientes a la generación de información y el perfeccionamiento de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas
(disponible también en la página Web del CELADE).

Tomando en cuenta las recomendaciones surgidas en el mencionado seminario, y una vez más con el patrocinio del Gobierno de Francia, el CELADE está llevando a cabo un proyecto acerca de los avances en políticas y programas de salud de los pueblos indígenas en América Latina, dentro del cual se enmarcó esta reunión. Con la finalidad de elaborar un panorama regional en esta materia, el CELADE envió una encuesta a los ministerios de salud y otros organismos pertinentes. Un análisis preliminar de sus resultados se presentó para la reflexión y el debate en este encuentro. La versión final del diagnóstico se publicó en la edición 2007 del Panorama Social de América Latina de la CEPAL. Es importante mencionar que, para la realización del evento, los recursos del Programa de Francia se complementaron con recursos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) y del UNFPA. Asimismo, se contó con la valiosa y sustantiva colaboración del Programa de Salud de los Pueblos Indígenas de la OPS.

PROBLEMA

Generar un modelo que otorgue una solución culturalmente pertinente a los problemas de salud de la población indígena.
La discriminación manifiesta o implícita viola uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y está a menudo en el origen de una mala salud. La discriminación de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, de los pueblos indígenas y de otros grupos marginados de la sociedad es un factor causal y potenciador de la pobreza y la mala salud.
La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia alentó a los Estados a que adoptaran políticas y planes orientados a la acción, incluida la discriminación positiva, para garantizar la igualdad, especialmente en relación con el acceso a los servicios sociales, tales como la vivienda, la educación primaria y la atención sanitaria.
"La información y las estadísticas son un instrumento poderoso para crear una cultura de responsabilidad y para hacer realidad los derechos humanos."
Los datos estadísticos sobre el estado de salud de los pueblos indígenas son escasos, sobre todo en lo que se refiere a los pueblos indígenas de África, Asia y Europa Oriental. Para subsanar esta falta de información, es importante que los datos sean desagregados en función de variables pertinentes, tales como la etnia, la cultura, la tribu, la lengua o la región geográfica.
La disponibilidad de mejor información sobre la salud de los pueblos indígenas permitirá adoptar medidas que aseguren el acceso a una atención sanitaria adaptada a su cultura, así como al agua potable, a una vivienda adecuada y a la educación sanitaria.
CAUSAS QUE LO ORIGINAN

• La ausencia de referentes teóricos respecto al significado de la interculturalidad en salud.
• Las implicancias prácticas que tiene el desarrollo enfocado para proveedores de salud y usuarios.
• El escaso conocimiento de las condiciones estratégicas de la región para implementar una política de salud intercultural.

OBJETIVOS

• Actualizar el estado de conocimiento sobre las políticas y programas de salud de los pueblos indígenas en América Latina, describiendo los objetivos, áreas de aplicación, cobertura y logros, así como los mecanismos de coordinación institucional existentes y la asignación de recursos.
• Evaluar el grado de participación de los pueblos indígenas en el diseño, la aplicación y el monitoreo de las políticas públicas, así como el grado de autonomía en la gestión.
• Destacar y difundir las lecciones aprendidas en materia de políticas y programas de salud de pueblos indígenas, que permitan identificar los elementos necesarios para la construcción de un modelo de salud con enfoque de derechos.
• Proponer recomendaciones orientadas al diseño y mejoramiento de políticas y programas de salud de pueblos indígenas con un enfoque de derechos.

ORIENTACION HACIA UNA POLÍTICA DEL NUEVO TRATO

La Política Indígena de Nuevo Trato seria el resultado del proceso de construcción de confianzas entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas. Un proceso que debe recibir un nuevo impulso a su desarrollo.
Esta política se funda en principios orientadores que le dan sentido y contexto: el reconocimiento del carácter culturalmente diverso de la sociedad; la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios, la sociedad y el Estado; la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas y la participación y pertinencia cultural como eje de la formulación, ejecución y evaluación de políticas.
Asimismo, considerando los principios antes señalados, el Gobierno debería implementar sus acciones hacia el mundo indígena bajo tres lineamientos estratégicos:

A. Mejorar el nivel de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
B. Profundizar las estrategias de desarrollo con identidad.
C. Ajustar la institucionalidad pública a la diversidad cultural del país.


A. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos indígenas actualmente cuentan con reconocimiento de derechos específicos y universales a través de la Constitución Política y la legislación sectorial.
Tal como lo recomendara la Comisión de la Verdad, el gobierno debería avanzar decididamente en mejorar el nivel de reconocimiento de derechos específicos que han alcanzado los pueblos indígenas. Asimismo, potenciaría entre ellos el ejercicio de derechos políticos, culturales, sociales y económicos, ya consagrados en la legislación nacional, a partir de la reglamentación y el fortalecimiento institucional.

Entre las principales medidas en esta materia se contarían:

1. Reconocimiento constitucional: El insistir al Congreso en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pues el país está maduro para dar un gran paso en este sentido y por ello, debemos impulsar que lo más pronto posible el Congreso apruebe el reconocimiento constitucional que debería contener en lo sustancial lo siguiente:
• Reconocer la existencia de los pueblos indígenas como parte de la nación y que poseen culturas e identidades propias.
• Que los pueblos indígenas son descendientes de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias.
• Que es deber del Estado garantizar el pleno respeto de los pueblos indígenas, con el objeto de preservar la diversidad cultural de la nación y el ejercicio de la cultura y la identidad de los pueblos indígenas en un marco constitucional que asegure la unidad nacional.
Para ello, se debería solicitar las urgencias necesarias para su votación y aprobación, así como impulsar instancias de difusión y debate sobre los alcances del reconocimiento constitucional referido en el seno de la sociedad civil.
2. Profundización de Derechos
a) Representación y participación política: Una vez aprobado el reconocimiento constitucional y en sintonía con las recomendaciones de la comisión, podremos avanzar en los diversos aspectos relacionados con los derechos políticos de los pueblos indígenas.
Este reconocimiento permitiría crear un Consejo, como un órgano representativo de los pueblos originarios y cuya principal función será participar en la definición y ejecución de políticas públicas que los conciernen.
El conjunto de medidas de reconocimiento de derechos seria plenamente debatido y consultado con los pueblos indígenas. Para ello, implementar un Sistema Nacional de Consulta Indígena, que permita cotejar en forma directa con comunidades y población originaria las diversas propuestas al respecto.
b) Aplicación de la Ley Indígena: Fortalecer los espacios de participación de las comunidades. Los consejeros indígenas han sido elegidos por las comunidades y constituyen hoy una mayoría en su consejo.
c) Mayores niveles de representación y pertinencia cultural a nivel local. Brindándoles un apoyo especial que les permita la incorporación de enfoques e instrumentos de pertinencia cultural y fortalecimiento de condición étnica e interculturalidad.
Asimismo, y en base a la experiencia de estas nuevas comunas, desarrollar un Programa de Apoyo que permita implementar en forma sistemática nuevas formas de gestión local que promuevan el desarrollo con identidad y sociedad multicultural.
Por ello, se debería asegurar en todas las agencias y servicios públicos:
• Incluir en sus procedimientos la consulta e información en los procesos de inversión que involucren, directa o indirectamente, a comunidades originarias.
• En especial, asegurar la participación de las comunidades concernidas en el plan de desarrollo v el uso y gestión de las áreas silvestres de responsabilidad el Estado.
• Adecuar los programas gubernamentales a la realidad indígena, para lo cual los ministerios deben dedicar esfuerzos presupuestarios y de gestión adicionales.
• Difundir en la opinión pública y la sociedad civil el convenio 169.
Asimismo es un deber trasmitir al país que la extinción de algunos pueblos fue producto de la intolerancia de todos. Para que nunca más tengan lugar hechos como los que produjeron la desaparición de estos pueblos se instruirá la más pronta construcción de un memorial que nos recuerde a todos que ello nunca debe volver a pasar.
Finalmente, para la consolidación de una sociedad que reconozca y valore su diversidad cultural y respete los derechos indígenas, poner a disposición del país el material historiográfico que la comisión ha construido consensualmente.
B. DESARROLLO CON IDENTIDAD
Abordar el desafío de reducir la pobreza en los pueblos indígenas, mejorando sus condiciones y calidad de vida, oportunidades de equidad social y sustentabilidad étnica a partir de la estrategia de desarrollo con identidad.
La complejidad de esta tarea implica importantes innovaciones y ajustes en la institucionalidad pública, ya que se requieren enfoques e instrumentos de política social integrales y pertinentes a la condición étnica de cada pueblo.
Profundizar e institucionalizar esta estrategia, de manera de instalar plenamente una Política de Estado en estas materias que comprenda:
• El reconocimiento y fortalecimiento de las características propias de cada pueblo, lengua, territorio y marco institucional indígena;
• La participación en el diseño, ejecución y evaluación de programas, planes y acciones de desarrollo; y
• La integralidad, intersectorialidad y pertinencia cultural en el accionar de agencias y servicios públicos asociados.
La política de desarrollo con identidad estará basada en tres componentes fundamentales: educación intercultural, desarrollo productivo y reconocimiento de tierras.

