La anunciada derogación de los decretos legislativos 1090 (que norma la ley forestal y de fauna silvestre) y el 1064 (que aprobó el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) debería ser el epílogo de la trágica cadena de acontecimientos producidos en el país en los últimos meses, desde que estalló la protesta de las comunidades amazónicas.
El Ejecutivo evidentemente trata de restablecer un clima de distensión y enfrentar una grave crisis de gobernabilidad que, así como pudo agravarse más, también pudo evitarse, sin las bárbaras muertes de policías y nativos acaecidas en Bagua hace una semana, y sin menos costos para el propio Gobierno, el desprestigiado Congreso y todo el sistema político.
Y es que en este conflicto hay varios responsables, incluyendo a ciertos grupos que azuzaron a la población para llevar agua para su molino, en medio del caos desatado en la selva peruana.
En este sentido, la derogación es idónea y deberá interpretarse como la política adoptada por parte de un gobierno que está corrigiendo decisiones anteriores y apostando por el diálogo y la tolerancia para enfrentar un conflicto en el que no solo está en juego la propiedad de la tierra, sino también una realidad pluricultural más compleja y una enorme desconfianza respecto del Estado que se sigue anidando en las comunidades amazónicas.
En esta coyuntura, sin embargo, hay otra pregunta que debemos formular y es la siguiente: ¿Valió la pena que 34 peruanos perdieran la vida y que el país se sumergiese en una crisis que traspasó las fronteras para arribar a los acuerdos conseguidos ayer por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos? A pesar de este giro en el proceso de negociaciones, no es mucho lo que se ha conseguido. Por ejemplo, los comuneros amazónicos mantienen el bloqueo de las carreteras en varios puntos del país e incluso han condicionado el levantamiento de esas medidas de fuerza a la derogación de los decretos legislativos. Ante estas condiciones y para evitar los problemas que podrían acarrear en el territorio nacional, es fundamental no afectar los espacios de negociación.
Lo que corresponde ahora es, pues, que el Ejecutivo oficialice su propuesta, pero también que las comunidades cumplan con restablecer el orden interno de inmediato. Derechos obligan responsabilidades más aun cuando hay voluntad política para resolver las demandas de los pueblos amazónicos.
Lo que no puede tolerarse son las camisas de fuerza ni las posturas intransigentes que responderían a demandas que no representan los intereses de los comuneros. Recordemos que el compromiso del Gobierno de tramitar ante el Congreso de la República la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 lo obligará a presentar una fórmula jurídica alternativa y urgente, sobre todo para cumplir las exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos. En este sentido, no estamos ante una derrota ni ante un triunfo, sino ante un acuerdo que aún no convence.
El Ejecutivo evidentemente trata de restablecer un clima de distensión y enfrentar una grave crisis de gobernabilidad que, así como pudo agravarse más, también pudo evitarse, sin las bárbaras muertes de policías y nativos acaecidas en Bagua hace una semana, y sin menos costos para el propio Gobierno, el desprestigiado Congreso y todo el sistema político.
Y es que en este conflicto hay varios responsables, incluyendo a ciertos grupos que azuzaron a la población para llevar agua para su molino, en medio del caos desatado en la selva peruana.
En este sentido, la derogación es idónea y deberá interpretarse como la política adoptada por parte de un gobierno que está corrigiendo decisiones anteriores y apostando por el diálogo y la tolerancia para enfrentar un conflicto en el que no solo está en juego la propiedad de la tierra, sino también una realidad pluricultural más compleja y una enorme desconfianza respecto del Estado que se sigue anidando en las comunidades amazónicas.
En esta coyuntura, sin embargo, hay otra pregunta que debemos formular y es la siguiente: ¿Valió la pena que 34 peruanos perdieran la vida y que el país se sumergiese en una crisis que traspasó las fronteras para arribar a los acuerdos conseguidos ayer por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos? A pesar de este giro en el proceso de negociaciones, no es mucho lo que se ha conseguido. Por ejemplo, los comuneros amazónicos mantienen el bloqueo de las carreteras en varios puntos del país e incluso han condicionado el levantamiento de esas medidas de fuerza a la derogación de los decretos legislativos. Ante estas condiciones y para evitar los problemas que podrían acarrear en el territorio nacional, es fundamental no afectar los espacios de negociación.
Lo que corresponde ahora es, pues, que el Ejecutivo oficialice su propuesta, pero también que las comunidades cumplan con restablecer el orden interno de inmediato. Derechos obligan responsabilidades más aun cuando hay voluntad política para resolver las demandas de los pueblos amazónicos.
Lo que no puede tolerarse son las camisas de fuerza ni las posturas intransigentes que responderían a demandas que no representan los intereses de los comuneros. Recordemos que el compromiso del Gobierno de tramitar ante el Congreso de la República la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 lo obligará a presentar una fórmula jurídica alternativa y urgente, sobre todo para cumplir las exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos. En este sentido, no estamos ante una derrota ni ante un triunfo, sino ante un acuerdo que aún no convence.
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