Mientras el ministro del Ambiente, Antonio Brack, reconocía que la decisión tomada en San Ramón sobre la derogación de los D.L. 1090 y 1064 constituye un retroceso para el país y que afectará el TLC con Estados Unidos, los funcionarios del Mincetur, dependencia del Gobierno que tiene a cargo el tratado, no dejaron en claro si este compromiso con los nativos de la Amazonía pone en riesgo el acuerdo de libre comercio.
El Comercio intentó recoger la versión del Mincetur, pero la ministra Aráoz se excusó de brindar declaraciones, pues atraviesa un delicado problema familiar. También buscamos al viceministro, Eduardo Ferreyros, quien, al cierre de esta edición, tampoco atendió nuestras llamadas.
Hasta el fin de semana, Aráoz insistía en que la solución al conflicto no era la derogación, sino la modificación de los polémicos decretos, en los que se buscaría incluir las preocupaciones de los apus.
Brack señaló ayer que los decretos legislativos permitían a los nativos tener tierras para la agricultura. Se iba a permitir un cambio en su uso. “Todo esto se ha ido al agua… e incluso el Perú podría ser sancionado”, dijo
Consultados sobre el tema, el ex viceministro de Comercio Exterior Pablo de la Flor y el presidente de American Chamber of Commerce of Perú, Aldo Defilippi, optaron por no opinar (Defilippi se excusó por problemas de salud). El único que accedió a emitir un pronunciamiento fue el ex ministro Alfredo Ferrero. Para él no queda claro qué parte de los decretos eran indispensables para la implementación del acuerdo.
“Lo único que se comentaba era que había preocupación por la tala ilegal y el trabajo forzoso, pero no más. Nunca se supo al detalle cuáles eran las exigencias y qué partes eran cosecha propia, y fueron introducidos aprovechando la delegación de facultades”, dijo. Opinó que el Gobierno incurrió en una gran contradicción: primero al defenderlos y ahora al derogarlos.
CLAVES
El Comercio intentó recoger la versión del Mincetur, pero la ministra Aráoz se excusó de brindar declaraciones, pues atraviesa un delicado problema familiar. También buscamos al viceministro, Eduardo Ferreyros, quien, al cierre de esta edición, tampoco atendió nuestras llamadas.
Hasta el fin de semana, Aráoz insistía en que la solución al conflicto no era la derogación, sino la modificación de los polémicos decretos, en los que se buscaría incluir las preocupaciones de los apus.
Brack señaló ayer que los decretos legislativos permitían a los nativos tener tierras para la agricultura. Se iba a permitir un cambio en su uso. “Todo esto se ha ido al agua… e incluso el Perú podría ser sancionado”, dijo
Consultados sobre el tema, el ex viceministro de Comercio Exterior Pablo de la Flor y el presidente de American Chamber of Commerce of Perú, Aldo Defilippi, optaron por no opinar (Defilippi se excusó por problemas de salud). El único que accedió a emitir un pronunciamiento fue el ex ministro Alfredo Ferrero. Para él no queda claro qué parte de los decretos eran indispensables para la implementación del acuerdo.
“Lo único que se comentaba era que había preocupación por la tala ilegal y el trabajo forzoso, pero no más. Nunca se supo al detalle cuáles eran las exigencias y qué partes eran cosecha propia, y fueron introducidos aprovechando la delegación de facultades”, dijo. Opinó que el Gobierno incurrió en una gran contradicción: primero al defenderlos y ahora al derogarlos.
CLAVES
¿Qué buscaba el Gobierno?
1. Según Aráoz los decretos legislativos 1090 y 1094 apuntaban a la conservación de los bosques naturales y de la Amazonía.
2. Ambas propuestas fueron aprobadas sin consenso en la segunda semana de enero, dos semanas antes de que entrara en vigencia el TLC.
3. El conflicto en Bagua llevó a suspender los decretos la semana pasada.
2. Ambas propuestas fueron aprobadas sin consenso en la segunda semana de enero, dos semanas antes de que entrara en vigencia el TLC.
3. El conflicto en Bagua llevó a suspender los decretos la semana pasada.
Fuente: El Comercio del 16.06.09
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