a) Educación y fortalecimiento socio cultural indígena. Intensificar el componente de educación intercultural de manera que, en su segunda etapa, la educación sea un componente central del programa para promover tanto la educación intercultural, como la capacitación productiva.
Asimismo, se incentivará la participación directa de las comunidades indígenas en el actual proceso educativo, con el objeto de atender la sabiduría ancestral en la formación escolar de los niños y niñas indígenas. En los próximos años aumentar las becas indígenas de manera que se asegure la cobertura para los niños y jóvenes indígenas que califiquen y lo requieran.
Identificar y caracterizar en conjunto con las comunidades la situación de la lengua, patrimonio y sistemas socioculturales indígenas. Asimismo, se estudiarán e implementarán el máximo de medidas de protección hoy contempladas en la legislación nacional. Generar una política de reconocimiento y promoción más amplia que en el sólo ámbito educacional.
Esta política deberá tender a normalizar las lenguas y a promover su aprendizaje en espacios comunitarios, sociales e institucionales.
b) Desarrollo Productivo. Junto a la tierra, hay que entregar capacitación y tecnología para poder surgir y progresar al igual que todo el país. Ese es el desafío en que se vinculan los diversos programas de desarrollo productivo con las tierras entregadas.
Toda entrega de tierra indígena irá acompañada de proyectos y programas de inversión o desarrollo productivo. Para ello se vincularán líneas de acción específicas, con el objetivo de intervenir en 700 nuevas comunidades indígenas. La generación de estos instrumentos deberá tener presente una adecuada información, tanto en calidad como en disponibilidad, en torno a condición étnica, población indígena e inversión pública y privada en los territorios.
En este proceso se capitalizarán enfoques, instrumentos y aprendizajes obtenidos en la ejecución de la primera fase y se considerará en forma particular un diseño validado participativamente con comunidades y organizaciones indígenas. Especial mención cabe hacer de los Planes Territoriales de Desarrollo, instrumentos de gestión en elaboración que combinan las miradas de desarrollo, con las visiones y expectativas de las comunidades.
c) Restitución de tierras y aguas. La restitución de tierras y de aguas a las comunidades indígenas es el reconocimiento a los justos títulos de comunidades que, en circunstancias muchas veces dolorosas y abusivas, se han visto privadas de la tierra y las aguas, base de su cultura y su desarrollo. Y así seguir avanzando en esta senda de justicia, dado que el apego a las vías institucionales para la restitución de tierras nos ha de permitir dejar atrás la idea del conflicto y avanzar hacia la seguridad que estas demandas serán atendidas.

C. ADECUACION DEL ESTADO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

a) Pertinencia cultural en la acción del Estado. Para acoger la diversidad de nuestro país se debe exigir al Estado una mejor manera de afrontarla. En el hecho de exigir metas como respecto al conjunto de las recomendaciones particulares para cada pueblo indígena fin que haya pronunciamiento y se hagan las recomendaciones que le encomienda la Ley Indígena. Este plan de acción deberá contemplar las siguientes medidas:
• Para los pueblos del norte: acceso y gestión de los recursos hídricos; desarrollo y fomento económico y productivo; mejoramiento de infraestructura y equipamiento; protección y promoción de sus derechos culturales; protección y restauración medio ambiental; acceso a la salud y a la educación; regularización de tierras.
• En el caso de los indígenas urbanos se precisan medidas en el orden del desarrollo cultural, social, infraestructura y servicios básicos, salud, vivienda, etc. Para ello es necesario la construcción de una línea base en torno a la condición de la población indígena urbana y la definición de políticas específicas de desarrollo con identidad, cuestión largamente anhelada por la población indígena urbana.
Todas las propuestas para los pueblos indígenas en particular estarán orientadas sobre la base del pleno respeto y promoción de la cultura y tradición de dichos pueblos en los diversos ámbitos que se mencionan.
Será también responsabilidad de los encargados, en su calidad de representantes del Presidente de la República, promover, fomentar, coordinar y ejecutar dichas políticas.
• Respecto a las recomendaciones emanadas en torno a adecuar los programas de acceso universal, estos mejorarán su pertinencia cultural en la perspectiva de resolver en forma efectiva y eficiente las necesidades y requerimientos de los pueblos indígenas.
• En materia de salud, junto a la continuación de los actuales programas de salud y pueblos indígenas desarrollados en el país, avanzaremos en otras materias de gran importancia.
• Con el objeto de contribuir a disminuir la brecha cultural y dar mayor pertinencia a la ejecución de programas y comprensión del quehacer indígena, en cada uno de los ministerios y servicios públicos se capacitarán directivos y funcionarios para comprender, acoger y resolver la atención a los pueblos indígenas.
b) Coordinación de políticas indígenas. La coordinación de Políticas Indígenas debería institucionalizarse en un Área encargada de Asuntos Indígenas, que se constituya en el articulador de las políticas del Estado en materia indígena. Junto con ello, mejorar la coordinación presupuestaria y la gestión interinstitucional de las diversas agencias del Estado en el ámbito indígena.

CONCLUSIONES

• Hay desacuerdos entre proveedores de salud y usuarios respecto a temas centrales como la necesidad y justificación de una política de salud intercultural.
• Existe una falta de acceso sea por su condición étnica o la inequidad en la atención de salud
• Falta voluntad de los directivos de salud así como una indiferencia de la población frente a la problemática.
• Hay una discriminación de los equipos de salud hacia la población indígena, constituyendo por ello los principales problemas.
• Falta capacitación y conocimiento sobre cultura.
• La discriminación manifiesta o implícita viola los principios fundamentales de los derechos humanos, originando con ello una mala salud.
• La discriminación de minorías étnicas, de los pueblos indígenas y de otros grupos marginados de la sociedad es un factor causal y potenciador de la pobreza y la mala salud.
• Existen experiencias positivas y exitosas de atención intercultural y comunitaria desde los propios procesos culturales y comunitarios de los pueblos indígenas (por ejemplo, Ecuador, Chile y la República Bolivariana de Venezuela).
• Es clave el rol de los organismos internacionales, como el CELADECEPAL, el Fondo Indígena, el UNFPA, la OPS, tanto para facilitar la sistematización de experiencias de diferentes países como para promover convocatorias a espacios de diálogo entre saberes. Esto último es fundamental para avanzar en los procesos de garantización del derecho de salud indígena, con visión integral y colectiva.
• Los recursos económicos son fundamentales para que la implementación de la política pública avance; se debiera tender a garantizar el acceso a la participación justa y equitativa en la distribución de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas, que sirva para mejorar las condiciones de vida de manera integral.
• Es preciso reconocer, como parte de la realidad política, la vulnerabilidad de las políticas públicas de salud indígena, que se expresa en:
 Poco avance en dotarlas de un marco normativo específico.
 Carencia de un cuerpo institucional específico o, si existe,
 Su invisibilización en el aparato de la salud pública por su bajo rango.
 Las políticas públicas de salud indígena, por lo general, son políticas de gobierno de turno y no políticas de Estado.
 El reto de convertir la política pública de salud indígena en realmente intercultural, en un marco de derechos.

RECOMENDACIONES

• Los datos estadísticos sobre el estado de salud de los pueblos indígenas son escasos, por lo cual los datos deben ser desagregados en función de variables pertinentes, tales como la etnia, cultura, tribu, lengua o la región geográfica.
• Disponer de mejor información sobre la salud de los pueblos indígenas, lo cual hará posible adoptar medidas que aseguren el acceso a una atención sanitaria adaptada a su cultura, así como al agua potable, a una vivienda adecuada y a la educación sanitaria.
• Debe crearse una política que supere estos problemas enfocándose claro esta desde una perspectiva cultural.
• En el diseño de políticas públicas es importante tener en cuenta las causas fundamentales que afectan la salud de las comunidades y pueblos indígenas, como la tierra, el territorio, la cultura y las causas estructurales de la situación de pobreza. Ello implica la necesidad de construir políticas públicas integrales e intersectoriales.
• La sostenibilidad, a mediano y largo plazo, de las políticas públicas de salud indígena debe garantizarse mediante el desarrollo de un soporte jurídico y el empoderamiento de las comunidades.
• Garantizar el derecho a la participación directa de los actores indígenas en la definición e implementación de las políticas públicas es fundamental para avanzar en la interculturalidad, y se debe ir más allá de la consulta. Es preciso que los Estados implementen medidas tendientes a promover y garantizar este derecho, incluyendo los proyectos de autonomía.
• Los pueblos y comunidades indígenas deben avanzar en el ejercicio y la defensa del derecho a la salud, a pesar de las debilidades y limitaciones existentes al interior de las estructuras de los Estados.
• Asociado a lo anterior, es necesario que la agenda de la salud sea parte explícita de las reivindicaciones de las organizaciones indígenas.
• Si bien se registran significativos progresos en la política de atención en salud, estos se concentran en el nivel de servicios. Por lo tanto, es necesario avanzar en políticas que garanticen el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluyendo el uso y fortalecimiento de la medicina tradicional, la participación y la autonomía.
• La formación de recursos humanos es otro requisito fundamental para la construcción de políticas públicas adecuadas. Los Estados debieran asumir esta tarea en conjunto con los pueblos indígenas, respetando los sistemas tradicionales de aprendizaje y transmisión de conocimiento.
• Sistematizar este tipo de experiencias para conocer las lecciones aprendidas de estos procesos (qué debe hacerse y qué no).
• El intercambio horizontal de experiencias de los procesos de implementación de planes, programas y proyectos que garanticen el derecho a la salud indígena puede ayudar a generar nuevas iniciativas que conduzcan a implementar políticas públicas más adecuadas.
• Es importante el soporte jurídico para implementar políticas públicas; sin embargo, se requiere de la voluntad política de los tomadores de decisiones, para que las normas se apliquen en la realidad.
• Las políticas públicas de salud indígena tienden a no reconocer o descuidar las necesidades y derechos de la salud de los pueblos indígenas en los espacios urbanos (migración y urbanización).
• A pesar de la existencia de marcos legales a favor de la salud indígena, se puede apreciar en la generalidad una brecha marcada en su implementación, por lo que urge explorar diversas estrategias de seguimiento y exigibilidad de estos derechos consagrados.
• Asociado a lo anterior, se propone hacer un uso creativo de los recursos institucionales de los defensores del pueblo, en función de acortar la brecha mencionada (informes especiales sobre salud indígena, iniciativas de ley, rendición de cuentas, llamadas de atención al poder ejecutivo, entre otras). Asimismo, puede apelarse a la judicialización de las situaciones de incumplimiento de los derechos indígenas, como por ejemplo a través de recursos de inconstitucionalidad y la elaboración de informes sombra sobre el cumplimiento de los derechos indígenas de la salud (ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos).
• Propiciar en el Sistema de las Naciones Unidas informes especializados y continuos acerca de la situación de la salud indígena en el marco de sus derechos y de las políticas públicas al respecto.
• Debería incorporarse, de manera sistemática, el tema de la salud indígena en los Informes nacionales sobre los Objetivos del Milenio del Sistema de las Naciones Unidas.
• Es importante promover la creación de un Observatorio de la Salud Indígena en América Latina, que incluya la perspectiva de los derechos humanos, y en consecuencia el abordaje de la salud como un derecho individual y colectivo de los pueblos.
• Es preciso fortalecer las actividades vinculadas a la producción de información sobre pueblos indígenas, considerando la inclusión de la identificación étnica en las fuentes de datos, el procesamiento y difusión de datos desagregados, la construcción de sistemas de indicadores, la elaboración de estudios, entre otras acciones, así como desarrollar indicadores sobre la salud colectiva y las metodologías necesarias para su medición.
• Considerando que los sujetos de las políticas públicas sobre salud indígena son los mismos pueblos indígenas, se requiere llevar a cabo jornadas de reflexión a su interior para la construcción de conceptos propios, acciones y estrategias de consenso en torno a la salud.

BIBLIOGRAFIA

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